Matas dejará el Gobierno en marzo para competir por Baleares

El líder del PP de Baleares y ex presidente del Gobierno de esta comunidad, Jaume Matas, sigue siendo ministro de Medio Ambiente posiblemente para preparar su futura carrera política en las islas y, en especial, preservar su condición de aforado judicial. En las hipótesis del PP se señala que su aterrizaje definitivo en Palma se retrasará hasta finales de otoño o marzo de 2003: primero Matas será reelegido en el congreso regional de octubre presidente del PP balear; después, en febrero o marzo, y en una convención preelectoral, será encumbrado candidato autonómico. Esta situación sólo se alteraría por una imputación ante el Supremo.

De no ser ministro, Matas sería hoy un ciudadano corriente ante los jueces, sin protección especial, ya que tuvo que dimitir como diputado regional por incompatibilidad al ser integrado en el Gobierno central. Si hubiera quedado ahora fuera del Ejecutivo podría ser sujeto de posibles acciones penales directas y no podría evitar que se dilucidaran en tribunales de Baleares algunas de las acciones pendientes.

Matas es el candidato elegido por José María Aznar y el único posible en el PP balear para reconquistar el poder perdido en el archipiélago, donde el partido no tiene el Gobierno autónomo ni los tres insulares, desde 1999 en manos de una alianza de minorías liderada por el PSOE.

En los próximos meses tienen que resolverse en el Tribunal Supremo los dos casos penales en los que la fiscalía de Baleares pide que se le impute. Los escándalos a los que se le vincula son el caso Formentera, donde se investiga un posible delito electoral y el caso del espionaje electrónico al PSOE, en el que hay un supuesto descubrimiento de secretos en la mensajería de la red.

En el primer sumario hay otra aforada implicada -la diputada Rosa Estarás- por lo que si Matas dejase el ministerio el caso seguiría en el Supremo. En el segundo caso Matas es el único político aforado, por lo que tras una eventual salida del Gobierno podría pasar a ser citado y acusado ante un juzgado ordinario, según la acusación socialista.

Ambos casos judiciales han sido impulsados por la izquierda pero su implicación actual ante el Supremo ha sido decidida por cinco jueces del Tribunal Superior de Baleares y tres de la Audiencia de Baleares, así como la práctica totalidad de los 30 fiscales de Baleares.