La Generalitat sigue autorizando granjas de cerdos pese al anuncio de moratoria de Felip Puig

El problema de la contaminación por purines -residuos generados por los cerdos- que sufre Cataluña acabará en el Tribunal de Luxemburgo. La Comisión Europea ha acordado denunciar a España, y por extensión al Gobierno catalán, por su falta de diligencia en abordar este problema de salud pública que afecta a 26 de las 41 comarcas catalanas. La comisión acusa a la Generalitat de incumplir cuatro directivas al no tomar medidas para evitar esta contaminación en 34 municipios del Empordà, encubrir los problemas y no informar sobre la toxicidad del agua de consumo humano.

Marta Lacambra, directora de la Agencia Catalana del Agua, señaló ayer que las reclamaciones de los ecologistas ante la UE sobre el incumplimiento de las cuatro directivas comunitarias data de hace dos años y medio y que 'desde entonces se han aplicado cuatro programas para reducir la presencia de nitratos' en las capas freáticas. Lacambra admitió, no obstante, que en la zona del Empordà 'los nitratos en el agua, aunque han bajado, continúan estando presentes en fuentes y ríos'. Y aseguró que el agua de boca es apta para el consumo humano.

Los ecologistas del Grup de Defensa del Ter (GDT), impulsores de las denuncias ante las instituciones europeas, consideran que el problema de los purines es grave en el Baix Empordà, donde el acuífero del Baix Ter, que suministra agua potable a unos 40 municipios, tiene un índice de nitratos -sales presentes en los purines- muy superior a lo permitido por la Unión Europea.

Mientras que el máximo autorizado es una concentración de 50 miligramos por litro de agua, algunos de estos municipios llegan a 300 miligramos por litro, lo cual les está obligando a cerrar pozos y buscar nuevos suministros de agua potable. 'Y éstos no siempre existen', afirmó ayer el presidente del GDT, Rafa Garrido, quien recordó que la principal fuente de contaminación por nitratos son las granjas de cerdos, que en los últimos años han proliferado de forma espectacular en varias comarcas catalanas.

El censo oficial de la Generalitat, previo al brote de peste porcina que ha afectado a Lleida y Osona en el último año, cifra en seis millones de cabezas la cabaña porcina catalana. Fuentes no oficiales explican que podría haber hasta 10 millones, y ello supone graves problemas ambientales, ya que los campos de las zonas agrícolas, donde suelen verterse los purines como fertilizantes, no llegan a absorber tal cantidad de residuos. Los ecologistas del GDT recuerdan que el purín no es malo en sí mismo, ya que es un excelente fertilizante. El problema es cuando se vierte sin control en grandes cantidades. 'Esto es un residuo, y como tal debería ser tratado'.

Cuando se vierte más purín del que necesita la tierra, éste se filtra hasta los acuíferos y los saliniza de tal forma que es muy difícil recuperarlos. Los nitratos presentes en los purines son potenciales agentes cancerígenos y causan neoplasias en el tracto digestivo, como cánceres de estómago y esófago. También pueden ocasionar enfermedades graves en niños, sobre todo lactantes, según ha revelado recientemente la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer.

Ante este problema, los pueblos del Empordà que no tienen otro recurso hídrico que el agua de sus pozos contaminados, iniciaron hace tres años una cruzada para conseguir que las granjas dejen de contaminar sus acuíferos. 'Nadie nos ha escuchado', dijo ayer la militante del GDT Dolors Caminal al recordar su periplo infructuoso por los departamentos de Sanidad y Agricultura, la Fiscalía de Medio Ambiente y hasta el Síndic de Greuges. Caminal recuerda que las empresas de engorde de ganado porcino, a menudo grandes corporaciones empresariales, 'son casi las únicas que no tienen que tratar sus residuos, lo que les da grandes beneficios'.

Ante la petición de los ecologistas y tras investigar el problema, La Unión Europea inició hace dos años un procedimiento sancionador que ha desembocado en la denuncia que ayer trascendió. Durante estos dos años la Comisión ha solicitado a la Generalitat los informes sobre qué actuaciones está haciendo para resolver el problema de la contaminación de los acuíferos. Finalmente ha optado por la denuncia ante el tribunal europeo. Los ecologistas lo interpretan como un éxito y un fracaso a la vez. 'Estamos contentos porque al fin una institución comprende el alcance del problema, pero es muy triste que haya tenido que ser la Comisión Europea y no nuestro Gobierno quien nos haya escuchado'.

A finales de 2000, el entonces consejero de Medio Ambiente, Felip Puig, anunció una moratoria para la construcción y ampliación de granjas en las zonas más afectadas por la contaminación por purines, un total de 203 municipios. Los ecologistas del GDT (Grupo de Defensa del Ter), sostienen, sin embargo que en este periodo se han construido o ampliado al menos 30 granjas sólo en Osona, una de las comarcas más contaminadas por los purines. Según Agricultura estas granjas ya habían obtenido el permiso antes del anuncio de la moratoria, por lo que son perfectamente legales.

Ayer por la tarde portavoces del Departamento de Medio Ambiente, cuyos máximos responsables se encontraban de visita oficial a Marruecos, indicaron que el gobierno catalán no tenía aún 'constancia oficial' de la denuncia. Una portavoz de la representación española en Bruselas afirmó tener constancia de la denuncia pero no quiso valorarla a la espera de que ésta llegue a su destino, el Ministerio de Exteriores, que a su vez la transmitirá al Departamento de Presidencia de la Generalitat y, posteriormente, al de Medio Ambiente.

Cataluña tiene 3,1 millones de toneladas de excedente de purín, sobre una producción anual de 10 millones de toneladas. Y es que cada uno de los cerdos que se están engordando en las granjas catalanas producirá, al final de su vida, 0,6 metros cúbicos de purín, la mayor parte del cual irá a parar directamente a un campo y sólo una pequeña parte a las plantas de tratamiento de purines que la Generalitat ha estado avalando los últimos años.

El Gobierno catalán impulsó en 1999 un proyecto que preveía la construcción de 25 plantas de tratamiento de purín, de las que sólo dos han entrado en funcionamiento. Además siguen funcionando bajo mínimos a causa de un rosario de problemas técnicos que siguen sin solucionarse y que causan las iras de ganaderos y vecinos. Estos problemas técnicos y las protestas por las molestias han llevado a la Generalitat a frenar, de momento, la construcción de nuevas plantas.