Las retribuciones de jueces y fiscales subirán del 14% al 20% en tres tramos antes de 2004

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de Ley Reguladora del Régimen Retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal, que prevé el aumento del sueldo de jueces y fiscales entre el 14% y el 20% en tres etapas, la última, el 1 de enero de 2004. El texto prelegislativo, que deberán informar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal, cuenta con un elevado consenso, si bien la asociación judicial moderada Francisco de Vitoria critica la reducción del sueldo para el juez que no cumpla el módulo mínimo de trabajo establecido.

El Gobierno, en el marco del Pacto de Estado por la Justicia,acordó la futura Ley de Retribuciones con las dos primeras asociaciones de jueces -la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la progresista Jueces para la Democracia (JpD)- y las dos de fiscales: la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

El anteproyecto de ley resalta que cumple, con 17 años de retraso, el compromiso adquirido en 1985 por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su artículo 403 estableció: 'El régimen de retribuciones de los jueces y magistrados se regulará por ley'. Además de incluir a los fiscales, una disposición final prevé la mejora retributiva de los secretarios judiciales, acorde con sus nuevas responsabilidades, según el Pacto.

El aumento retributivo se producirá en tres tramos: el primero con efectos del 1 de octubre de 2002 (que afectará a un 20% de jueces y fiscales); el segundo el 1 de enero de 2003 (para el 70% de ambas carreras), y el tercer el 1 de enero de 2004 (para el 10% restante).

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, propuesto por el PP, además de los 17 años de incumplimiento del compromiso contraido en la etapa de mayoría socialista, destacó de la futura ley el 'reconocimiento expreso a la dignidad de la función jurisdiccional' y la constitución de los jueces como 'elemento activo de modernización y agilización de la justicia'.

'La mejor ley posible'

Por su parte, Javier Martínez Lázaro, vocal propuesto por el PSOE y uno de los jueces que ha trabajado junto a su compañero Ricardo Bodas por el aumento retributivo, aseguró que se trata de 'la mejor ley que se podía conseguir' y consideró lógico que 'el Gobierno acepte aumentar los sueldos a cambio de que se cumplan unos objetivos'. Entre otras novedades de la ley, Martínez Lázaro destacó la creación de una comisión que cada cinco años renegocie las retribuciones judiciales, cometido que estimó muy importante habida cuenta de la prohibición constitucional de sindicación de los jueces y de negociación colectiva. En todo caso, este vocal señaló que el informe del Poder Judicial deberá mejorar técnicamente el anteproyecto, por ejemplo en materia de transparencia, para que los ciudadanos puedan conocer estadísticamente mes a mes la situación de trabajo de cada juez.

José Manuel Suárez Robledano, portavoz de la APM, coincidió con López en que la ley cumplirá 'un deseo de la judicatura conseguido después de muchos años' y en que 'dignificará la carrera judicial', para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los titulares de un poder del Estado.

El nuevo secretariado de Juede para la Democracia se felicitó por el cumplimiento de la 'vieja previsión legal' y porque la futura ley 'contribuirá a una mayor transparencia y racionalidad del trabajo judicial, disminuirá las actuales diferencias en la remuneración de los jueces y estimulará la pronta resolución de los procedimientos'.

La 'multa de haberes'

En cambio, Cristina Cadenas, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, aunque se mostró de acuerdo con las subidas retributivas pactadas, recordó que su asociación abandonó las negociaciones con el Ministerio de Justicia cuando éste introdujo la reducción del 5% de sueldo al juez que no alcanzara el módulo mínimo de trabajo. Calificó esta penalización de 'multa de haberes', prohibida en el Estatuto de los Trabajadores.

Martínez Lázaro contestó a esa objeción que 'es lógica una reducción salarial por disminución voluntaria del trabajo, que en una empresa privada podría originar incluso el despido'.