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Reportaje:

Portugal se ahoga en el déficit

El Gobierno, atenazado entre la contestación social a un plan de ajuste y la amenaza de sanciones de Bruselas

Si quiere salvar la cara y evitar las multas de Bruselas, el Gobierno portugués deberá aplicar medidas de austeridad que no serán del agrado de nadie. Y va a tener que hacerlo en un clima de débil crecimiento y fuerte agitación social. Portugal se enfrenta a uno de los momentos más difíciles desde su incorporación a la Unión Europea.

La economía portuguesa creció un 1,4% durante el primer trimestre del año gracias, sobre todo, al aumento de las exportaciones

Manuela Ferreira Leite, ministra de Finanzas del Gobierno de Lisboa, no dudó en utilizar el adjetivo 'violento' para describir el esfuerzo de contención del gasto público que deberá realizar Portugal para superar la grave crisis presupuestaria en la que se encuentra el país y lograr evitar las sanciones previstas para aquellos países que no cumplan el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la moneda única. 'Violento' es un término poco habitual en boca de un ministro, sobre todo cuando anuncia austeridad, pero describe bien la dimensión de las dificultades que aguardan a los portugueses.

Portugal fue el primer país de la zona euro en incumplir el límite del 3% impuesto por el PEC al déficit presupuestario, lo que llevó a la Comisión Europea a poner en marcha, también por primera vez, el correspondiente 'procedimiento de déficit excesivo'. Ahora, sólo le resta un camino, que el Gobierno portugués afirma estar decidido a seguir: garantizar que el déficit público para 2002 no supere el 2,8% prometido por Ferreira Leite en Bruselas. Sólo así Portugal logrará evitar la aplicación de las sanciones previstas en el PEC para los infractores, que van desde multas que pueden ascender al 0,5% del PIB hasta la suspensión de las transferencias financieras de los Fondos de Cohesión.

Doble mensaje

Tras la confirmación oficial, realizada la semana pasada por la ministra de Finanzas, de que el déficit de 2002 alcanzó el 4,1% del PIB, el gobierno trata de transmitir al país un doble mensaje: sigue insistiendo en la extrema gravedad de la situación y en la 'dureza' de las medidas necesarias para corregirla y, al mismo tiempo, intenta convencer a los portugueses de que será posible evitar las sanciones de Bruselas si todos -partidos de la oposición, administraciones locales, sindicatos y patronos- se movilizan para aceptar un inevitable periodo de 'dura y dolorosa disciplina financiera'.

Sin embargo, hasta ahora, ni el Partido Socialista (que gobernó el país los seis últimos años) ni los sindicatos parecen dispuestos a responder de forma positiva al llamamiento del Gobierno. El Partido Socialista sigue mostrando grandes dificultades para asumir su culpa en la crisis financiera del Estado y prefiere refugiarse en algunas justificaciones circunstanciales, como la modificación de los métodos de cálculo del Eurostat, que hicieron que el déficit subiera del 3,5% al 4,1%. Hasta la fecha, todavía nadie ha oído de sus principales responsables un discurso claro sobre cuál es el mejor camino para restablecer la credibilidad del país en Europea y cumplir los requisitos del euro. Habrá que esperar al debate parlamentario sobre los presupuestos de 2003 para conocer hasta qué punto el Partido Socialista está dispuesto a aceptar la necesidad de un 'pacto de Estado' para sanear las cuentas públicas y cumplir los compromisos de Bruselas.

La reacción, sumamente negativa, de los sindicatos y de las administraciones locales a casi todas las medidas de austeridad ya anunciadas por el Gobierno tampoco auguran nada bueno, lo que hace prever un otoño marcado por una fuerte agitación social. Las dos principales centrales sindicales (una comunista y la otra socialista) ya han comenzado a hablar de la posibilidad de convocar una huelga general, que puede tener como pretexto inmediato las propuestas del Gobierno para liberalizar el mercado laboral.

Los sindicatos de la Administración pública ya reaccionaron de forma negativa ante las primeras medidas destinadas a reducir los gastos corrientes del Estado, que preveían una mayor movilidad de los trabajadores, el despido de un gran número de trabajadores con contratos eventuales, el cierre o la reducción de institutos y organismos públicos y el recorte generalizado de los privilegios con que cuentan sus directivos. Reaccionaron mucho peor cuando tuvieron que hacer frente a la congelación de sus salarios, que en la actualidad suponen el 70% de los gastos corrientes del Estado.

