Traslados sin destino

Los cientos de inmigrantes sin papeles llegados a Canarias -unos mil por mes en el último año- han puesto a los servicios de acogida y de atención higiénico-sanitaria de las islas al borde del colapso. Pero ni el Gobierno central ni el autonómico quieren responsabilizarse del asunto. Uno por otro, la situación se pudre, dando lugar a que el sentimiento xenófobo crezca o a que algunos responsables públicos, como el alcalde de Las Palmas, del Partido Popular, opte por quitarse de encima a los inmigrantes mediante el expeditivo método de enviarlos a la Península por avión sin contar con nadie.

Ninguna administración pública, estatal, autonómica o local, puede actuar como si los problemas de la inmigración irregular, asistenciales o administrativos, no fueran con ella. Todas tienen que mojarse y aceptar su cuota de responsabilidad. En primer lugar, el Gobierno central, por la sencilla razón de que tiene en sus manos las principales competencias en la materia. Por ello, es impresentable que se demoren o abandonen obras pactadas con el Gobierno canario para construir nuevos centros de acogida y de internamiento de inmigrantes. O que no se haya enviado ningún juez de apoyo a Fuerteventura, la isla más afectada por la llegada de pateras, para que las decisiones de internamiento o expulsión se hagan con todas las garantías del Estado de derecho y no a bulto y sin ver u oír al afectado, según denuncia del Defensor del Pueblo.

Pero la responsabilidad del Gobierno central no acaba ahí. No pocos de los inmigrantes irregulares llegados a Canarias se quedan porque no se sabe a qué país expulsarlos. En estos casos, la Ley de Extranjería no sirve para nada; es papel mojado. Esa bolsa de inmigrantes irregulares sin derechos, que no pueden trabajar, pero que necesitan comer y ser atendidos si caen enfermos, exigiría una política solidaria de reparto entre comunidades autónomas, auspiciada desde el Gobierno, pues es obvio que el problema deborda a Canarias. Sin embargo, el Gobierno ha optado por trasladar a una parte de estos inmigrantes a Madrid y soltarles en sus calles con una orden de expulsión inejecutable y sin posibilidad legal de vivir y trabajar en España. Igual que hizo en su momento el alcalde de Las Palmas, lo que mereció una fuerte reprimenda del Defensor del Pueblo por efectuar el traslado 'sin previsión alguna' y dejar abandonadas a su suerte a personas 'sin medio alguno de vida y sin saber qué hacer'. Luego, el Gobierno dirá que la delincuencia se nutre sobre todo de la inmigración irregular y se quedará tan tranquilo.