Fin de fiesta

El 78% de los jóvenes madrileños entre 14 y 18 años, según una encuesta de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, bebe alcohol habitualmente. De ellos, la mitad lo hace en la calle. Los vecinos de las zonas más céntricas de la ciudad fueron los primeros en confirmar estos datos hace ya algunos años, cuando intentaban conciliar el sueño con las ventanas abiertas. Descubrieron que dormir se hacía una labor casi imposible los fines de semana: voces, gritos, música alta, toneladas de papeles y botellas abandonados en la vía pública e, incluso, peleas, se habían convertido en acompañantes inseparables de su descanso nocturno.

El Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón, del PP, ha intentado poner remedio a esta situación con la citada ley y apagar así las voces de queja del vecindario. Por ello, el pasado 20 de junio, sólo con los votos de su partido, aprobó en el Parlamento regional la denominada Ley de Drogodependencias y otros Transtornos Aditivos, que en Madrid ya es conocida como Ley Antibotellón o Ley Seca. Normas semejantes ya existen en Cantabria, Castilla y León y Cataluña.

La norma castiga con trabajos comunitarios a quien ingiera alcohol en la vía pública

La pasada medianoche entró en vigor en la Comunidad de Madrid y, al cierre de esta edición, no se había producido ninguna incidente con los jóvenes que lo practican.

Bien es verdad que desde el pasado junio, la Policía Municipal de Madrid ya había allanado el camino a la nueva normativa. Los agentes del Ayuntamiento han estado semanas prohibiendo el paso con alcohol a las plazas más céntricas de la ciudad y nunca se ha producido un oposición violenta a estas medidas. Muchos jóvenes, ante la posibilidad de ser multados o castigados a realizar trabajos en favor de la comunidad, han decidido retirarse de esta práctica. De hecho, según los datos del Servicio de Emergencias Sanitarias del Ayuntamiento (Samur), los comas etílicos se han reducido desde que el Parlamento regional aprobara la medida. El Samur ha atendido en lo que va de año a sólo 4.200 personas con intoxicaciones etílicas graves, lo que supone un 20% menos de asistencias que en el mismo periodo de 2001.

Pero las dudas sobre si la ley será efectiva aún persisten. Una reciente encuesta realizada por la Consejería de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Madrid reveló que el 61,8% de los madrileños duda de que la Ley Antibotellón obtenga los resultados esperados.

Los principios de la ley que hoy entra en vigor, en lo que se refiere al consumo de alcohol en la vía pública, son muy sencillos. No se puede comprar alcohol ni en gasolineras ni áreas de servicio ni en máquinas expendedoras automáticas. En los autoservicios, la venta se llevará a cabo en lugares concretos, reservados y presididos por un cartel que rece expresamente la prohibición de vender este tipo de bebidas a menores de 18 años. No se podrá vender alcohol en horario nocturno, exceptuando bares o locales de bebidas donde se pueda ingerir el producto. Y, por supuesto, no se podrán tomar bebidas espirutuosas en plena calle, a no ser que se trate de una terraza o establecimiento autorizado.

Contravenir la norma podrá acarrear multas de hasta 600.000 euros para los establecimientos que vendan alcohol y de 3.000 euros para los que lo beban en la calle. Cuando se trate de un menor, la multa podrá ser sustituida por trabajos para la comunidad (barrer la calle, colocar papeleras o baldear la vía pública...). Ahora bien, si se niegan a llevar a cabo estas labores, sus padres correrán con el importe de la sanción.

En líneas generales, los vecinos de las áreas de la capital más afectadas por estas prácticas se muestran 'satisfechos' con la entrada en vigor de la ley, pero están cautelosos. Algunos residentes en la plaza del Dos de Mayo -en el centro de la ciudad y una de las más afectadas desde hace años por esta práctica callejera- denunciaron ayer que los chavales ya no beben en mitad de la vía pública, sino que lo hacen 'en el interior de los portales'.

Por su parte, la oposición califica de 'exagerada, contraproducente, efectista y díficil de aplicar' la nueva normativa. Hasta el propio defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades, reconoció 'lo difícil' que será implantar esta ley por 'controvertida'.

Pero la Comunidad de Madrid no parece dispuesta a dar marcha atrás. El consejero de Sanidad madrileño, José Ignacio Echániz, y padre de esta nueva norma, describía así lo que se vive en los hospitales de la región desde hace años: 'Es lamentable ver a los chavales, con grados de etilismo impresionantes, entrar en fila en las urgencias de los hospitales los viernes y los sábados. Llegan a las diez o doce de la noche a los centros sanitarios, se les pone la vitamina B12 y, cinco horas después, vuelven a casa con la borrachera pasada, habiendo estado a punto de morir. Sus padres no se enteran de nada'.