El mero anuncio de que las autopistas construidas en los últimos años, hasta ahora gratuitas, pasarán a ser de peaje ha provocado un movimiento de revuelta de las administraciones locales más directamente afectadas.

Los médicos y enfermeros se oponen a la decisión del Gobierno de convertir algunas unidades hospitalarias en empresas con capital público, para tratar así de controlar mejor el creciente gasto del servicio nacional de salud y racionalizar sus costes.

Para contener el déficit este año, el Gobierno tiene como única alternativa reducir los gastos, ya que incluso en relación con el aumento de los ingresos, las perspectivas no son halagüeñas. La evasión de impuestos sigue alcanzando unas dimensiones astronómicas. Unos datos oficiales divulgados la semana pasada indican que están pendientes de juicio deudas fiscales que suman 12.700 millones de euros, es decir, casi dos veces y media el montante del déficit gubernamental en 2001. El fraude fiscal, un problema crónico de la economía portuguesa, parece incluso haberse agravado en los últimos cinco años, con un crecimiento superior al 40%, lo que alimenta el sentimiento de que son los trabajadores asalariados los que pagan siempre el grueso de la factura cuando las cosas van mal.

Aumenta el pesimismo

Con esta dosis diaria de malas noticias, las encuestas indican que el pesimismo se extiende de forma progresiva a la mayoría de los portugueses, al mismo tiempo que la popularidad del Gobierno cae de forma estrepitosa. En contraposición a este clima negativo, los últimos indicadores económicos no son tan malos como se preveía, y alejan por ahora las perspectivas de estancamiento.

La economía portuguesa creció un 1,4% durante el primer trimestre del año gracias, sobre todo, al aumento de las exportaciones, según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística. En el tercer y cuarto trimestre del pasado año se registraron tasas de crecimiento de sólo el 1% y las más recientes previsiones del Banco de Portugal señalaban un crecimiento de entre el 0,5% y el 1% para 2002. Sin embargo, ha caído la inversión, al igual que el consumo de las familias, inducido por las expectativas negativas sobre la economía y por el preocupante nivel de endeudamiento en el que se encontraban.

Los datos más recientes sobre el empleo revelan una ligera subida respecto al último trimestre del pasado año, con una tasa de paro que se mantiene un poco por encima del 4%.

Con este cuadro de acentuado descenso del consumo interno y de la inversión, la única esperanza es que Europa prosiga su recuperación durante el segundo semestre del año, permitiendo que las exportaciones sigan siendo el motor del crecimiento económico portugués.

Las reformas urgentes

Nadie duda de que 2002 y 2003 van a ser años sombríos para Portugal. El Gobierno no puede aplazar más algunas reformas estructurales eternamente postergadas, sin las cuales la economía portuguesa seguirá perdiendo competitividad y difícilmente conseguirá continuar su convergencia con Europa. Y deberá hacerlas en medio de un clima de débil crecimiento económico y de fuerte disciplina presupuestaria. Saber que la próxima ampliación de la Unión, prevista para 2004, podrá tener un impacto inmediato muy negativo sobre la economía del país vuelve todavía más urgente la necesidad de algunas de estas reformas, pero no hace que resulten más fáciles. La reforma del aparato del Estado -cuya ineficacia contribuye en gran medida a la escasa productividad nacional-, la liberalización del mercado laboral y una reforma profunda de la maquinaria fiscal que ponga fin a la escandalosa evasión de impuestos, son las prioridades. El problema radica en 'cómo' hacerlo. Si quiere llevar a cabo esta reforma, el Gobierno tendrá que hacer frente a una enorme resistencia por parte de los sectores con mayor arraigo. Sin embargo, puede contar con una importante ventaja sobre el Gobierno anterior: una mayoría parlamentaria que, hasta ahora, ha demostrado ser disciplinada y cohesionada. Portugal llegó a ser un 'alumno brillante' en la UE, cuando en 1998 obtuvo con relativa facilidad la calificación necesaria para formar parte de los países fundadores del euro. Ahora, corre un riesgo serio de ser considerado el peor alumno de la clase.

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