El alto precio del suelo favorece el fraude en la venta de pisos baratos, según los promotores

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) asegura, en su página web, que a los constructores no les salen las cuentas cuando quieren levantar viviendas de precio protegido (VPO). Asprima sostiene que los precios máximos que la Comunidad establece para estos pisos baratos son demasiado bajos. Por ello, para compensar la diferencia entre el coste del suelo y de la construcción y lo que marca la ley, algunos promotores cobran un extra en dinero negro. Un piso que por ley no puede costar más de 100.000 euros se vende al doble, como ha comprobado este periódico. Pero las denuncias en la Consejería de Urbanismo son casi inexistentes. 'La gente no denuncia', admite el Gobierno.

Las quejas por un sobrepecio en los pisos protegidos no llegan ni a la Comunidad, ni al Ayuntamiento ni a las asociaciones de consumidores. La razón es clara: los compradores temen quedarse sin casa si ponen el caso en manos de la administración. Aunque paguen un sobreprecio, el gasto total siempre será más barato que en el mercado libre.

Pero la ausencia de denuncias no oculta el hecho de que se está violando la ley, ya que las administraciones subvencionan estas casas a los promotores precisamente porque éstos se comprometen a venderlas más baratas. 'Recibimos muchas quejas sobre vivienda libre, pero casi ninguna sobre vivienda protegida', asegura Iliana Izverniceanu, de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

La asociación Asprima justifica esta escasez de denuncias a través de su página web oficial, www.asprima.es. 'Los que compran no denuncian porque, incluso con los extras , la vivienda es mucho más barata que en el mercado libre', señala. La representante de la OCU se suma a esta explicación y subraya que la calidad de los pisos VPO 'ha aumentado mucho en los últimos años, y siguen siendo muy baratas para los precios actuales'.

Hace dos años, cuando denunció por primera vez la venta de pisos protegidos a precios ilegales, Asprima calculaba que el dinero negro que se estaba moviendo en los nuevos barrios de la capital rondaba ya los 600 millones de euros. El concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez, reconocía entonces que los compradores de viviendas se veían a menudo obligados a pagar hasta 54.000 euros más de lo legalmente establecido a través de dinero negro o de supuestas mejoras.

Condiciones estrictas

Sobre el papel, las viviendas de protección oficial se comercializan bajo unas estrictas condiciones establecidas por la Consejería de Urbanismo: un precio máximo por metro cuadrado, un precio del suelo que no puede superar en un 15% el precio final de la vivienda, y que los ingresos familiares de los compradores no superen unos mínimos. Según estos criterios, una vivienda protegida de unos 80 metros cuadrados con garaje y trastero no debería costar más de 100.000 euros. Pero la realidad en algunas promociones es muy diferente. Se llega a pedir hasta 228.000 euros.

La asociación de promotores achaca este fraude a los precios 'imposibles' que impone la Comunidad para la venta de los pisos protegidos, que no permiten a los constructores rentabilizar sus inversiones, debido a que los costes del suelo y de la obra son demasiado elevados.

El precio del suelo en los nuevos barrios de la capital se dispara porque el Ayuntamiento -en lugar de expropiar el terreno y sacarlo después a concurso con un precio político, como hace la Comunidad-, deja todo el proceso en manos de los dueños, que especulan con el suelo hasta venderlo a precios desorbitados.

El consejero de Urbanismo, Luis Eduardo Cortés, subraya que 'la culpa es de los promotores, que aceptan pagar esos elevados precios por el suelo a pesar de que saben que no podrán repercutir el coste en las casas protegidas'. En los nuevos barrios, los pisos baratos deben constituir el 50% del total de casas levantadas. Pero Asprima exige que se establezcan unos precios por metro cuadrado más 'realistas': el metro cuadrado debería, según ellos, estar comprendido entre los 1.105 y los 1.370 euros, frente a los 1.021 ahora establecidos para la VPO.

Cortés recuerda que éste año el precio por metro cuadrado ya ha subido un 6%. 'La solución no está en subir más los precios, sino en que los promotores se nieguen a comprar el suelo al precio desorbitado que lo hacen. Eso es lo que propicia el fraude', dice.