La fiscalía vincula a cargos del Gobierno con concesionarias de obras públicas

La fiscalía de Madrid ha denunciado la supuesta vinculación de altos cargos del Gobierno y ex directores generales con empresas privadas que obtienen contratos de obras públicas. Los afectados están o estuvieron trabajando en el Ministerio de Medio Ambiente y en el de Fomento. En un informe de 59 folios remitido al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, la fiscalía denuncia irregularidades en las gestiones realizadas por responsables de Medio Ambiente para ampliar el embalse de Yesa (Zaragoza), una obra de 150 millones de euros. Entre otros, las presuntas irregularidades afectan al secretario de Estado de Fomento, Benigno Blanco, y al de Aguas y Costas, Pascual Fernández.

También se ven afectados por la denuncia de la fiscalía de Medio Ambiente de Madrid el ex director general de Obras Hidráulicas Carlos Escartín; el de Evaluación e Impacto Ambiental Dolores Carrillo; y el ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro Tomás Sancho. El fiscal ha pedido que la policía investigue el patrimonio de Escartín y Sancho.

Escartín, según el relato del fiscal, perteneció al grupo Endesa entre el 18 de julio de 1994 y el 12 de noviembre de 1996. Endesa tenía interés, a través de su filial Eléctricas Reunidas de Zaragoza, en que se ampliase ese embalse, según el fiscal. A mayor altura de la presa, más aprovechamiento hidroeléctrico, argumenta. La previsión era que la presa, la mayor de la cuenca del Ebro, generase 150 megawatios.

Como Escartín carecía de competencia para resolver sobre el recrecimiento del embalse, su decisión tuvo que ser validada luego por el actual secretario de Estado de Aguas y Costas, Pascual Fernández, según el fiscal.

En la investigación que lleva el Jugado 19 de Madrid, del que es titular Pedro Sanz Pastor, están imputados, de momento, Escartín, Carrillo y el ex secretario general técnico de Medio Ambiente Carlos Vazquez Cobos. En el informe de la fiscalía se denuncian nuevas supuestas irregularidades, que relaciona con Benigno Blanco, Pascual Fernández y Tomás Sancho, según fuentes cercanas al juzgado. La investigación judicial se abrió a raíz de una querella del Ayutanmiento de Artieda (Zaragoza). Este diario no ha recibido respuesta en sus intentos de recabar la versión de Blanco y de Fernández.

Proyecto invalidado

Según la fiscalía, a comienzos de los noventa se creyó necesario aumentar la capacidad del embalse de Yesa para triplicar su volumen. Diversos informes de funcionarios públicos invalidaron su construcción por diversas carencias en los proyectos.

Pero la idea cobró fuerza en el segundo semestre de 1998, precisamente, a raíz del interés que por esta presa mostraron Escartín y Sancho, a quienes movían 'intereses privados', según la fiscalía. Las obras de recrecimiento de Yesa, cuyo coste alcanza los 150 millones de euros, fueron adjudicadas el 20 de diciembre de 2000 por Pascual Fernández a una Unión Temporal de Empresas y llevan más de un año paralizadas. El fiscal de Medio Ambiente explica que en 1998, Blanco, Escartín y Sancho, entre otros, adoptaron 'decisiones claves para sacar adelante' el proyecto.

Blanco, que entonces era secretario de Estado de Aguas y hoy es el número dos de Fomento, firmó un convenio con Sancho por el cual dejó en manos de una empresa de capital público y gestión privada (Aguas de la Cuenca del Ebro, SA) la construcción e inspección de grandes obras hidráulicas.

Según el fiscal, por entonces los citados cargos tenían vinculaciones con empresas privadas. Al frente de Aguas de la Cuenca del Ebro se colocó a quien, a su vez, era presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Tomás Sancho.

Antes de que se hubiese aprobado el recrecimiento de Yesa, Aguas de la Cuenca del Ebro encargó a una empresa privada de la que Sancho 'era apoderado' (Barbany y Sancho, SL) un proyecto para una conducción de agua entre Yesa y Zaragoza. Fue Blanco, según el fiscal, quien demandó el dinero para ello a la Secretaría de Estado de Presupuestos. Y fue Sancho quien adjudicó la redacción del proyecto, por importe de 240 millones de pesetas, a su socio en Barbany y Sancho, SL.

A juicio de la fiscalía, esta obra, aparte de su 'costosísimo' importe, suponía privatizar el transporte y explotación del agua que iban a consumir los vecinos de Zaragoza. Además, era innecesaria, porque en esa época se estaba construyendo el embalse de la Loteta, que abastecería 'sobradamente de agua' a la capital zaragozana. No obstante, a iniciativa de Blanco, el Consejo de Ministros la declaró de interés general.

La ex directora general de Medio Ambiente Dolores Carrillo se vio 'presionada' por Sancho y Escartín, según el fiscal, para tomar la decisión de alzar la cota de la presa a sabiendas de las anomalías que había en el proyecto.