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La longevidad de los políticos autonómicos

Antón Costas

Hay una pregunta que llevo conmigo desde hace tiempo: ¿cómo explicar la larga permanencia de un buen número de políticos y de sus partidos al frente de los gobiernos autonómicos? Jordi Pujol y la coalición que lidera llevan 22 años al frente de la Generalitat. Aunque ha habido cambio de personas al frente del Gobierno, el PNV, con Xabier Arzalluz al frente, está en el Gobierno vasco desde 1980. José Bono lleva al frente de Castilla-La Mancha desde 1983. José Luis Rodríguez Ibarra está desde la misma fecha en el Gobierno de Extremadura. Manuel Chaves, en Andalucía, desde 1990, aunque su partido está en el Gobierno autónomo desde las primeras elecciones de 1982. En Galicia, Manuel Fraga ostenta un liderazgo personal indiscutible desde 1989, y su partido ha mantenido el poder desde los inicios del proceso autonómico, con la salvedad de dos años en que las luchas internas permitieron a los socialistas gobernar en coalición. En Castilla y León, José María Aznar inició en 1987 un liderazgo que el Partido Popular mantiene hasta hoy. Parece que los políticos autonómicos, una vez alcanzado el poder, tengan garantizada una larga longevidad para ellos y sus partidos.

No sé si ésta es una rareza de la política regional española o si ocurre lo mismo en otros sistemas federales. Pero, en cualquier caso, es una cuestión por explicar. ¿A qué responde esta longevidad? ¿Debería favorecerse el cambio? Si es así, ¿cuál es la forma más adecuada? Dado que se acercan tiempos de elecciones autonómicas, estas cuestiones nos pueden ayudar a ver si serán también tiempos de cambios.

En primer lugar, hay que descartar que sea una cuestión relacionada con la ideología de los votantes. Significaría algo así como afirmar que Andalucía es socialista, Galicia conservadora o el País Vasco nacionalista. Pero no veo razones que lleven a explicar por qué Castilla-La Mancha es socialista y Castilla y León conservadora. Una segunda explicación es vincular esa longevidad a características personales de los políticos autonómicos, a su capacidad de liderazgo. Pero ¿por qué sólo se da eso en los gobiernos autónomos? Se podría también argumentar que los gobiernos autónomos son muy recientes y que aún no ha habido tiempo para que se ponga en marcha el ciclo político de la democracia. Pero ese ciclo parece haber funcionado en el caso de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Madrid, en las que, por otro lado, ha habido líderes socialistas y populares con fuerte liderazgo.

Sin negar alguna influencia a esas explicaciones, tengo para mí que esa longevidad está vinculada al tipo de políticas que practican la mayoría de los políticos autonómicos, y a la coalición de intereses que se ha formado a su alrededor, favorecida además por reglas electorales que premian al voto rural-provincial frente al voto urbano. Las políticas autonómicas que hacen la mayoría de los gobiernos regionales consisten básicamente en programas de resdistribución de gasto -ya sea gasto social personal o gasto en bienes sociales- con un fuerte contenido territorial. Los políticos autonómicos, y con ellos las comunidades autónomas, se han legitimado repartiendo recursos y favores, especialmente sobre la parte rural-provincial de sus territorios. Son políticas clientelares, en el buen sentido de la palabra, y no políticas de reforma. Políticas clientelares con una gran capacidad para construir una tupida red de intereses en pequeñas ciudades y en el mundo rural. Esta especie de demanda cautiva es muy estable, porque se ve favorecida por dos hechos. En primer lugar, por la estructura de edad predominante en el mundo rural, poco proclive al cambio. En segundo lugar, porque las reglas electorales autonómicas premian el voto rural sobre el voto urbano.

Si tengo razón, la longevidad de los políticos autonómicos es una cuestión de intereses, no de ideologías. En este sentido, tengo la impresión de que el discurso y la política autonomista actúan en muchos sentidos como la nueva estructura política de los viejos intereses ruralistas y provincialistas, que a lo largo del canovismo, del primorriverismo y del franquismo actuó desde las diputaciones provinciales. No en balde, muchos alcaldes durante el régimen de Franco continuaron siéndolo en la democracia, dentro tanto de los partidos estatales como de los nacionalistas. Y de la misma forma que en el pasado esos intereses articulados desde las diputaciones se opusieron al poder de las ciudades, hoy las mayores resistencias al fortalecimiento de los municipios vienen también de los intereses que han monopolizado las autonomías. Ruralismo frente a ciudad. Una renovada tensión entre el poder basado en el territorio y la libertad de las ciudades.

¿Es buena esta longevidad? Pienso que no. Es muchos casos, la permanencia en el poder está favoreciendo el mantenimiento de una coalición de intereses proclive al statu quo regional y al conservadurismo en la asignación de los recursos y en el diseño de políticas. De hecho, dos de las comunidades que presentan mayor capacidad de innovación y de dinamismo económico y social, como son las de Madrid y Valencia, son comunidades donde ha habido cambio y donde las políticas han tenido un fuerte contenido innovador.

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¿Cómo favorecer el cambio? El problema no está en los políticos, sino en la aversión al riesgo de los votantes. Hay que romper esa aversión. En mi opinión, una buena forma es limitando los mandatos. Aunque sea por la vía de la autolimitación, como ha hecho José María Aznar. Me alegra que Pasqual Maragall se haya comprometido en su programa a sólo dos mandatos. Seguramente Artur Mas hará lo mismo. Será una buena contribución al dinamismo social y a la higiene política.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la UB

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