La Junta quiere que los sindicatos apoyen la ley de función pública

La consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Carmen Hermosín, les pidió ayer a los representantes sindicales de CSI-CSIF, UGT y CC OO un esfuerzo para que el anteproyecto de la futura ley autonómica de función pública se apruebe cuanto antes y con el visto bueno de todas las partes. La consejera entregó a los sindicatos el borrador del citado anteproyecto de ley en el que, entre otras cosas, se incluye una reforma del sistema retributivo para incentivar a los funcionarios con bonificaciones por rendimiento.

Tras su reunión con los representantes sindicales, Hermosín sostuvo que Andalucía necesitaba contar con una ley propia al no haberse aprobado aún en el Parlamento estatal el Estatuto Básico de la Función Pública que, según la consejera, 'el Gobierno lo tiene guardado en un cajón'. Para Hermosín, la ley autonómica facilitaría la modernización de la administración como gestor.

Así, con la citada norma se pretende avanzar en la profesionalización de los empleados públicos -unos 300.000 en Andalucía- así como crear un marco normativo integral útil y flexible que afecte a todas las administraciones presentes en la comunidad: estatal, autonómica, local y universidad pública.

Entre los ejes más importantes que se quiere incluir en la ley se encuentra la reforma del sistema retributivo, para que el sueldo de los funcionarios se base en el complemento de categoría, y éste, a su vez, se determine según la posición en la carrera pública y el rendimiento laboral. En este sentido, Hermosín explicó que el rendimiento se evaluaría a través de parámetros preestablecidos, los medios y capacidades reales de las unidades y con procedimientos objetivos. Este es uno de los puntos que más trabajo conjunto requerirá para alcanzar el consenso deseado por el Ejecutivo andaluz.

Cautela de los sindicatos

Los sindicatos, por su parte, se mostraron cautos a la hora de analizar el anteproyecto en general y este punto en particular. Así, mientras que el presidente de CSI-CSIF a escala autonómica en Administración, Rafael Hurtado, dijo que estaba de acuerdo con los incentivos a los funcionarios, el secretario general del área en UGT de Andalucía, Antonio Tirado, puntualizó que era complicado de aplicar. Desde CC OO, Felipe Falcó, prefirió darse una tiempo de análisis antes de evaluar el anteproyecto.

Sobre los posibles conflictos e incluso la oportunidad de promulgar esta ley antes de que el Parlamento estatal apruebe la reforma del Estatuto Básico de la Función Pública, la responsable andaluza de Administración Pública indicó que su intención no era entrar en un conflicto competencial con el Gobierno central, por lo que el documento se desarrolló con el mayor respeto posible: 'Pero no podíamos basarnos en un marco normativo del año 1984'.