Ventajas sin ánimo de lucro

Se ha hecho esperar, pero, tras años de preparaciones y negociaciones, ve la luz la nueva Ley de Mecenazgo. Las fundaciones (entidades sin fines de lucro) se 'han hecho valer' -mueven al año cerca de 24.000 millones de euros- y han conseguido menos restricciones a sus actividades empresariales y mayores ventajas fiscales.

Las fundaciones no pagarán impuestos, a partir de 2003, sobre la mayor parte de sus rentas, plusvalías o ganancias

Hacienda devolverá 25 céntimos de cada euro donado por los particulares a los proyectos diseñados por las fundaciones

El objetivo de la nueva ley, que servirá para anular la anterior fechada en 1994 y calificada por los expertos del Consejo Económico y Social (CES) como fragmentaria, incompleta y a veces contradictoria, es incentivar la participación de la sociedad, las entidades sin fines de lucro y de los particulares en la protección, apoyo y realización de actividades de interés general. Para lograrlo, la nueva normativa flexibiliza los requisitos exigidos a las distintas organizaciones para acogerse a un régimen fiscal privilegiado y mejora el tratamiento tributario de los donativos, las donaciones y las aportaciones que particulares o empresas hagan a favor de estas entidades sin ánimo de lucro.

A partir de 2003, en principio, las fundaciones no pagarán impuestos (ni de sociedades, ni IVA, ni IAE, ni IBI) sobre la mayor parte de sus rentas (intereses, dividendos, alquileres, donaciones, cuotas...) ni por sus plusvalías (ganancias) ni sobre sus beneficios por actividades económicas (las consideradas sociales, asistenciales, culturales, deportivas, de investigación y desarrollo, medioambientales) ni sobre sus ganancias por actividades auxiliares o complementarias o de escasa relevancia (éstas con límites porcentuales y de cantidad)... 'En principio', significa que sólo tendrán derecho a este régimen fiscal las entidades sin fines de lucro que destinen el 70% de sus ingresos a actividades de interés general, y el 30% restante a incrementar su patrimonio. En marzo pasado, el anteproyecto de ley presentado por el Ministerio de Hacienda al CES contemplaba unos requisitos más estrictos.

Actividades generales

En concreto, se exigía a las fundaciones con beneficios que destinaran ese 70% de sus ingresos a actividades generales (igual que en la ley que entrará en vigor en 2003) y a las que no obtenían beneficios que destinaran un importe igual al 70% del resultado de aplicar el interés legal del dinero al valor de los bienes y derechos patrimoniales de la entidad. Esta última acotación se ha suprimido en el texto definitivo, entre otras razones, porque podría darse el caso de fundaciones con bienes patrimoniales importantes, pero sin ingresos en efectivo suficientes que quedarían abocadas a la descapitalización. El nuevo texto también ha ampliado a cuatro (tres en el borrador de marzo y cinco según la recomendación del CES) el número de años en los que se pueden destinar el 70% de los beneficios anuales a actividades generales. Esto beneficia claramente a las fundaciones sin ingresos constantes que así podrán llevar a cabo proyectos a largo plazo.

Cuando el sector de las fundaciones -se estima que en España hay unas 5.500- conoció el anteproyecto de Ley de Mecenazgo presentado en marzo criticó duramente otro de los requisitos impuestos a las entidades sin ánimo de lucro para gozar del nuevo régimen fiscal. En concreto, en ese primer texto se señalaba que las fundaciones no podían nombrar administradores en las empresas en las que participaban ni, fuera cual fuera su participación en el capital social de éstas, ejercer derechos de voto correspondientes a más del 3%. Las críticas no cayeron en saco roto y de una limitación tan estricta se ha pasado a una total libertad en este sentido en aras de facilitar la capacidad de gestión de las fundaciones sobre sus empresas participadas.

Con vistas a los particulares y a las empresas que realizan aportaciones o donativos a las entidades sin ánimo de lucro, la nueva Ley de Mecenazgo también presenta mejoras respecto a la situación actual.

Hoy por hoy, de forma general, en España, cuando los particulares donan dinero o bienes a una fundación inscrita en el registro, a una asociación declarada de utilidad pública, al Estado, a las comunidades autónomas, las corporaciones locales..., pueden desgravarse en su correspondiente declaración de renta el 20% de su importe. Es decir, de cada euro que donan los particulares, el Estado les devuelve 20 céntimos. Su aportación efectiva es, por tanto, de 80 céntimos, aunque las entidades perciban un euro. A partir de 2003, Hacienda coparticipará en los proyectos elegidos por los particulares con 25 céntimos de cada euro donado.

Si quien realiza las aportaciones es una persona jurídica, un 35% de su importe servirá, a partir del próximo año, para reducir el volumen de impuestos a pagar vía impuesto de sociedades. En la actualidad, la desgravación no se aplicaba sobre la cuota, sino en un 30% del importe donado sobre la base imponible.