Gobernación descarta una ley autonómica contra el transfuguismo

La Consejería de Gobernación ha renunciado a elaborar una ley autonómica para combatir el transfuguismo en los ayuntamientos andaluces, después de que el Consejo Consultivo de Andalucía haya ceñido la capacidad normativa de la comunidad autónoma en la creación de la figura del concejal no inscrito para aquellos miembros de las corporaciones locales que dejen de pertenecer a su grupo municipal de origen. En un dictamen del 11 de abril, el órgano asesor del Gobierno andaluz vuelve a aconsejar la reforma de leyes generales, en el ámbito del Congreso, para poner coto a dicha situación.

El departamento que dirige el socialista Alfonso Perales no va a plantear una ley de Régimen Local de la comunidad autónoma, como le sugiere el Consejo Consultivo, para regular cuestiones que el consejero considera 'marginales' para luchar contra el transfuguismo.

Gobernación ya planteó a principios de año una batería de medidas legales contra los tránsfugas que pasó a revisión del órgano asesor. El Consejo, en un dictamen emitido el 19 de febrero, consideró 'legítimas' y ajustadas a la Constitución la mayoría de las propuestas, entre las que figuraban la de limitar temporalmente las mociones de censura, impidiendo su presentación en el primer y cuarto año de mandato; y establecer como requisito que el concejal firmante de la moción haya cesado en la comisión de gobierno del ayuntamiento con una antelación mínima de seis meses.

Los juristas dieron el visto bueno a estas medidas y remitió a la modificación de las leyes de Régimen Electoral General (Loreg) y la Reguladora de las Bases de Régimen Local, cuyo ámbito de aprobación es el Congreso de los Diputados.

En el mismo dictamen, el Consejo estimó 'contraria a la Constitución' una de las sugerencias de la consejería como es la de prohibir que los chaqueteros sean alcaldes o pertenezcan a la comisión de gobierno. 'El derecho de ostentar [estos cargos] es difícilmente disociable de su condición de concejal, por integrar elementos de dirección política de los que no puede ser privado...'.

La intención de la Consejería de Gobernación es que el Parlamento de Andalucía remita en el próximo periodo de sesiones una proposición de ley a la Mesa del Congreso para modificar las dos normas generales citadas.

A tenor de lo dicho por el Consejo, Gobernación pidió una ampliación del dictamen para que precisara qué disposiciones de las propuestas podían ser adoptadas por la propia comunidad. Con fecha del 11 de abril, los juristas contestan que 'la mayoría de las medidas previstas quedan fuera del alcance de las competencias' de Andalucía, aunque, tras repasar la jurisprudencia constitucional, afirma que 'podrían entenderse comprendidas' en las competencias del artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía las que aluden a la creación de la figura del concejal no inscrito, así como la que le impediría el desempeño de cargos electivos en empresas públicas y organismos autónomos.

Perales asegura que 'al ser el margen de maniobra muy reducido' el Ejecutivo andaluz descarta presentar una ley autonómica que no cortaría de raíz el problema del transfuguismo. 'Al menos, no en esta legislatura', precisó.

Todas las gestiones de Gobernación comenzaron a raíz de convocarse en noviembre de 2001 una mesa andaluza antitransfuguismo, integrada por los cuatro partidos con representación parlamentaria (PSOE, PP, IU y Partido Andalucista), que presenta no sólo nulos resultados, sino que está a punto de morir: el PP anunció el viernes que la abandona e IU se plantea una decisión similar.

Hasta en tres ocasiones se ha intentado firmar un documento con el compromiso de las partes de evaluar con carácter previo todas las mociones de censura con el concurso de tránsfugas. E, incluso, los portavoces de los cuatro grupos dijeron que considerarían vinculante la decisión de la mesa. Nada de lo que afirmaron públicamente lo han cumplido. Tampoco ha salido adelante la propuesta del presidente de la Junta, Manuel Chaves, de nombrar un grupo de notables -'independientes, de gran prestigio y que tengan gran autoridad moral y ética', dijo el 6 de febrero- para que vise cada caso.

Por otro lado, Perales, en declaraciones a Europa Press, achacó la marcha del PP de la mesa antitransfuguismo a 'un intento del Partido Popular de ocultar sus crisis internas'.