ETA y Batasuna

LA VÍSPERA de que el Senado votase la Ley de Partidos ya aprobada por el Congreso, varios parlamentarios del PNV y EA (escoltados por el coordinador de IU) registraron en la Cámara Baja un Manifiesto de 1.371 cargos electos vascos exigiendo su retirada de 'modo inmediato'; la razón de ese tajante rechazo no es tanto la prudencia (el temor a 'la polarización, el enfrentamiento y la fractura' de la sociedad vasca) como la supuesta defensa de los principios y valores del sistema democrático. La presencia de tres consejeros del Gobierno de Ibarretexe y del presidente del PNV en la manifestación convocada dos semanas antes en Bilbao por el nacionalismo radical para protestar contra la eventual ilegalización de Batasuna había anticipado esa actitud.

Una vez aceptadas las enmiendas del PSOE y de CiU al proyecto del Gobierno, las acusaciones de PNV, EA e IU de que el nuevo texto ataca la libertad ideológica y el pluralismo político son infundadas

La pastoral difundida a finales de mayo por los obispos vascos, alineados con las posiciones nacionalistas, utiliza al respecto sobre todo argumentos prudenciales. Preparar la paz renuncia a 'valorar los aspectos técnicos' del proyecto de Ley de Partidos, considera 'precipitada' (al menos por el momento) 'una valoración moral ponderada' de los contenidos y se declara incapaz de 'prever todos los efectos de signo contrapuesto' de su futura aplicación. Pero estas cautelas no impiden a los obispos mostrar a renglón seguido su desvelo 'como pastores' por las 'consecuencias sombrías' -consideradas ahora 'sólidamente probables'- de una eventual ilegalización de Batasuna para 'la convivencia y 'la causa de la paz' en el País Vasco.

Si el pálpito pesimista de la pastoral respecto a los efectos perversos de la Ley de Partidos expresase únicamente el razonable temor de sus autores, la invocación episcopal a la prudencia no merecería ser objeto de maliciosos juicios de intención sobre la hipocresía eclesiástica. Pero los obispos abandonan el terreno del pragmatismo y se meten en un envenenado jardín al afirmar que esas altamente probables consecuencias indeseadas 'deberían ser evitadas' a cualquier precio 'sean cuales fueren las relaciones existentes entre Batasuna y ETA'.

El Manifiesto de los Electos lleva hasta sus últimas consecuencias el deslizamiento episcopal desde la pragmática aplicación del principio del mal menor hasta la defensa doctrinaria de los derechos de Batasuna: la Ley de Partidos pretende 'la ilegalización de las ideas', ataca ' la libertad ideológica', constituye 'una agresión al pluralismo político', significa 'otra vuelta de tuerca contra el sistema de libertades públicas', persigue 'al discrepante político' y se propone 'dejar sin representación' a una 'parte importante' de la sociedad vasca. La acusación es falsa. Cabe discutir si el camino judicial mas adecuado para la ilegalización de Batasuna es la vía penal o la vía civil: el rigor probatorio del procedimiento criminal es el precio de una mayor seguridad jurídica. Es igualmente cierto que la presión inicial del Gobierno para imponer de forma unilateral su tosco borrador a las restantes fuerzas políticas fue un regalo a los nacionalistas; sin embargo, las enmiendas del PSOE y CiU subsanaron los defectos sustantivos del texto, pese a que su redacción final siga arrastrando defectos técnicos y aspectos controvertibles de origen. También es verdad que la decisión del Gobierno de instar ante el Supremo la disolución de Batasuna (la Ley de Partidos entrará en vigor durante los próximos días) debe abrir un espacio a la prudencia.

Pero si Batasuna es -como atestigua la vida cotidiana en el País Vasco- no sólo el brazo electoral de ETA sino también una pieza básica de su entramado organizativo, la apelación del Manifiesto de Electos a las libertades y al pluralismo para oponerse a su ilegalización es un insulto a la moral cívica, al sistema democrático y al Estado de derecho. La afirmación de que la Ley de Partidos permitiría disolver una formación política sólo 'por el contenido de su proyecto' es un burdo embuste: la norma tan sólo pretende impedir que la segunda marca de una organización terrorista disponga de sedes abiertas en pueblos y ciudades, se presente a las elecciones, reciba subvenciones públicas, tenga portavoces en parlamentos y ayuntamientos, recaude extorsiones mafiosas, suministre cobertura cómplice a los asesinos y reclute activistas de refresco para sus comandos.