Interior pagará 6.000 euros por la muerte de un preso en Fontcalent

La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio del Interior a indemnizar con 6.010 euros a la familia de un preso que falleció a causa de una neumonía por legionela contraída en el centro penitenciario de Fontcalent. El tribunal, la sección octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, admite parcialmente el recurso presentado por el letrado de la familia y reconoce el derecho a indemnización al quedar probado que el interno enfermó en el recinto carcelario, pero rechaza la responsabilidad patrimonial de la Administración por mal funcionamiento de los servicios públicos. La sala considera 'correcta' la actuación de los servicios médicos de la cárcel.

La sentencia recoge que el preso fallecido, E. O. O., ingresó en Fontcalent el 26 de febrero de 1997. Unos meses más tarde, en concreto el 25 de junio, el reo solicitó atención médica al sentir 'malestar general, vómitos y deposición diarréica'. El estado de salud del prisionero empeoró con el paso de los días, y el 30 de junio fue ingresado en el Hospital de San Juan. Allí, se le diagnosticó neumonía penumófila con insuficiencia renal. El reo falleció a los 26 días de ser hospitalizado.

De acuerdo a los informes forenses, el tribunal considera probado que el interno contrajo la legionela, que más tarde causó su muerte, en el centro penitenciario de Fontcalent, 'dado que el mismo llevaba interno desde el 26 de febrero de 1997 y dicha enfermedad tiene un período de incubación de aproximadamente una semana', precisa la sentencia. La sala, por tanto, concluye que sí existe cierta responsabilidad administrativa en relación al origen de la enfermedad 'en cuanto ésta fue contraída en el propio centro penitenciario y dada la obligación administrativa de velar por la vida, la integridad y la salud de los internos'.

Lesiones en Picassent

Dos funcionarios de la cárcel de Picassent (Valencia) prestaron ayer declaración ante el titular del Juzgado de lo Penal número dos de Valencia. Ambos están acusados de propinar golpes en 1998 a un recluso que se encontraba afectado de una enfermedad terminal y que murió 15 después, aunque la autopsia no ligó de forma directa el fallecimiento con las lesiones producidas por la supuesta paliza.

La acusación particular, que representa a la madre del preso, solicita cuatro años de prisión e inhabilitación por un delito de lesiones y uno de rigor innecesario. La acción popular, en representación de varias asociaciones de padres de encarcelados y familiares contra la droga, suscribe la misma petición. La defensa de los dos funcionarios, que no tienen antecedentes, pidió la libre absolución y el fiscal define los hechos que considera probados como una falta de lesiones, porque la víctima sólo necesitó atención médica en una ocasión por los golpes recibidos.

La vista comenzó ayer y los funcionarios negaron 'haber pegado una paliza al preso' y fue señalada para más sesiones porque está prevista la declaración de 16 personas.