Corte recortada

El Consejo de Seguridad de la ONU ha decidido, por unanimidad, cortar alas a la Corte Penal Internacional (CPI), que entró en vigor el pasado 1 de julio. Aunque EE UU no se haya salido plenamente con la suya, pues no ha logrado una inmunidad permanente para sus soldados, sí ha ganado un año, durante el cual, salvo disposición en contrario del Consejo de Seguridad, ningún ciudadano de un país que no sea parte de la CPI, como Estados Unidos, se verá sometido a investigación o procesamiento. Europeos y otros se han plegado a las exigencias del más poderoso, que amenazaba, de lo contrario, con retirarse de las operaciones de paz en curso, como la policial en Bosnia, cuya renovación ha sido desbloqueada.

La CPI nace así empañada por esta interpretación extrema, y de dudosa legalidad, del artículo 16 de su Estatuto, redactado para que el Consejo de Seguridad pueda reclamar casos específicos. Sin embargo, el acuerdo tendrá pocas consecuencias prácticas, dado que no se espera que la Corte pueda ser operativa antes de un año. En julio de 2003, el Consejo de Seguridad tendrá que volver a decidir sobre esta exención, que no tiene prórroga automática. EE UU carecerá de veto, pero lo occurrido estos días indica que Washington volverá a dar la batalla. Su embajador en Naciones Unidas, John Negroponte, ha alertado de 'graves consecuencias' si la CPI llega algún día a detener a un militar estadounidense. No hay que olvidar, además, que el Capitolio sigue elaborando una ley para blindarse unilateralmente frente al nuevo tribunal. La hiperpotencia se resiste a ser un imperio con las manos atadas por tratados internacionales.

La CPI es un intento de hacer progresar la justicia global. Pocos creían en julio de 1998, cuando se firmó el Estatuto de Roma, que se convertiría tan pronto en una realidad, aunque sea incompleta. Ya lo han firmado 139 Estados y ratificado 76. Su objetivo es perseguir a los individuos que hayan cometido crímenes de guerra, de genocidio, contra la humanidad o de agresión, pero sólo de forma complementaria, si los tribunales nacionales no quieren o no pueden procesarlos. Tiene todo tipo de cautelas y garantías jurídicas que hubieran debido bastar para tranquilizar a EE UU. Pretender excluir de esta jurisdicción de forma permanente a sus soldados en todas las operaciones de paz hubiera devaluado la credibilidad de la CPI. Que sean operaciones de paz avaladas o dirigidas por la ONU no significa que, como ha ocurrido, sus integrantes no puedan cometer excesos y actos criminales.

Con esta resolución, la CPI ha caído un poco más bajo la tutela del Consejo de Seguridad, perdiendo independencia. Se acerca más a la Corte posible que a la deseable. Pero el Estatuto ya está en vigor, lo que significa que los crímenes de este tipo cometidos desde el pasado 1 de julio tendrán que rendir cuentas ante esta nueva forma de justicia. Esto es lo más importante.