El Ayuntamiento de Málaga hace caso omiso a la Junta y dice que mantendrá su política urbanística
PSOE e IU exigen la retirada de competencias delegadas para poner fin a la especulación
Lejos de tomar en serio la advertencia de la Junta de retirar competencias al Ayuntamiento de Málaga si no modifica su política urbanística, el equipo de Gobierno municipal, del PP, no sólo está decidido a ignorarla, sino que se ha lanzado al contraataque. El alcalde, Francisco de la Torre, arremetió ayer contra la Administración autonómica y consideró sus argumentos de 'mentira, manipulación y cinismo'. Mientras, las dos formaciones de la oposición, PSOE e IU, saludaron el anuncio de intervención de la Junta que estiman necesaria para frenar la 'feroz especulación'.
En el nuevo frente abierto con la Junta, el Ayuntamiento de Málaga parece dispuesto a rescatar viejas listas de agravio y a examinar la gestión del PSOE mientras tuvo la alcaldía, entre 1979 y 1995. De la Torre cuestionó la labor de la Junta en la provincia, que dijo es la provincia que menos inversiones recibe y la que más ingresos aporta a la hacienda autonómica.
Pero sobretodo, el alcalde se mostró indignado con las apreciaciones del delegado del Gobierno autonómico en Málaga, Luciano Alonso, sobre la política urbanística del PP en Málaga, que consideró entregada a los intereses privados en detrimento de los generales y que ha roto el consenso sobre el Plan General e Ordenación Urbana (PGOU). Tras repasar algunas de las actuaciones acometidas por el consistorio, De la Torre concluyó: 'Estamos muy orgullosos de hacer esta labor que muy pocas ciudades pueden mostrar y que en la historia de este ayuntamiento no se había mostrado jamás'.
El concejal de Urbanismo, Manuel Ramos, también anunció que no piensa cambiar 'en nada' la política urbanística municipal y retó a los delegados del Gobierno, Luciano Alonso, y de la Consejería de Obras Públicas, Enrique Salvo a rectificar 'con urgencia' o a dimitir de sus cargos. Ramos insistió en sus críticas de 'partidismo y sectarismo' contra la Junta y consideró la advertencia de retirada de competencias un 'acto electoral de Marisa Bustinduy' -la candidata socialista a la alcaldía-.
El edil del PP pidió a la Junta el mismo trato con Málaga que el que dijo dispensa a otras ciudades donde gobierna el PSOE como Mijas, donde se han aprobado 69 modificaciones de elemento al PGOU en tres años sin ninguna objeción de la Comisión de Urbanismo. Citó también los casos de Vélez Málaga, donde IU ha pedido la retirada de competencias al Ayuntamiento, y Antequera, que tiene agotado el plan general, y apostilló: 'Tienen mucho [los delegados de la Junta] valor por permitirse levantar la voz', apostilló.
Para la dirigente del PSOE en cambio, la Junta tiene la obligación de intervenir. 'Si hay alguien que incumple la norma, hay una autoridad responsable que tiene que intervenir, y lo que ha hecho es advertir', dijo.
'No tengo más remedio, muy a mi pesar, que apoyar el planteamiento de la Junta. No me parece un plato de buen gusto que se retiren las competencias delegadas y me da vergüenza como ciudadana de Málaga, pero si este equipo de gobierno sigue favoreciendo pelotazos y primando la especulación no hay otra alternativa', argumentó.
El portavoz de IU, Rafael Rodríguez, lamentó que el aviso de la Junta llega tarde y retó a ésta a no quedarse en una mera advertencia. IU pretende promover una plataforma ciudadana contra la política urbanística del consistorio que llamará 'Málaga no está en venta'.
Alejada de la refriega política, la directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Josefina Cruz, aseguró que la advertencia de retirar competencias persigue 'un cambio de rumbo' en la gestión urbanística de la ciudad, y que si éste no se produce se abrirá el correspondiente expediente. Cruz recordó que tres de las recalificaciones de terrenos que hoy aprobará el pleno municipal cuentan con pronunciamientos en contra de la Comisión Provincial de Urbanismo, a los que el Ayuntamiento debe dar cumplimiento pese a no ser vinculantes.
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