Universidades: virtudes públicas y vicios privados
Con motivo del reciente informe del Observatorio de Universidades (www.crue.org), de la Conferencia de Rectores (CRUE), sobre la pérdida de peso del gasto público en universidades, del 0,96% en 1998 al 0,84% en el año 2000, se ponen de manifiesto varias cuestiones.
En primer lugar, que dicho porcentaje se encuentra muy lejos de lo que dedican los EE UU a la educación superior (2,8% del PIB) y no tan lejos de la media de la UE (1,4% del PIB). La pregunta obvia es por qué la sociedad no percibe el valor de la educación superior como lo hace la norteamericana. La respuesta es que las bases del enorme crecimiento de la educación superior en España han sido poco sólidas. En efecto, el crecimiento del número de universitarios en España (1,5 millones, igual al de Alemania con el doble de población) se ha sustentado sobre la construcción a destajo de nuevas universidades amparándose en un esquema cerrado funcionarial, con escasa o nula apertura al exterior, con muy bajas tasas universitarias y reducidos salarios a los profesores universitarios. Todo ello ha producido un gran número de universidades de baja calidad, a las que el ciudadano se siente ajeno. Éstos miran a las universidades como algo lejano del mundo, cuya única función es avalar con títulos el ejercicio profesional. Esta escasa confianza se plasma en que la aportación privada a la financiación universitaria es sólo del 25% (0,21% del PIB) frente al 50% en EE UU (1,4% del PIB). De dicho porcentaje, sólo el 10% proviene de las tasas universitarias, bajo la dudosa creencia de que los beneficios colectivos de dicha educación son muy superiores a los beneficios privados. Además, otra característica española es el altísimo porcentaje que representa el gasto en inversiones (24% frente al 13% en los países de la OCDE) y los gastos financieros que limita los recursos dedicados a gasto corriente. Todo gobierno autonómico se ve en el derecho de crear nuevas universidades aunque sean de calidad muy discutible, e incluso, como demuestra el caso reciente de la CAM, de destinar la mayor parte de la financiación universitaria a consolidar alguna de estas nuevas universidades.
Este círculo vicioso sólo se puede romper limitando dichos gastos para las universidades ineficientes y elevando las tasas universitarias para aquellos que las pueden pagar. Después de todo, el crecimiento de las universidades privadas también ha sido espectacular y en ellas las tasas (cercanas a los 6.000 euros) superan al gasto real medio por estudiante (alrededor de 2.400 euros). Es cierto que muchas de estas universidades ofrecen medios materiales a los estudiantes muy por encima de los del sistema público (particularmente en las que ofrecen licenciaturas en Arquitectura, Medicina, Ingenierías o Ciencias Audiovisuales), pero también es cierto que dichas instituciones se nutren mayormente de estudiantes de familias acomodadas cuyas notas de selectividad no les permiten acceder a las universidades públicas. Además, es un fenómeno bastante común en la universidad privada que la investigación, regida por las normas de excelencia habituales en el mundo académico internacional, es muy escasa, al contrario de destacadas universidades públicas en diferentes áreas científicas, que pese a la escasez de medios tienen departamentos situados en los rankings de las mejores instituciones internacionales. Todo ello indica que la clase media española está dispuesta a pagar más por recibir un servicio mejor y que, en el actual sistema, prefiere mandar a sus hijos a un college (en la terminología anglosajona, aquellos centros donde se enseña pero no se investiga) que hacerlo a una universidad pública o a un centro de formación profesional superior que no logra alzar el vuelo con las ataduras del sistema. Es como ocurre con el sistema sanitario. Si uno quiere una buena habitación y trato personalizado, mejor ir a la sanidad privada. Ahora bien, cuando el problema de salud es serio, nadie duda en ir al sistema público.
Liberar recursos, limitando los gastos de inversión y financieros a las universidades de escasa calidad y elevando las matrículas, serviría para mejorar el número de becas, para pagar mejor a los investigadores y para mejorar las universidades que sí funcionan. Adicionalmente, un cambio radical en la financiación universitaria serviría para obtener recursos adicionales dirigidos a dos déficits cruciales de nuestro sistema educativo y laboral. Uno es la mejora de la ínfima ayuda familiar por hijos pequeños (guarderías públicas), que fomentarán nuestra todavía muy baja participación femenina en el mercado laboral. Otro es la mejora de la Formación Profesional, carente de medios y desprestigiada, a la que la reciente Ley de Calidad de la Enseñanza no parece tener todavía entre sus objetivos primordiales.
El segundo punto a destacar del informe de CRUE es la gran disparidad en el esfuerzo financiero de las CC AA. Las comunidades de renta alta transfieren cerca de 1.800 euros más por estudiante que las de renta baja. La explicación de este diferente patrón no sólo se debe al nivel de renta, sino también a que los gastos de personal en plantillas funcionariales sobredimensionadas representa más del 80% de los gastos corrientes, frente al 67% en la OCDE, lo que cercena el gasto en bienes y servicios (18% frente al 33% de la OCDE), limitando la calidad de los servicios complementarios a la docencia tradicional. En un excelente artículo de José-Ginés Mora (Universidad de Valencia), contenido en el informe de CRUE, se ofrece un análisis de la eficacia del gasto en cada CC AA comparando el gasto por estudiante con el gasto por graduado. En la medida en que un mayor gasto por estudiante llevará a una menor tasa de abandono y un mayor número de graduados, una mayor eficacia debería implicar una relación negativa entre ambas proporciones. El resultado es que CC AA como Madrid o Extremadura son muy ineficaces, mientras que Cataluña, Navarra o País Vasco son muy eficaces.
De todo lo anterior se deduce la imperiosa necesidad de mejorar nuestro sistema universitario 'separando el trigo de la paja'. Es necesario implementar un mapa de calidad de nuestras universidades premiando a las buenas, identificando aquellas que ofrecen investigación de calidad de las que sólo ofrecen docencia, ofreciendo a los buenos estudiantes la posibilidad de estudiar en los mejores centros, 'desfuncionarizando' el sistema universitario con mejores incentivos económicos a los mejores departamentos y, en definitiva, devolviendo a nuestra universidad el prestigio que nunca parece haber tenido con la sociedad.
Juan J. Dolado es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Carlos III.
