Las residencias privadas concentran el 86% de las plazas geriátricas catalanas

Conseguir plaza en una residencia geriátrica pública se ha convertido en una epopeya. Cataluña, la comunidad de España con más ancianos, tiene 43.938 plazas pero sólo 6.261 de ellas, el 14%, se encuentran en centros públicos. Otras 10.000 son privadas concertadas y 27.000 más no disponen de ningún tipo de ayuda pública. En total, el 86%. Después de Andalucía, Cataluña es la comunidad con menos plazas públicas por habitante: una por cada 171 ancianos.

En 1999, poco antes de las elecciones autonómicas, el Gobierno catalán prometió crear 7.000 nuevas plazas públicas para acabar con la escasez de residencias geriátricas y aliviar las listas de espera para acceder a uno de estos equipamientos. El plazo para crear las plazas expira en 2003 y los responsables del Departamento de Bienestar Social aseguran que acabarán la legislatura con los deberes hechos. Sin embargo, sólo 1.348 plazas de las 7.000 prometidas se crearán en centros de titularidad pública. El resto, según han confirmado fuentes del departamento, se alquilarán a centros privados ya existentes mediante la fórmula del concierto. 'Para el usuario es lo mismo ir a una plaza pública que ocupar una plaza privada concertada; recibe las mismas ayudas económicas', afirman los responsables de Bienestar Social.

Pero concertar plazas con centros privados, un fenómeno cada vez más habitual en hospitales y otros servicios públicos, no satisface a todo el mundo. Entre otras razones, explica el responsable de Política Sanitaria de Comisiones Obreras, Antoni Tuà, porque 'la calidad del servicio no suele ser la misma'.

Sin formación adecuada

Tuà puntualiza que, pese a los controles que tienen los geriátricos sea quien sea su responsable, 'muchos de los edificios de las residencias privadas no fueron construidos con esta finalidad y ello perjudica el servicio'. La formación del personal es otro problema. 'A los cuidadores del sector concertado, a menudo les falta preparación y en ocasiones no tienen ni la mínima formación que sí se requiere en la pública', asegura Tuà.

Y todo ello permite que el coste de la plaza sea menor. En otras palabras, a la Administración le sale más a cuenta alquilar una plaza en una residencia privada que construir sus propias plazas. Éste es el modelo por el que ha apostado el Gobierno catalán, pero no todas las comunidades autónomas han seguido el mismo, independientemente del color político de sus gobernantes. En Baleares, por ejemplo, las plazas de titularidad pública representan el 53% del total, las concertadas el 6,4% y las privadas cerca del 40%. Extremadura, Canarias y Cantabria tienen un modelo similar. La Comunidad Valenciana y Madrid, con cerca de un 30% de plazas públicas, doblan el porcentaje alcanzado en Cataluña.

En el caso del usuario catalán, las cifras mejoran si se suman las plazas públicas y las concertadas, o lo que es lo mismo: el conjunto de plazas que tienen financiación pública. Un total de 4 de cada 10 plazas la tienen, lo que sitúa a Cataluña dentro de la media española. Sin embargo, nadie garantiza que las residencias privadas quieran mantener de forma indefinida sus convenios con la Administración, ya que los precios que ésta paga por cada plaza concertada son muy inferiores a los que pagaría un usuario particular.

Hoy en día, en Barcelona ciudad, una plaza residencial cuesta un mínimo de 1.135 euros (188.000 pesetas), aunque el precio ya puede llegar a los 1.600 euros dependiendo del tipo de habitación y de los servicios que se ofrecen. La Administración, en cambio, paga las plazas que alquila en función del grado de dependencia de la persona a atender. Para las personas que pueden valerse por sí mismas, la Generalitat paga 913 euros al mes, mientras que las plazas para personas que precisan atención constante se pagan a 1.205 euros.

Estas tarifas, que se han visto aumentadas los últimos años, siguen sin satisfacer a las residencias que deciden alquilar parte de sus plazas a la Generalitat. Montserrat Llopis, de la patronal de residencias ACRA, recuerda que 'en general, la gente no quiere ir a una residencia si realmente no lo necesita, por lo que los usuarios cada vez llegan con peor estado de salud'. Y esta situación requiere más personal. 'Los precios de la Generalitat sólo contemplan el coste del funcionamiento de la residencia, no la amortización de las plazas ni el mantenimiento de la misma; así se hace difícil trabajar', afirma LLopis.

Negocio en auge

Pero de estas afirmaciones no puede desprenderse que el sector privado se encuentre en apuros. Desde 1999, las empresas que construyen y gestionan residencias geriátricas han vivido un auge que nunca antes habían experimentado. Si en 1999 había 14.900 plazas en residencias privadas, a finales de 2001 ya existían 27.000. Casi el doble. ¿Qué ha pasado? La diputada de Iniciativa per Catalunya responsable del área social, Dolors Comas, lo tiene claro: 'La Generalitat, con su desinterés por invertir en este tipo de servicios, ha favorecido a la empresa privada, que sí ha visto el gran negocio que hay en el sector de las residencias'.

Ahora, la Generalitat promete remediar su histórica falta de inversión en Barcelona en materia de geriátricos y asegura que en 2003 entrarán en servicio siete residencias públicas con 900 plazas. Un informe de Comisiones Obreras estima que, a pesar de ello, Cataluña seguirá teniendo un déficit de 18.000 plazas.