La alcaldesa de Chinchón pedirá ser indultada de su pena por prevaricación

Ana María Magallares, alcaldesa de Chinchón y condenada por el Tribunal Supremo a ocho años de inhabilitación para ejercer cargo público por prevaricación, se mantiene en el cargo, aunque ha delegado todas sus funciones en su número dos hasta el próximo 10 de septiembre, con el argumento de que estará 'ausente' de la alcaldía por vacaciones. La regidora recurrirá en amparo ante el Constitucional y solicitará el indulto el 1 de septiembre, según su abogado. El PSOE de Chinchón interpreta que todo esto no es más que una estratagema de Magallares para ganar tiempo y mantenerse en el cargo.

El lunes 30 de julio, tres días después de conocer la sentencia del Supremo que ratificaba otra anterior de la Audiencia Provincial que la condenaba a ocho años de inhabilitación por prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es), la alcaldesa de Chinchón se reunió con Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP madrileño, para estudiar la situación.

En esa reunión, el número dos del PP pidió a Magallares que presentara su dimisión. Pero ésta reconoció su intención de mantenerse en el cargo argumentando que piensa recurrir el fallo en amparo ante el Constitucional. La dirección de su partido se mostró partidaria de que Magallares abandone su cargo 'de forma digna', para no causar problemas al partido en Chinchón.

Tras la conversación con Romero de Tejada, Ana María Magallares firmó ese mismo día un decreto por el que delegaba 'en el primer teniente de alcalde, Francisco Grau Romano, la totalidad de las funciones que tiene atribuidas el alcalde-presidente legalmente, debido a la ausencia de esta alcaldía desde el día 30 de julio de 2002 hasta el 10 de septiembre de 2002'. Grau Romano está siendo investigado, junto a Magallares, por el juzgado de instrucción número 2 de Valdemoro por un presunto delito de coacciones y prevaricación.

En el mismo decreto, la alcaldesa establecía que la delegación de funciones en su número dos en la corporación 'producirá efectos desde el día siguiente de la fecha de la presente resolución, sin perjuicio de la preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid'. 'De la delegación se deberá dar cuenta al pleno [municipal] en la primera sesión que se celebre', añadía el decreto de Magallares, sin concretar la fecha de ese plenario.

Fuentes de la Ejecutiva del PP creen que es bastante por ahora con la delegación de funciones y consideran que eso supone prácticamente una dimisión. Romero de Tejada manifestó ayer: 'La delegación de funciones es un paso intermedio para sosegar las cosas en el municipio. En agosto hay fiestas en Chinchón y queremos hacer las cosas bien. En cuanto se produzca la ejecución de la sentencia, dimitirá'.

El artículo 7 de los estatutos del PP permite al partido expulsar a un militante cuando recaiga sobre éste sentencia judicial firme por delito doloso. 'No es el momento de hacer esto. Nosotros vamos a apostar por Chinchón y los apoyos que tiene Ana María Magallares son más personales que de apoyo al propio Partido Popular', sostiene Romero de Tejada.

Gema Sáez Ariza, concejala de Educación y uno de los seis ediles del PP que forman el gobierno municipal de Chinchón, considera que Magallares debería dimitir 'ya'. Sáez Ariza está dispuesta a mantenerse en las filas de PP, pase lo que pase con el caso de la alcaldesa: 'Llamé al secretario general y le dije que yo no iba a pasarme al grupo mixto. Mis intereses son los del partido'.

Magallares, que fue condenada por un delito de prevaricación por la Audiencia Provincial el 22 de febrero de 2000, recurrirá el 1 de septiembre en amparo ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la decisión de la Audiencia. Magallares tiene previsto, además, pedir el indulto al Gobierno, según su abogado, Luis Rodríguez Ramos. La admisión del recurso por el Tribunal Constitucional implica la suspensión de la ejecución de la sentencia.

'Hay una desproporcionalidad entre el hecho (no convocar una comisión de investigación de cuentas aprobada por el pleno municipal) y las consecuencias (ocho años de inhabilitación)', argumenta el letrado.

Una misa en la ermita

El PSOE de Chinchón acusa a la alcaldesa de haber presidido el pasado día 1 una misa en honor de San Roque, patrón del municipio, pese a haber delegado ya sus funciones de regidora en Grau Romano. En protesta, los tres concejales socialistas se negaron a sentarse en los bancos destinados a los miembros de la corporación en la ermita.

Los hechos objeto de la condena se remontan al anterior mandato de Magallares en el Ayuntamiento, entre 1997 y 1999, cuando sustituyó al anterior regidor, Jesús Hernández, también del PP, que dimitió por motivos personales. El PP tenía entonces mayoría absoluta con seis ediles (como ahora), el PSOE contaba con cuatro (ahora tiene tres) y el otro era del Partido de Acción Democrática Española (PADE, que ahora cuenta con dos ediles). Pero tres de los seis ediles populares se pasaron al Grupo Mixto y la oposición -mayoritaria en el pleno, aunque nunca presentó una moción de censura- aprobó el 20 de marzo de 1998 la constitución de una comisión de investigación para revisar, a iniciativa del PSOE, las cuentas municipales de los años 1996 y 1997.

La alcaldesa nunca constituyó esta comisión de investigación. Argumentó que había estado varios días de baja por una fractura en un dedo y que la dimisión de tres ediles había dejado al Consistorio en una situación de 'ingobernabilidad' que desaconsejaba abrir el proceso. Los socialistas llevaron a Magallares ante el juez por prevaricación.

La alcaldesa se enfrenta a otras dos querellas en los juzgados: una del PSOE por presunta malversación de caudales públicos, y otra de la promotora inmobiliaria Punor, SA, que acusa a Magallares y a Grau de supuesta prevaricación y coacciones.