El pleno de Málaga decide por unanimidad imputar a Limasa los gastos extras de la huelga de limpieza

El pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó ayer por unanimidad una propuesta de Izquierda Unida para que se imputen a la empresa de limpieza Limasa los gastos extraordinarios generados por la huelga de basuras que padeció la ciudad durante una semana y terminó el pasado martes. IU también planteó, sin éxito, la reprobación del alcalde y la municipalización del servicio. El montante total de estos gastos rondará los 530.000 euros. La mayoría popular aprobó una petición a la Junta para que 'regule objetivamente los servicios mínimos en huelgas de servicios básicos'.

El portavoz de Izquierda Unida, Rafael Rodríguez, dirigió en primer lugar sus críticas a la empresa de limpieza, Limasa: 'La recogida de basuras de Málaga es uno de los servicios más caros de España; por habitante y año en Sevilla sale por 11.387 y en Córdoba por 11.782 con servicios municipalizados, mientras en Málaga sale por 15.162'. Rodríguez añadió que Limasa, una empresa mixta en la que el Ayuntamiento tiene el 49%, 'tiene unos beneficios de 500 millones de pesetas al año'.

El portavoz de IU acusó al alcalde de 'esconderse' en este conflicto: 'En el período democrático no ha habido en Málaga un alcalde que haya mandado menos que usted, ni que haya resuelto menos problemas'. IU pidió la reprobación del alcalde y la municipalización del servicio. Ambas iniciativas contaron con el apoyo del PSOE y los votos en contra de la mayoría popular. La tercera propuesta de Izquierda Unida, imputar a Limasa todos los gastos extra de la huelga, fue aceptada por todos los grupos.

En este capítulo hay dos partidas, una es el pago a las empresas privadas de la construcción que desde el martes por la noche y durante 72 horas intervinieron en la retirada masiva de basuras. El alcalde informó el martes que esa contratación alcanzaría un máximo de 330.000 euros. La segunda partida será la reposición de los 350 contenedores de basura destruidos durante la huelga, que pueden costar unos 200.000 euros.

El PP también sacó adelante, en solitario, tres propuestas: Instar a la Junta a regular normativamente con criterios objetivos los servicios mínimos en casos de huelgas en servicios básicos; pedir a la Junta el cese del consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, 'por no haber contestado a las tres peticiones de aumento de los servicios mínimos, cifrados en el 16%', y solicitar también el cese del delegado de la Consejería de Salud 'por sus declaraciones afirmando que hasta que los malagueños no se comieran las cucarachas no habría un problema sanitario', según indicó la concejal de Medio Ambiente Carolina España.

En nombre del PSOE, Francisco Trigueros reprochó al equipo de gobierno popular 'su entreguismo' con los socios particulares de Limasa y puso en duda que el Ayuntamiento sea capaz de rescatar la concesión a esta empresa que se ha hecho para 16 años.

El pleno también sirvió para que se estrenara como portavoz socialista su candidata a la Alcaldía, Marisa Bustinduy, que defendió una moción de su grupo para reprobar la actitud del Gobierno por no admitir que el edificio de la Aduana, actual sede de la Subdelegación del Gobierno, albergue el museo provincial de Bellas Artes y Arqueológico. Bustinduy utilizó una docena de escritos del Gobierno de este año que dejan en entredicho la pretensión del alcalde de sumarse a la petición ciudadana. La mayoría popular rechazó esta iniciativa.