El PSOE ha recibido 300 quejas por fraude en los pisos protegidos

El diputado del PSOE Antonio Fernández Gordillo cifra en 300 las quejas que han entregado ante su grupo parlamentario compradores a quienes algunas promotoras de viviendas de protección oficial (más baratas) han propuesto pagar parte del precio en dinero negro. 'Está ocurriendo en muchos de los nuevos barrios de Madrid', asegura. Gordillo recuerda que, a finales de 2000, las constructoras recibieron 87 millones de euros en subvenciones por levantar pisos de este tipo.

'Las quejas recibidas afectan a unas 300 familias. A la mayoría de ellas les pedían unos 24.000 euros en dinero negro por piso, pero en ningún caso se duplicaba el precio legal, como en el caso que ayer denunció EL PAÍS en Sanchinarro. A todos ellos les hemos recomendado que acudan a los tribunales', explicó el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo.

El grupo socialista en la Asamblea parece ser el único que ha recibido quejas por el fraude en la venta de vivienda de precio protegido (VPO): tanto la Consejería de Obras Públicas como el Ayuntamiento de Madrid, como las asociaciones de consumidores, aseguran que en sus archivos no constan reclamaciones por esta materia. El edil de Vivienda de Madrid, Sigfrido Herráez, justificó esta escasez de denuncias en la cadena Ser: 'Es evidente que aquellos que han pagado en dinero negro un extra de su vivienda como una piscina no tienen intención de denunciarlo', apuntó.

Gordillo recuerda que el problema que se ha creado en los barrios de Sanchinarro, Montecarmelo y Las Tablas, en los que se van a construir 40.000 viviendas de protección oficial destinadas a personas con pocos recursos, se debe a que el suelo está en manos privadas. 'El Ayuntamiento tenía que haber expropiado esos terrenos, y no dejar que todo quedara en manos de particulares, que se están dedicando a especular con el suelo. Los constructores tienen que pagar carísimo el suelo y luego repercuten ese gasto en el precio de las viviendas', explica.

En marzo pasado, la Consejería de Urbanismo aprobó un decreto que, según fuentes oficiales, prohibía imponer a los compradores las mejoras en las viviendas protegidas (mármoles, piscina, etcétera) si éstas no eran solicitadas o aceptadas voluntariamente. Ésta es una de las maneras más frecuentes con las que los promotores camuflan las subidas ilegales de precios. También incluía el decreto una medida para que, en caso de que los promotores compraran el suelo destinado a VPO a precios superiores a los legalmente establecidos, el comprador de suelo fuera duramente sancionado, pero que no se paralizara la obra como se hacía antes. 'El objetivo es que los compradores no se queden sin su piso', afirman estas fuentes. Según Gordillo, ese decreto significa que se va a 'legalizar cualquier venta de suelo por encima del precio establecido', que, en el caso de la vivienda protegida, no puede superar el 15% del precio final de la vivienda, tasado por ley.

El PSOE considera que instalar a posteriori un sistema de control del fraude en la venta de VPO es una medida 'insuficiente'. 'La Comunidad debería expropiar ahora el suelo, cosa que le permite hacer la Ley del Suelo, a los actuales propietarios. Sería la única manera de que no hubiera sobreprecios ni dinero negro', señala Gordillo.

Según el diputado socialista, a finales de 2000 el Gobierno regional aprobó una subvención para las promotoras de viviendas protegidas que ascendía a 87 millones de euros. 'También eso es ilegal, porque sólo se puede subvencionar a las empresas cuando el 60% de los desarrollos urbanísticos esté destinado a levantar vivienda protegida, cosa que no se cumple nunca', sostiene.