Ganar o perder con el medicamento

Durante muchos meses, cientos de farmacéuticos de toda España se movilizaron para conseguir las firmas necesarias con las que poder presentar ante el Congreso de los Diputados de la nación un proyecto de Ley de Iniciativa Popular (LIP). Se consiguieron, finalmente, más de un millón trescientas mil firmas ciudadanas, bastantes más del medio millón que la legislación exige para este tipo de iniciativas. Así pues, la LIP para la defensa del modelo sanitario del medicamento que se fraguó desde el Colegio de Farmacéuticos de Valencia, consiguió penetrar en el sancta sanctorum de las Cortes españolas. Todo un reto, dificilísimo, que se superó con nota muy alta.

Tiempo después, hace apenas unas semanas, los diputados debatieron la toma en consideración de la LIP sobre el medicamento, y sus votos, todo hay que decirlo, fueron mayoritariamente contrarios a la misma. La proposición de ley, en consecuencia, quedó rechazada. Era lógico, pues la mayor parte de este tipo de iniciativas populares lo son, entre otras razones porque el parlamento no parece mostrar demasiado interés en que le digan cómo tiene que legislar, una vez cumplido el trámite cuatrienal de las elecciones. Sólo una de entre las más de medio centenar de leyes de este tipo presentadas al Congreso ha resultado aprobada en 25 años de democracia.

Pero la votación, en este caso, ha sido lo de menos. La campaña previa de recogida de firmas, que se llevó a cabo en más de treinta provincias, fue generando un espontáneo debate entre políticos, ciudadanos y farmacéuticos en el que quedaron claras y públicas, por primera vez, las opiniones de los respectivos partidos políticos del arco parlamentario español respecto del medicamento y la farmacia. Y dentro de esos posicionamientos hubo un denominador común, un punto de coincidencia: la totalidad de los partidos defienden el medicamento como elemento para la salud y no como mercancía, y la totalidad, también, respetan y valoran el papel del farmacéutico como profesional sanitario, único responsable de la custodia, información y dispensación de dicho medicamento. Apuestan también por un control de precios y un uso racional del medicamento, contemplados en la proposición. Estos principios, pues, se constituyen en una especie de pensamiento común y compartido, 'políticamente correcto' como se suele decir actualmente, y ésa ya es una noticia de singular importancia para quienes defendemos los valores esenciales de la prestación farmacéutica y el espacio profesional del farmacéutico tal y como se concibe en países -como el nuestro- con una excelente calidad en su asistencia sanitaria.

A partir de ahí, los problemas derivados de las políticas de precios sobre el medicamento, de la ordenación farmacéutica u otros... siguen generando controversia, y va a ser tarea de futuro, probablemente larga y constante, iniciar debates multilaterales entre farmacéuticos y políticos para analizar estos temas, para proponer estudios y valoraciones que, de un modo didáctico, muestren a nuestros dirigentes que, más allá de los tópicos e ideas sobre supuestas y vanas bondades del libre mercado, las medidas reguladoras que organizan la farmacia hoy en día no son un privilegio corporativo sino una sensata y adelantada manera de redistribuir equitativamente la prestación sanitaria ante la población.

Esas son las consecuencias importantes de la LIP sobre el medicamento. Se ha manifestado a la clase política la existencia de un colectivo dispuesto a movilizarse porque cree en su profesión, y la LIP funcionará como muro de contención, una especie de limes a la romana, ante aquellos elementos, algunos ajenos a la Sanidad, que quizá pensaban que intentar un desmantelamiento progresivo de un modelo farmacéutico social e igualitario hacia otros de tipo mercantilista, en los que se somete al medicamento y, por extensión, al usuario de este bien esencial, a la dictadura que emana de fluctuaciones bursátiles o de determinadas situaciones de necesidad, podría acometerse sin crear ningún tipo de respuesta por parte de una profesión que rinde un singular servicio reconocido y reconocible en la sociedad a la que se debe.

Rafael Borrás Aviñó es Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia.