El Superior anula la reforma del Gobierno navarro que recortaba el uso del euskera

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) propinó ayer un varapalo a la reforma lingüística sobre el uso del euskera en las administraciones públicas aprobada el año pasado por el Gobierno de UPN. Esta reforma establecía notables recortes respecto a la normativa anterior en la zona norte de la Comunidad foral, donde la lengua vasca es cooficial. Estimando parcialmente el recurso de los ayuntamientos de Lekunberri y Lesaka, con alcaldes de EA y PNV, respectivamente, así como por la concejala de IU de Pamplona Idoia Saralegi y la parlamentaria de Batzarre Milagros Rubio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN anula la aprobación del plan por entender que se adoptó prescindiendo de dos trámites 'esenciales': los informes previos del Consejo Navarro del Euskera y de la Dirección General de la Función Pública. Subsanar una de esas carencias, el informe del primer órgano, será especialmente complejo, dado que el consejo asesor del euskera no existe desde que sus miembros dimitieran en bloque en desacuerdo con la actuación de UPN.

El acuerdo del Gobierno navarro anulado por el Tribunal Superior introducía notables recortes en el uso del euskera en la imagen corporativa y en la atención al ciudadano de los ayuntamientos vascófonos, así como en la gestión de los servicios de la Administración foral ubicados en el norte de la comunidad, donde el euskera es lengua cooficial y el 57,6% de la población es vascoparlante.

Asimismo, el plan abordaba la provisión de puestos de trabajo en la función pública limitando el requisito de conocimiento preceptivo del vascuence a las convocatorias de traductores y docentes y valorando en un máximo de un 5,5% sobre la puntuación total de las convocatorias los conocimientos de euskera en las plazas en que este idioma se estimase como mérito, además de otorgar un 5% al conocimiento de otros idiomas comunitarios como el alemán, inglés y francés para la provisión de puestos en la misma zona.

El TSJN dice en su sentencia que 'extraña sobremanera' que el Gobierno de Miguel Sanz no oyera previamente al Consejo Navarro del Euskera, creado por el Ejecutivo foral en 1996 para este tipo de objetivos, dado que su informe al respecto 'resulta preceptivo' de acuerdo a los motivos de la materia de que se trata. Al igual que los miembros del consejo, la plana mayor de la Dirección General de Política Lingüística dimitió posteriormente en desacuerdo con la política sobre el euskera aplicada por UPN. El presidente Sanz aprovechó esta circunstancia para remodelar el organigrama administrativo y crear una dirección común de Política Lingüística y Universidades que dirige Pedro Pegenaute.

Respecto al informe de la Dirección General de la Función Pública, los jueces justifican su exigencia en el hecho de que la nueva regulación introducida por UPN afecta a un aspecto fundamental de la misma, la provisión de puestos de trabajo, con relevancia constitucional relativa a los principios de mérito y capacidad recogidos en el artículo 103.3 de la Carta Magna. Todo lo cual 'hace inexcusable', indica el TSJN, el informe que el Gobierno obvió en la tramitación de su controvertida reforma lingüística.