El Superior establece como 'ineludible' la consulta al Consejo del Euskera

Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) dio ayer el golpe de gracia definitivo a la reforma lingüística impulsada por el Gobierno de Navarra desde el año 2000 para reducir el uso y valoración del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad foral. De manera unánime, los seis magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN califican de 'nulo radical y de pleno derecho' el decreto foral 372/2000 aprobado por el Ejecutivo de UPN que preside Miguel Sanz y sobre el que se vertebraron después diversos planes zonales que reducían sensiblemente la presencia y requisito de la lengua vasca en rotulaciones callejeras, imagen corporativa, trámites documentales, atención al ciudadano y provisión de puestos de trabajo.

El día anterior, la misma Sala había anulado por los mismos motivos uno de esos planes, el relativo a la zona vascófona. Ayer, la fundación Euskara Kultur Elkargoa dio a conocer la nueva resolución judicial, que afecta al decreto troncal de la reforma, y en la que, estimando un nuevo recurso, se reitera que el Gobierno de Navarra tramitó sus planes obviando dos trámites preceptivos de vital importancia para 'la garantía de acierto' de la normalización lingüística: los informes que debían haber emitido el Consejo Navarro del Euskera y la Dirección General de la Función Pública.

En el caso del decreto que desarrolla restrictivamente la Ley del Vascuence, la sentencia considera 'ineludible' contar con la opinión del consejo asesor creado por esa misma ley.

El Ejecutivo foral se enfrenta ahora a un grave problema. La resolución del TSJN es firme y no recurrible ante instancias judiciales nacionales, según Euskara Kultur Elkargoa (Asociación Cultural Euskera), dado que la legislación vulnerada por UPN afecta al ámbito territorial navarro y no al nacional. Por otro lado, la subsanación de uno de los defectos, el preceptivo informe del Consejo Navarro del Euskera, será muy compleja, ya que no existe desde que la mayoría de sus miembros dimitió en bloque por discrepancias con la política lingüística de UPN.

La sentencia del TSJN considera 'fuera de toda duda' que la creación del Consejo del Euskera como entidad asesora y consultiva del Gobierno se vio como una 'necesidad ineludible' para todo lo relativo a la normalización lingüística, y añade que 'difícilmente se logrará sin la existencia de tal órgano', creado en 1996 mediante decreto foral. Por ello, los jueces no tienen dudas sobre la obligación del Ejecutivo de consultar al consejo para desarrollar sus planes lingüísticos cuando éstos son 'planes generales' o 'proyectos normativos'. Atendiendo a la filosofía de la creación del consejo, la Sala añade que aceptar una potestad facultativa del Gobierno para consultarlo o no 'conduce al absurdo, pues de nada sirve crear un Consejo que se estima de ineludible necesidad y sin cuya colaboración difícilmente se lograrán los fines pretendidos'.

Ninguna de las sentencias emitidas hasta ahora (quedan por resolver al menos trece recursos de similar factura) ha entrado a analizar el fondo de la cuestión. José Luis Mendoza, presidente de Euskara Kultur Elkargoa, se preguntó qué responsabilidades de todo tipo se derivarán ahora de las plantillas orgánicas y las convocatorias de empleo público ofertadas en el último año y medio en las administraciones navarras sobre la base del decreto anulado, cuyos resultados podrán ser recurridos por los afectados.

El director general de Universidades y Política Lingüística, Pedro Pegenaute, expresó, por su parte, el acatamiento del Gobierno a las resoluciones judiciales. Pegenaute anunció que el Ejecutivo trabajará para subsanar los errores de forma, adaptándolos a la normativa exigida por los tribunales, aunque reconoció que el consejo Navarro del Euskera 'no es operativo' en al actualidad.

Portavoces de EA-PNV, IU y Batzarre indicaron ayer que la anulación de los planes de UPN son una buena oportunidad para recuperar la 'concordia lingüística' en Navarra y recuperar el consenso que brindó la ley foral del Euskera de 1986, que sólo UPN y Batasuna rechazaron en su día.

El secretario general de UPN, Alberto Catalán, restó importancia a las sentencias y señaló que nadie debe olvidar que la política lingüística de Navarra la dicta el Gobierno de Miguel Sanz. El decreto ahora anulado extendía a la zona vascófona de Navarra la regulación que afecta a la zona mixta, en la que se incluye Pamplona y su comarca. Ello significó una sensible reducción de la oferta de puestos de trabajo en los que el conocimiento del euskera se consideraba requisito y restricciones del bilinguismo en señalizaciones públicas y documentación oficial.