La legitimidad de los funcionarios interinos

El Síndic de Greuges ha recibido este mes pliegos que suman ya las 2.500 firmas. Todas ellas de personas pendientes de la valoración de la queja que le fue presentada el día 26 de abril de 2002 sobre la insostenible situación de los funcionarios interinos. La Asociación de Interinos de la Generalitat Valenciana (Igeva) quiere aprovechar este momento para recordar el origen de esta grave situación y de la legitimidad de sus puestos de trabajo.

La creación de la Generalitat Valenciana, al igual que la del resto de comunidades autónomas, viene vinculada a la reorganización de las demás administraciones preexistentes: las situaciones de funcionarios transferidos del Estado, de otras comunidades autónomas o de otras entidades públicas locales, y fórmulas como el personal laboral, personal funcionarizado, reclasificación de puestos de trabajo, creación de puestos barrados, creación de administraciones especiales, supresión de cuerpos, y tantas otras han estado presentes. Por tanto, en todo proceso autonómico constituyente, tan importante como ordenar y ejercer sus nuevas competencias, es dar homogeneidad a los estatus jurídicos de los empleados públicos autonómicos, ya que la mera acumulación de competencias revela un proceso incompleto que ninguna institución solvente puede aceptar. El mismo Síndic ha puesto de relieve en reiterados informes estas situaciones.

Los funcionarios interinos, que han venido accediendo a la función pública mediante fórmulas impecablemente legales y constituyen ya el ¡30%! de la plantilla de funcionarios de la Generalitat, han desempeñado durante más de 10 años funciones vitales para el mantenimiento, desarrollo y moldeamiento de la principal institución pública que opera en territorio valenciano. Si somos un producto más de las políticas de personal que sí han permitido la estabilización en el empleo de colectivos surgidos de decisiones políticas pasadas, como sucedió con los contratados laborales, y ahora con los funcionarios de sanidad, no parece lógico que debamos sufrir ahora sobre nuestras espaldas un inusitado comportamiento supuestamente ejemplar de última hora. La constitucionalidad de las decisiones administrativas y políticas no se desprende de los golpes de efecto que buscan llamarse democráticos, sino de la interpretación coherente e integral de las normas y sus efectos.

Este colectivo espera que, por fin, el defensor de los derechos del administrado y del rigor del administrador reconozca, en igualdad de condiciones y derechos que al resto de estratos administrativos, a un colectivo de hombres y mujeres que durante dos lentísimos lustros han esperado una solución a su situación laboral y, lógicamente, familiar. El pronunciamiento político que el ex presidente Zaplana formuló hace un año debe ser retomado ahora por el Síndic de Greuges, quien tiene en su mano según ley, la capacidad de sugerir al órgano legislativo competente o a la Administración la modificación de la norma cuyo cumplimiento riguroso puede provocar situaciones injustas o perjudiciales a los administrados.

Una Administración moderna que tiene pretensión de sofisticar aún más su sistema de organización y cualificación, no puede dar un paso más sin solventar los dos problemas que actualmente la lastran. Dos problemas independientes que cuentan con un reconocimiento constitucional independiente: dar la oportunidad del acceso libre a la Función Pública a los ciudadanos (art.23); y dar un tratamiento igual a las situaciones que sean iguales entre sí, tal y como interpreta el Tribunal Constitucional el artículo 14. Son dos derechos constitucionales incumplidos que requieren un tratamiento separado, puesto que son fruto de incumplimientos normativos también separados: el uno, consistente en la no convocatoria de las preceptivas ofertas de empleo público en su debido momento; y el otro, haber desarrollado una política de personal con efectos lesivos claros para los administrados.

Esperamos que el Síndic de Greuges dé en estos días el paso legal que permita iniciar la consolidación de esta generación de trabajadores. Y lograr así, tras más de una decada de impasse, consolidar y dar credibilidad a la Generalitat Valenciana para que pueda cobrar el nuevo impulso que necesita.

Antonio Hernández Máñez, presidente de Igeva, en nombre de la junta directiva y con el apoyo de 2.500 firmas.