Guipúzcoa analizará en otoño si implanta un peaje en la N-1 y en la autovía de Navarra

La Diputación de Guipúzcoa encargará el próximo otoño una serie de estudios técnicos para determinar las posibilidades que existen de implantar un peaje en la N-I a su paso por la provincia y en la A-15, la autovía de conexión con Navarra. Ambas carreteras constituyen, junto a la A-8 y la A-1, que próximamente unirá Eibar con Vitoria, los cuatro grandes ejes de conexión guipuzcoanos. Las dos primeras funcionan actualmente exentas de todo pago. Mientras, la ponencia de carreteras de las Juntas Generales guipuzcoanas acordó el pasado miércoles el coste del peaje que se implantará a partir de la reversión a la Diputación de la autopista A-8 el próximo mes de junio, y la que se aplicará en la A-1 en cuanto se ponga en marcha su primer tramo entre las localidades de Eibar y Bergara.

La reflexión abierta en el seno de la citada ponencia sobre los costos que suponen la construcción y el mantenimiento de estas carreteras ha vuelto a poner sobre la mesa, según las fuentes consultadas, las posibilidades, conveniencia y oportunidad política de adoptar un tratamiento equitativo y uniforme para las cuatro vías de alta capacidad de Guipúzcoa. Ello supondría o bien decidir la gratuidad total del uso de estos grandes ejes -posibilidad que el PNV y Eusko Alkartasuna han descartado siempre, alegando sus ingentes costos y el riesgo de saturación de estas vías si fuesen gratuitas- o bien crear un nuevo canon de uso para las que hoy en día no lo tienen.

El texto del acuerdo aprobado por la ponencia de carreteras de las Juntas el miércoles pasado deja pistas sobre esta intención que las fuerzas políticas que gobiernan la Diputación foral albergan para un futuro. De entrada, aseguran que se trata de abrir un proceso de reflexión sobre una política total para el territorio y ello requiere de la realización de estudios sobre los tráficos internos de la provincia, los tráficos de largo recorrido y los riesgos de saturación que amenazan a las vías guipuzcoanas.

El texto del acuerdo, aprobado en Juntas con los votos de PNV, Eusko Alkartasuna y los socialistas, precisa que, siendo las carreteras de Guipúzcoa una competencia exclusiva de la Diputación, su construcción, mejora y ampliación suponen para ésta una inversión muy elevada. El texto añade a continuación que 'su financiación se ha realizado con los criterios y las directrices de la Comisión Europea en materia de financiación de infraestructuras'.

Al llegar a este punto, el texto del acuerdo destaca la 'necesidad de seguir estudiando' dichas directrices y 'de aplicar las consecuencias que de ello y de las nuevas directrices se deriven para la financiación de las carreteras de alta capacidad del territorio'.

Las fuentes consultadas han asegurado que las recomendaciones de la Comisión Europea se basan en la implantación de canones de uso destinados a sufragar los costes de mantenimiento de las vías. En esa línea se orienta la redacción del citado acuerdo, voluntariamente ambigua dada la impopularidad y transcedencia de la medida, en el que queda abierta la posible implantación de peajes en un futuro no muy lejano.

Agravios

Además del financiero, otro argumento esgrimido por los partidos para impulsar la reflexión sobre la conveniencia de gravar el uso a las dos vías guipuzcoanas del interior, la N-I y la A-15, es el de la 'equidad y solidaridad' entre todos los ciudadanos del territorio. La reciente aprobación de los peajes para la A-8 y la A-1 descarta la gratuidad de los grandes ejes y deja como única salida, si se pretende ese tratamiento igualitario y 'equitativo' la de un canon o peaje común para todas.

Una queja extendida en Guipúzcoa estos años ha sido el agravio existente por el coste que supone usar la autopista A-8 para quienes se mueven en las poblaciones de la costa en comparación con los residentes en el interior. El desdoblamiento de la N-I -que finalizará este verano en el puerto de Etxegarate- y la construcción de la autovía de Navarra han exigido a la Diputación un ingente esfuerzo financiero sin que ese coste se haya repercutido sobre los usuarios directos de estas carreteras. Junto a este agravio latente, PNV y EA esgrimen el argumento de los riesgos de colapso y saturación de las carreteras que quedan libres de peaje.

La impopularidad de una medida como aprobar un nuevo peaje hace ser muy prudentes a los dos partidos que, por ahora, piensan cargarse de estudios técnicos con los que replicar a las previsibles protestas ciudadanas. Las fuentes informantes aseguran que la implantación de estos peajes dependerá de 'los consensos políticos: si hay voluntad política, llegaremos a acuerdos'.