El mundo, contra Washington

Más de un centenar de parlamentarios europeos y latinoamericanos, reunidos en Madrid, pidieron ayer a los países que no han ratificado el estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) que 'se abstengan de adoptar ninguna medida que perturbe o impida el funcionamiento' del tribunal. En la declaración final de una conferencia celebrada en la sede del Senado español, los parlamentarios expresan 'su profunda preocupación' sobre el proyecto de ley American Servicemenbers' Protection Act (ASPA), actualmente en trámite en el Congreso de EE UU, 'que podría socavar la Corte Penal Internacional'.

Con esa ley, EE UU pretende impedir que los miembros de su Gobierno y sus Fuerzas Armadas sean procesados por la CPI. Washington, con Bill Clinton todavía en la Casa Blanca, suscribió el Estatuto de Roma, que en 1998 dio origen al tribunal internacional, pero George W. Bush se echó atrás y retiró la firma, para decepción de sus principales aliados, especialmente de la Unión Europea (UE).

El embajador español ante la Comisión Preparatoria de la CPI, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, cree que, de aprobarse definitivamente la ley, EE UU 'volvería enteramente la espalda al tribunal y le negaría toda virtualidad, al menos en lo que a ese país se refiere'.

¿Podrá funcionar el CPI sin EE UU? La mayoría de los asistentes a la conferencia de Madrid opina que sí, aunque muchos reconocen que el tribunal nacerá con serias limitaciones. 'Indudablemente, su eficacia se ve afectada', afirma Yáñez-Barnuevo, uno de los diplomáticos más activos en el proceso de creación de la CPI. 'Lo que hay que buscar es la manera de que EE UU no cierre la puerta a una colaboración con la Corte'.

La ex comisaria europea Emma Bonino piensa que lo importante ahora es que la comunidad internacional siga presionando a Washington para que se sume al proceso y vaticina que, igual que China, 'en un plazo de diez años estarán con nosotros'. Yáñez-Barnuevo comparte ese optimismo: 'Cabe esperar que muchos en Washington cambien de opinión cuando observen el funcionamiento efectivo de la Corte y comprueben que va a tratarse de una institución judicial independiente e imparcial, cuyos procedimientos estarán rodeados de todas las garantías necesarias en los sistemas jurídicos más avanzados'.

Tras las recientes adhesiones de Namibia y, ayer mismo, Bolivia, son ya 71 los países que han firmado el Estatuto de Roma, que entrará en vigor el próximo lunes. Los parlamentarios europeos y latinoamericanos reunidos en Madrid pidieron ayer a todos los Estados que aún no lo hayan hecho que aceleren los procedimientos para ratificar o adherirse al Estatuto.

Yáñez-Barnuevo espera que al menos la mitad de los países del mundo, entre 90 y 95, formen parte de la Corte cuando ésta comience a funcionar, en la primavera de 2003, y que en ella estén representadas todas las regiones, regímenes jurídicos y culturas. A comienzos del año que viene comenzará el proceso de selección de los jueces del tribunal, que tendrá como sede La Haya. La mayoría de los países que han ratificado el Estatuto de Roma son europeos, latinoamericanos y africanos, por lo que en los próximos meses, los esfuerzos de los impulsores del tribunal irán destinados a recabar el apoyo de las naciones de Asia, la antigua Unión Soviética y el mundo árabe.

En una señal de apoyo a Colombia, la declaración final de la conferencia de Madrid acordó también condenar el terrorismo y urgir la inmediata liberación de todas las personas secuestradas. En abril de 2003, los parlamentarios volverán a reunirse en ese país.