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Reportaje:MUJERES

Sola contra la 'sharia'

Cuando una nigeriana es condenada a muerte por lapidación, inculpada de adulterio o fornicación por un tribunal islámico, el despacho de abogadas de la ONG defensora de los derechos de las mujeres de Nigeria, Baobab, situado en Lagos, pasa rápidamente a la acción.

Ezinne Ndidi, de 32 años y nacida en Umuahia (Estado de Abia, al sureste de Lagos), trabaja para Baobab desde septiembre de 2001. A partir de ese momento abandonó su dedicación al derecho empresarial. Las sentencias a muerte por lapidación suelen practicarse a mujeres que viven en recónditos parajes de los 12 Estados del norte donde se aplica una interpretación penal de la sharia o ley islámica. 'En cuanto sabemos de estas condenas enviamos a alguien a investigar, y cuando disponemos de la información abrimos un proceso legal para recurrir el fallo', comenta.

En el despacho de Baobab trabajan 15 mujeres contra la discriminación de género y la defensa de los derechos humanos. Tiene grupos de investigación en 14 Estados de Nigeria

A la menor sospecha, los grupos de vigilancia de acciones contra el islam las llevan a la policía. Aterrorizadas, reconocen lo que sea. A veces, su propia familia las denuncia

Ezinne Ndidi se ha enfrentado a varios de los castigos crueles derivados de esta interpretación de la sharia. Hasta hace dos años, y desde comienzos del siglo XVIII, la sharia se aplicaba exclusivamente con carácter civil, pero 12 Estados del norte, de mayoría musulmana, la convirtieron en sendos códigos penales, precisamente con la llegada al poder de un civil, el todavía presidente Olusegun Obasanjo, quien proclamó la Constitución de 1999. Una Carta Magna que, por un lado, defiende los derechos humanos, pero, por otro, deja la puerta abierta a unas libertades que los gobernadores utilizan para legislar a su antojo. 'Una contradicción', declara Ndidi, 'que permite que estos gobernadores aprueben leyes que no respetan la Constitución'.

Ndidi vino a España a finales de junio invitada por Amnistía Internacional (AI) para apoyar la campaña de esta ONG en defensa de una condenada a lapidación por adulterio, Amina Lawal, madre de una niña de seis meses, cuya apelación presentada por el despacho de Baobab se verá mañana. AI ha recogido más de 400.000 firmas de apoyo a Amina, que ha presentado en la Embajada de Nigeria en España.

Ezinne Ndidi no puede actuar directamente en muchos de los juicios por cargar con sambenitos como no ser musulmana o no hablar árabe ni hausa, los idiomas que se utilizan en los tribunales islámicos. Aun así, su actividad no conoce descanso. Y sus fórmulas de interpretación de la legalidad sirven para denunciar todo tipo de irregularidades cometidas en los juicios de tribunales islámicos. De Baobab han salido apelaciones de sentencias como la de Safiya Husseini -que finalmente fue absuelta de morir a pedradas el pasado 25 de marzo, y por la que AI y Gobiernos occidentales llevaron a cabo una impresionante campaña mundial-, además de la de Amina Lawal. 'Los mismos jueces que atendieron causas civiles, como divorcios, herencias o litigios relacionados con los hijos, son los que ahora aplican los códigos penales. Y no están preparados', denuncia Ndidi. Que se conozca hasta ahora, otras tres mujeres, una de ellas de 17 años, están pendientes de la revisión de sus casos, dos por adulterio y otro por fornicación.

Las nigerianas sentenciadas a muerte son condenadas muchas veces por el simple hecho de haber confesado prácticas sexuales fuera del matrimonio. En la mayoría de los casos, el juicio se celebra en ausencia de letrados defensores y concurren defectos de forma. 'Son analfabetas, que viven en lugares apartados y desconocen sus derechos', afirma Ndidi. Musulmanas que temen ser tachadas de ser apóstatas si en los interrogatorios niegan las acusaciones, que reconocen su falta inocentemente porque ignoran las consecuencias de sus declaraciones y creen haber ofendido la ley islámica. Habitualmente son denunciadas por los hisbas, o grupos de vigilancia encargados de investigar las actuaciones antiislámicas.

A la menor sospecha, los hisbas las llevan a la policía. 'Como ellas están aterrorizadas, reconocen lo que sea. Y como son analfabetas, contestan a las preguntas aunque no entiendan bien el sentido con tal de liberarse del interrogatorio'. Piensan que todo se queda en eso, en un interrogatorio, desconociendo que detrás viene el juicio que las va a conducir a las puertas de una muerte cruel. A veces son sus propios familiares los que las denuncian, sobre todo si pertenecen a un hisba. Algunas de ellas han sido violadas, pero no se atreven a denunciarlo, y si lo hacen, de poco les sirve si han quedado embarazadas. Ellas necesitan cuatro testigos para probar la violación. Ellos salen absueltos si niegan la relación sexual. A finales de junio, sin embargo, se dictó la primera condena a muerte por lapidación a un hombre acusado de adulterio que raptó a 'la mujer de su vecino'.

Campo de acción

Ndidi, que a diferencia de otras colegas nunca ha sido amenazada, ha llevado con éxito otros casos como los relacionados con delitos contra la propiedad y otras ofensas a la ley islámica. 'No estamos en contra de la sharia, sino de su interpretación penal', aclara.

Su campo de acción abarca la defensa de las condenadas por conductas sexuales (adulterio y relaciones prematrimoniales u homosexuales). También se ocupa de acusaciones en falso sobre adulterio, calumnias, delitos contra la propiedad y por consumo de sustancias tóxicas (como el alcohol). Los castigos de los tribunales islámicos recorren un mosaico cruel en el que a la pena de muerte (horca o lapidación en plaza pública) se añaden la amputación de miembros y la flagelación.

En el despacho de Baobab trabajan 15 mujeres en seis programas contra la discriminación de género y por la defensa de los derechos humanos. Dispone de grupos de investigación en 14 Estados, y son precisamente éstos los que alertan al despacho de Lagos sobre sentencias dictadas en lugares a cuya información hay difícil acceso. A veces son los medios de comunicación del Estado federal, contrario a los códigos penales del norte, los que facilitan las noticias. Se da la circunstancia de que en los Estados en los que se aplica la sharia también existen tribunales no islámicos que no castigan el adulterio con pena de muerte. 'Lo que representa una discriminación entre ciudadanos en función de su religión', señala Ndidi.

Baobab lucha por conseguir que deje de aplicarse 'esta interpretación errónea de la sharia'. 'Nada es demasiado difícil', afirma Ndidi. 'El cambio es un proceso dinámico; el de las leyes, también. Y yo confío en que triunfe', añade con una sonrisa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 7 de julio de 2002

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