El ex director del aeropuerto de Bilbao justifica sus contratos 'a dedo' por la 'presión política'

El ex director del aeropuerto de Bilbao Segismundo López-Santacruz, acusado por la fiscalía de estafa y malversación durante su gestión entre 1997 y 2001, ha asegurado al juez que instruye el caso que la elevada contratación directa de obras se debió a la 'presión política' para que el nuevo aeródromo entrase en funcionamiento cuanto antes. En su única declaración judicial, justifica la adjudicación a dedo a dos constructoras del mismo dueño por 8,4 millones de euros debido a la premura en la ejecución, 'criterios de seguridad' y la 'singularidad de los trabajos'.

López-Santacruz, director del aeropuerto vizcaíno entre el 21 de enero de 1997 y el 28 de febrero de 2001, está imputado por graves anomalías durante su gestión como adjudicaciones de obras a dedo, liquidaciones de obra no realizada o el pago a su madre del alquiler de la vivienda en la que residía y que era sufragada por Aena (el ente público que gestiona los aeropuertos).

El ex director ya fue condenado en febrero por un juzgado de lo social al aceptar el tribunal el despido ordenado por Aena y considerar que cometió medio centenar de irregularidades. La Fiscalía le ha acusado de los delitos de estafa, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y asegura en su escrito que realizó contrataciones de obras 'con claro ánimo de lucrarse'.

Las diligencias judiciales de este caso, iniciadas hace más de un año, han estado paradas varios meses por el cambio de juez. López-Santacruz realizó su única declaración judicial hasta ahora ante el anterior magistrado del juzgado de instrucción número 7 de Bilbao. En ella, justifica la elevada contratación directa durante su gestión, una de las irregularidades denunciadas, a una 'presión desde instancias políticas, locales y estatales' para que las obras de renovación del aeropuerto se acelerasen.

Comida con el ministro

López-Santacruz relató al juez la celebración de una comida en la primavera de 1999, en un restaurante cercano al aeropuerto, con el entonces ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado; el delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, y la senadora del PP Pilar Aresti. En ella, Arias Salgado le indicó la 'urgente necesidad de terminar el ciclo del aeropuerto de Bilbao en esta legislatura', en referencia a 2000. Añadió que el nuevo edificio terminal, diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava, se entregó en septiembre de 2000 y se abrió en 'la primera quincena de noviembre por criterios políticos, cuando las necesidades de las compañías necesitaban por lo menos tres meses más para ponerlo en marcha'.

El ex director también justificó la adjudicación de la mayoría de las obras a las empresas Otaduy y Larrañeta, propiedad del mismo constructor, que se encargaron de 31 trabajos, entre 1998 y 2000, por valor de 8,4 millones de euros, según la Fiscalía. Aportó cuatro razones: 'La singularidad de los trabajos' del aeropuerto, 'la rapidez exigida' para su ejecución, 'criterios de seguridad aeroportuaria' y el 'conocimiento y seguridad' de ambas empresas para realizar las obras 'en los plazos y términos acordados'.

López-Santacruz también declaró sobre el alquiler de la vivienda que habitaba en Getxo, pagada por Aena y puesta a nombre de su madre, quien recibía a cambio una renta mensual superior a 1.200 euros. Ésta aparecía con su apellido manipulado -Pereza en vez de Pérez- y el segundo apellido del ex director no aparecía en el contrato, lo que ya fue calificado por la Fiscalía como un intento de 'ocultar a Aena esa contratación prohibida y lucrarse con el importe del alquiler'.

Pese a declarar que su madre sólo tiene ingresos de su pensión de viudedad, dijo al juez que compró el piso mediante un crédito hipotecario y ante la pregunta de que Aena abonaba, con el alquiler, el préstamo hipotecario, dijo: 'Únicamente parte del mismo, más o menos con una diferencia de 15.000 pesetas [90 euros]' que su madre pagaba con la pensión de viduedad. En su declaración, sostuvo que Aena conocía que la vivienda era de su madre y que esta circunstancia 'estaba consentida' por la empresa.

La esposa del ex director, Laura Hernández, que figuraba como copropietaria de esta primera vivienda, aseguró al juez que pese a ello desconocía el precio de compra y que no cobraba nada de esa renta. Añadió que le exigieron 'que debía figurar como copropietaria'.