El fiscal del 'caso Ardystil' pide cárcel a 10 empresarios
El fiscal pide penas de uno a seis años a 10 empresarios y gerentes
La Audiencia de Alicante ha dado 'absoluta' prioridad al juicio del síndrome Ardystil -proceso a empresarios textiles de Alcoy por la muerte de siete trabajadores-. El tribunal ha designado a la magistrada Viturdes López para que se ocupe en exclusiva caso, que acaba de llegar a la Audiencia tras diez años de instrucción. El fiscal ha procesado a 10 personas a las que pide penas de uno a seis años de cárcel.
La magistrada Virtudes López será, además, la ponente del tribunal que verá el caso, la sección tercera de la Audiencia de Alicante. La juez anunció ayer que a lo largo de este mes se ocupará en exclusiva de los trámites preliminares para fijar la celebración de vista oral, 'entre ellos leer la causa, que ocupa 15.000 folios', matizó.
La magistrada señaló que ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)que asigne un magistrado de apoyo a la sección tercera, 'para poder dedicarme en exclusiva al caso Ardystil', recalcó. López se mostró optimista y confiada en que el CGPJ sea receptivo a su demanda. 'Creo es que razonable', precisó. 'Estamos ante un caso en el que, después de 10 años de instrucción, no se puede hacer esperar más a los afectados'.
Con todo, la magistrada indicó que la vista oral no se celebrará hasta principios de 2003. 'Si todo va bien, y en función de los recursos que planteen las partes acusadas', puntualizó. La vista oral se desarrollará en la sala multiusos del nuevo palacio de justicia de Alicante, en el barrio de Benalúa. López estimó que el juicio se prolongará por espacio de dos o tres meses. Además, la magistrada también indicó que la sala ha reclamado un traductor informático ante la previsible y abundante cantidad de términos médicos que se manejarán durante la vista.
El denominado síndrome Ardystil se originó en 1992 entre empleados de distintas empresas de la aerografía textil del Alcoy. Desde entonces siete operarios han fallecido y, según la acusación pública, la enfermedad ha afectado a otras 75 personas.
El fiscal, en su escrito de calificación inicial, ha procesado a 10 personas -gerentes y propietarios de las empresas- para los que pide penas de entre uno y seis años de cárcel. Además, esta parte también ha declarado responsables civiles subsidiarios a cinco empresas, tres químicas y cuatro compañías aseguradoras.
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