La Administración extravía 35 peticiones de realojo de La Punta

Vecinos y Administración se sentarán mañana en busca de un acuerdo sobre las actuaciones en La Punta. La voluntad de encontrar puntos en común para limar diferencias choca con los hechos. Los vecinos reprochan que la Administración reconozca ahora que no sabe dónde están las últimas 35 solicitudes de realojo presentadas en febrero. La Administración critica la actuación de boicot sobre las máquinas que ejercen algunos vecinos.

La reunión de más de tres horas que el pasado viernes celebraron representantes de la Administración y de los vecinos afectados por los derribos que se contemplan por las obras de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y por el acceso ferroviario dio como resultado un nuevo sobresalto en el conflicto: la Administración reconoció, según un asesor presente en el encuentro, que las últimas 35 solicitudes de realojo presentadas el 28 de febrero en la COPUT (entidad expropiante) se han extraviado. Estas solicitudes se sumaban a otras 52 que ya habían sido registradas anteriormente.

De las 1.200 parcelas afectadas por el conjunto de actuaciones que recogen los dos proyectos (ZAL y acceso ferroviario), el 35% corresponde a propietarios con los que no se ha podido contactar todavía hoy (casi cuatro años después de que se diseñara la ampliación del puerto y dos años después de que se decretara como urgente la expropiación).

De los afectados que viven en La Punta, 150 son agricultores que no son propietarios pero trabajan la tierra como actividad principal en condición de arrendatarios desde hace varias generaciones. La propuesta de la Administración para realojar a los afectados se resume en un plan de construcción de viviendas.

Una primera fase se iniciaría en octubre para quedar lista a principios de 2004 y que se concretará en 76 viviendas. En una segunda se harán 75 viviendas. Sin embargo, el estudio técnico no está elaborado ni se ha solicitado la licencia de obras. La ley permite hacer de forma paralela ambos trámites con la única condición de que se ejecute al tiempo la urbanización de la zona. En cambio, el plan de la ZAL, cuya tramitación tampoco está aún cerrada, sí tiene, como prevé el propio plan, la licencia de obras oportuna.

A un lado del conflicto se encuentran los vecinos, con diferencias en la exposición de su desacuerdo. Sólo cuatro familias aceptaron la primera oferta de la Administración, que puso sobre la mesa reubicaciones en viviendas de protección hasta que estuvieran listas las de realojo definitivo. Estas cuatro familias han sido desplazadas a Silla, Algemesí, Paiporta y El Puig, tal como recoge la documentación oficial de Valencia Plataforma Intermodal (VPI) Logística, empresa del puerto de Valencia que promueve la obra.

El resto de vecinos ha presentado la solicitud correspondiente pero se niega a que tiren su casa hasta que no estén al menos iniciadas las obras de las viviendas de realojo. Además, rechazan otra ubicación prevista por la Administración pero que ellos desconocían hasta el viernes, y que se concreta en pisos de 80 metros cuadrados que hará el IVVSA -empresa pública autonómica que llegó a un acuerdo con la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo (Sepes), y que se reserva actuaciones sobre las parcelas que no sean utilizadas finalmente en la ZAL-.

Los vecinos, que han presentado solicitudes de realojo tal como era preceptivo, tampoco aceptan la subvención mensual de unos 180 euros (30.000 pesetas) para sufragar los gastos de una vivienda provisional hasta que las de realojo estén construidas.

La oposición a la expropiación se ha realizado de varias formas. Una de ellas la protagoniza un reducido número de vecinos, a los que se suman activistas en favor de la conservación de la huerta valenciana, que durante este mes de julio (plazo previsto para el inicio de los derribos) han tratado de paralizar la actividad de las máquinas, con el consiguiente despliegue policial y casi una decena de detenciones por resistirse a la justicia o a las fuerzas de seguridad.

Ahora, sobre la mesa, la Administración tiene una propuesta vecinal de principio de acuerdo que pasa por estudiar un plan de realojo ordenado; que no deje sin viviendas a los afectados y que permita cambiar de forma progresiva de la que es su vivienda habitual a la de realojo sin los casi dos años de demora que plantea la Administración; y la designación de un único interlocutor para abordar las consecuencias de los dos planes que se ejecutan en la zona, dado que los afectados son, en algunos casos, los mismos.

Las negociaciones con los vecinos de La Punta han ido acumulando escollos. Uno de ellos fue el de un grupo de vecinos que se negaba a formalizar los requisitos de la expropiación y realojo por el rechazo al propio plan de ampliación del puerto. Sin embargo, ese 'núcleo duro' ya se ha sentado en la mesa de negociación. Su propuesta ahora pasa por conseguir que la Administración haga un plan de realojo 'participado' que responda a las necesidades que se desprenden de las peculiaridades de la sociedad de La Punta. Entienden que apelar a la 'modernidad' y el 'progreso' como hace la Administración, es 'un recurso lingüístico que no dice nada', según el abogado de los vecinos Antonio Montiel. Para Montiel, 'no se trata de despreciar la modernidad sino considerar los valores diferenciales que tiene y aglutina la ciudad y la sociedad de Valencia, no hacer desaparecer la tradición, sino protegerla y velar por una convivencia que garantice prácticas de vida que en muchos casos se remontan al siglo XII'. Montiel sostiene que 'nada tiene de moderno dejar que una zona se degrade por abandono premeditado hasta que pierda sus señas de identidad'.