Un ex empleado de Sánchez Romero afirma que fue obligado a vetar a operarios 'indios'

G. G. fue uno de los empleados de los supermercados Sánchez Romero que escribieron las anotaciones despectivas sobre algunos de los más de 250 solicitantes de empleo. 'Escribió esas anotaciones, pero obligado por la empresa', aseguró ayer su abogado, Luis Fernando Luján de Frías. La presión fue tal que el pasado abril, G. G. pidió al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación regional que mediase entre él y la empresa porque ésta quería rescindir su contrato. En la petición de mediación aseguraba que la empresa 'no le permitía contratar a personas de color o mujeres divorciadas, casadas o con hijos'.

El abogado de G. G. explicó ayer que su cliente comenzó a trabajar en la cadena Sánchez Romero en 1999. 'Al principio trabajaba como auxiliar administrativo, pero los responsables de la empresa le dieron el presente año mayores competencias y pasó al departamento de recursos humanos, a hacer entrevistas de selección de personal. Él no hacía las contratraciones, sino sólo algunas entrevistas junto a un grupo de personas', contó Luján de Frías. G. G. fue uno de los que realizaron las anotaciones vejatorias sobre las más de 250 solicitudes de empleo, pero, según aseguró su abogado, fue obligado a hacerlo por sus superiores.

'Responsables de Sánchez Romero le obligaban a poner comentarios despectivos según las características de los aspirantes. Después, mi cliente tenía que entregarles los informes', explicó el abogado. Según este letrado, G. G. estuvo realizando esta tarea durante dos meses, pero no pudo soportar más la presión y, además, 'le horrorizaba hacer ese tipo de comentarios'. G. G. decidió dejar su trabajo por estos motivos en abril de este año. Su sueldo en Sánchez Romero era de 660 euros al mes.

G. G. podía haber pedido la rescisión voluntaria de su contrato con la cadena de supermercados y marcharse sin más. Pero se había casado hace unos meses y su situación económica no le permitía despedirse voluntariamente, pese a que deseaba 'huir de la realidad y de las órdenes a que estaba sometido', según el escrito presentado el 24 de abril de 2002 ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y conciliación del Gobierno regional.

G. G. acudió a este organismo para que mediase entre él y su empresa las condiciones de la rescisión del contrato. 'Llegamos finalmente a un acuerdo. Mi cliente dejó Sánchez Romero el pasado mayo y la empresa le abonó 6.000 euros' [un millón de pesetas], según explicó el abogado Luján de Frías. 'Se le violaron derechos fundamentales y se fue', agregó.

'Cubana y con bigote'

Javier Sánchez Romero, director general de la empresa del mismo nombre, culpó el pasado jueves a un ex empleado que llevaba dos meses fuera de la empresa de las anotaciones vejatorias, del tipo 'Cubana y con bigote' o 'No, por gitana y fea', realizadas sobre más de 250 aspirantes a un empleo. Una periodista de la cadena SER había encontrado hace un mes las fichas, de forma casual, en unas bolsas de basura.

En la petición cursada el 24 de abril ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, G. G. afirmaba: 'La empresa no me permite contratar mujeres casadas, divorciadas o con hijos; se me prohíbe la contratación de personas de razas de color, árabes o con 'rasgos indios', referidos a peruanos, ecuatorianos, colombianos, salvo alguna excepción donde no se aprecie visiblemente su raza'.

La demanda continuaba: 'No se me permite contratar a personas que hayan demandado con anterioridad a una empresa en procesos de despido o que pertenezcan a un sindicato. Tampoco a personas mayores de 35 años que hayan trabajado en múltiples empresas'. Este periódico intentó ayer, sin éxito, ponerse en contacto varias veces con el empresario Javier Sánchez Romero.

'Si lo que poníamos en la demanda no era verdad, ¿por qué Sánchez Romero no puso entonces una querella por injurias y prefirió pactar un acuerdo con G. G.?', pregunta el abogado. En la demanda, además, G. G. decía: 'Se me imponen órdenes que me piden que no sólo vulnere la legalidad vigente, sino los propios criterios éticos de una profesión, causando, no sólo un perjuicio a mi desarrollo profesional, sino infligiéndome un daño moral'.

¿Por qué G. G, a pesar de asegurar que se sentía presionado, entró en el juego y realizó las anotaciones, algunas incluso en tono pretendidamente jocoso? 'Esos comentarios los hacía porque luego los tenían que leer sus superiores y le exigían una cierta complicidad', aseguró Luján de Frías. 'Sánchez Romero debería de iniciar una investigación en su empresa porque este asunto no es sólo cosa de una persona, sino que los responsables estaban al tanto', dijo.

El letrado añadió que su cliente no fue el único obligado a hacer las anotaciones vejatorias y xenófobas. 'En el equipo había dos o tres personas más que estaban presionadas por lo mismo. Sólo hay que ver que las notas sobre las peticiones de empleo tienen distintos tipos de letra', comentó.

¿Por qué G. G. no denunció antes los hechos que, según él, ocurrían en la cadena de supermercados? 'Él prefirió emprender en su momento las acciones legales correspondientes para tener una salida indemnizada de la empresa y no quiso darle publicidad a los hechos', justificó su abogado. El presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró ayer que la Inspección de Trabajo comprobará si la empresa Sánchez Romero atendió los criterios 'absolutamente reprochables' de su 'innombrable selector' de personal. 'Si ésos son los criterios determinantes', declaró, 'para decidir si se contrata o no [a un trabajador], entran en choque con los valores de la Constitución y merecen el análisis de quién fue la persona que estableció esos criterios, y lo más importante, si la empresa asumió esos criterios. Porque si fue así, la empresa tiene exactamente la misma responsabilidad'.

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, despachó así el asunto: 'Ha sido un empleado que fue despedido y de alguna manera ha querido hacer una faena a la empresa. No tenemos nada que decir sobre una cuestión de carácter privado'.