Los inmigrantes renuncian a una regularización extraordinaria y aceptan salidas individuales

El encierro en la Universidad Pablo de Olavide dio ayer un giro radical con la decisión de los inmigrantes de renunciar a su reivindicación de una regularización extraordinaria y aceptar las salidas individuales contempladas en la Ley de Extranjería, atendiendo a la situación administrativa de cada uno. Las vías legales que se abren ahora no entrañarían ninguna concesión excepcional del Gobierno, pero el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, cree que, de partida, más del 60% podría acceder a la regularización a medio plazo. De momento, los inmigrantes mantendrán el encierro en el campus.

La primera reunión de José Chamizo con los 17 jefes de grupo de los inmigrantes se prolongó ayer durante más de tres horas, y la segunda más de dos. Al finalizar la matinal, el Defensor del Pueblo explicó que habían aceptado por unanimidad su mediación y, lo que es más trascendental por quebrar la postura que hasta ahora habían mantenido los inmigrantes, las soluciones individuales. Chamizo también dejó claro que sólo intervendría con los inmigrantes, a través de sus 17 representantes, y rechazó la mesa de negociación propuesta por el grupo de apoyo, que incluía la presencia del coordinador local de Unicef en Tánger (Marruecos), Mohamed Serifi.

Este beneplácito, sin embargo, estaba condicionado a la aceptación por parte del resto de inmigrantes, tras ser informados por sus respectivos jefes de grupo, de la propuesta, que contempla salidas administrativas atendiendo a cada caso, recogidas en el informe preparado por la comisión jurídica creada en la UPO la semana pasada. En las asambleas, los inmigrantes respaldaron la decisión de sus jefes de grupo de que se busquen salidas jurídicas para todos dentro de los márgenes de la Ley de Extranjería. Acordaron, sin embargo, que proseguirán con el encierro, sobre cuyo levantamiento no existe unanimidad de criterios.

Los encerrados, que hasta ahora habían exigido la regularización de todos, accedieron ayer a facilitar todos sus datos personales, número de pasaporte y documentación administrativa que acredite que han solicitado algún permiso en España. Más del 60% del colectivo -el grupo de apoyo asegura que son 463- podrá obtener papeles, según estimaciones del Defensor del Pueblo. Su tramitación, sin embargo, seguiría los mismos cauces que la de cualquier inmigrante que acude a una ventanilla a pedir un permiso de trabajo o residencia y se ajustará estrictamente a lo contemplado en la Ley de Extranjería. 'Tendrán las mismas ventajas que cualquiera que esté en la calle', indicó Chamizo.

Para facilitar el seguimiento o la tramitación de los expedientes de los inmigrantes de fuera de Andalucía, el Colegio de Abogados de Sevilla ha contactado con los de Zaragoza, Alicante y Barcelona, que se han mostrado dispuestos a colaborar en el proceso.Sobre el grupo minoritario que lleva poco tiempo de estancia en España y no ha realizado ningún trámite para tratar de legalizar su permanencia, Chamizo rebajó sus esperanzas: 'Tendrán que volver adónde estaban, yo no los voy a engañar'.

A pesar de las dificultades de estos casos, el Defensor pretende utilizar cualquier recurso legal para facilitar salidas viables a todos aunque ayer volvió a reiterar que los encierros 'han dejado de ser un arma para acceder a los papeles'. Sobre el riesgo de detenciones posteriores, Chamizo espantó los temores de los encerrados: 'Los expedientes están en marcha y no creo que deban temer por ello'.