Tarifas movedizas

Si hubiera que medir la calidad y eficacia de la política económica por la estabilidad de sus instrumentos, la de los gobiernos de Aznar merecería calificaciones muy bajas. Apenas transcurre un ejercicio económico sin que se modifiquen por decreto normas económicas consideradas trascendentales por el decreto anterior firmado a veces por el mismo ministro que las modifica. Hay ejemplos innumerables, desde la vivienda y el suelo hasta la inversión en tecnología, los impuestos, el transporte o el mercado laboral. Parafraseando a Manuel Fraga, que inventó aquella bonita frase 'El Gobierno (del PSOE) sólo acierta cuando rectifica', cabría decir que los gobiernos del PP aumentan la gravedad de sus errores cuanto más rectifican.

Para aplicar con seriedad la política IPC-X hay que definir primero las ganancias de productividad de las empresas

La política de tarifas podría ser un buen ejemplo de la epiléptica legalidad de los seis años largos de gobierno popular. Entre cambios, modificaciones y maquillajes, el mercado eléctrico español sale a cambio de regulación tarifaria más o menos cada dos años. Piqué, desde la atalaya del protocolo eléctrico, prometió un fórmula de IPC-X durante varios años; Rato modificó la cuantía de la X y aseguró que entre 2000 y 2002 las tarifas bajarían diez puntos; después modificó el sistema de percepción de los CTC (Costes de Transición a la Competencia) para conseguir de la Comisión Europea la bendición de tales subvenciones encubiertas; y ahora llega el nuevo secretario de Estado, José Folgado, con un nuevo sistema de cálculo de las tarifas, que se parece sospechosamente al Marco Legal Estable (MLE) de los gobiernos socialistas y que incluye una especia de garantía de que las tarifas nunca superarán la inflación y se comportarán aproximadamente según la regla anual de IPC-1.

Tan elevada mortalidad de los escenarios tarifarios apenas oculta el hecho descarnado de que la Administración se comporta como el recadero de las compañías, siempre dispuesta a remover todo aquello que las empresas consideran un obstáculo. Como Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa y los técnicos de Unesa (la asociación empresarial de las eléctricas) llevan meses lamentando los estragos que produjo, produce y producirá en la inversión la política de tarifas de IPC-X, el secretario de Estado acude con un nuevo marco de precios -cuyos detalles permanecen todavía en tinieblas- que aliviará la preocupante merma de ingresos denunciada por las eléctricas.

Siempre hay una primera observación, y en este caso es que la rebaja prometida de precios para el consumidor de 10 puntos nominales en tres años se ha quedado como mucho en seis, y gracias. A la chita callando, las compañías han conseguido que este año las tarifas queden congeladas, en lugar de reducirse en dos o tres puntos, como estaba previsto. En el debe del equipo económico del gobierno hay que registrar, pues, un incumplimiento evidente de la promesa dada a los consumidores.

A pesar del interesado entusiasmo de José Folgado sobre el nuevo esquema de tarifas, una subida anual del IPC-1 o aproximadamente -1 no es equivalente a una defensa de los derechos de los consumidores. Las empresas con un volumen cuantioso de inmovilizado -como las eléctricas- registran todos los años importantes ganancias de productividad sólo por el hecho de concluir amortizaciones o ajustar gastos financieros. La cuestión está en saber cuáles son esas ganancias anuales y atribuir una parte de ellas -en forma de tarifas más bajas- a los consumidores. Los países que aplicaron con seriedad la política de IPC-X, como Gran Bretaña, definieron primero las ganancias de productividad de las empresas y, en función de esas ganancias, determinaron la X. En algún caso se aplicaron rebajas de hasta ocho puntos (IPC-8). No hay constancia de que el secretario de Estado se haya preocupado por tales sutilezas y, si lo ha hecho, los que pagan el recibo de la luz no se han enterado.

Es muy probable que en las tarifas telefónicas, otro de los pilares de la política liberalizadora del Gobierno, se dé un escenario tan movedizo como en las eléctricas. La presión de Telefónica para mejorar sus ingresos tendrá como consecuencia problema la de que Economía flexibilice los precios de las llamadas, elimine la obligación de fijar precios según el modelo de IPC-X y permita una política generosa de descuentos.

Obsérvese, en fin, cómo el Gobierno, en comandita con las empresas eléctricas o telefónicas, fija alegremente los precios mientras insiste en que el mercado eléctrico y el telefónico están liberalizados.