El sueldo de los políticos

Como sucedió hace unos meses con las pensiones a diputados del Parlamento Vasco, la iniciativa de dotar de un estatuto, un trabajo y un sueldo a los ex presidentes de la Comunidad ha desatado las manifestaciones demagógicas que parecen ser de rigor en estos casos. Particularmente demagógicas en el caso de la propuesta de que se trata, porque aquí no estamos ante un viático o una pensión: a los ex presidentes se les da un trabajo y se les paga por ello. No veo que eso tenga nada de vergonzoso, más bien merecería ese calificativo derogatorio el que se les asignara una tarea y se prohibiera que la misma fuere remunerada. Oferta que no dudo escandalizaría a la totalidad manifiesta de los fariseos que andan rasgándose las vestiduras, si se la hicieran a ellos, claro está. Uno hace años que está de acuerdo con el principio sentado por el santo patrono de la institución en que trabaja: el que se dedica al altar debe vivir del altar. Claro que el autor del dicho era judío, y además rabino.

Resulta curioso contrastar la acogida de la medida que comento con el anuncio del señor Rajoy de que va a subir los sueldos (más bien magros) de Policía Nacional y Guardia Civil, porque estos son inferiores a los que perciben policías autonómicos y no pocos municipales. Se cae por su propio peso que un escenario de sueldos bajos en si mismos y, además, inferiores a los de la competencia no facilita que la Guardia Civil o la Policía Nacional recluten nuevos y buenos candidatos, siendo esa una de las razones por las que dotación de personal de tales cuerpos describe una curva descendente desde hace años. Por eso nadie ha levantado la voz ante la propuesta del señor Rajoy si no es para apoyarla.

Pues miren ustedes, con el resto de los funcionarios públicos, y con los políticos pasa exactamente igual, y exactamente por las mismas razones: con el prestigio no se compra en los supermercados.

Aflora aquí un problema estructural de nuestro Estado: pagamos mejor que el sector privado, y ofrecemos mejores condiciones de trabajo al personal de baja cualificación, por eso en ese terreno las administraciones públicas tienen mejor personal que el sector privado, que o bien paga menos, o bien ofrece peores condiciones, o ambas cosas a la vez. En contrapartida pagamos peor que el sector privado al personal de elevadas cualificaciones, cuanto más exigentes sean éstas tanto mayor es la desventaja para el sector público. Por eso desde hace años es un problema crónico el de la fuga de cerebros del Estado a la empresa privada. Como le dijo al entonces alcalde de Barcelona un conocido dirigente empresarial. 'Tú coges a chicos recién salidos de la oposición, que no saben nada, los tienes trabajando cuatro o cinco años y entonces, cuando ya saben, llego yo les pago el doble o el triple y me los llevo. ¡Y no sabes lo baratos que me salen!',fin de la cita.

Pues bien, parecidos mecanismos operan con el personal político, al extremo de que comienza a no ser rara entre nosotros la práctica norteamericana de extraer cuadros y ejecutivos del sector privado de entre las personas con experiencia en cargos directivos de la política o la administración. Con los riesgos de amiguismo y corrupción que son inherentes a un sistema así.

Porque no hay que llamarse a engaño: contar con los concejales, los diputados o los directores generales mas baratos de la Unión Europea acaba saliendo carísimo para el bolsillo del contribuyente. De una parte porque el personal cualificado que adquiere experiencia es un producto escaso y de difícil recambio y sustitución. De la otra porque ofertar sueldos bajos es una receta infalible para que, a la larga, el personal que obtengamos tenga cualificaciones también bajas. Del mismo modo que si pagamos dos mil euros al mes a los ingenieros acabaremos por tener ingenieros de dos mil euros, porque los que merezcan más se los llevará la competencia, si pagamos dos mil euros a los diputados no esperemos tener nada mejor que diputados de dos mil euros. Nadie da duros a cuatro pesetas. Y donde dice diputados escriban ustedes lo que quieran, de concejales a presidentes del Gobierno.

Yo entendería que se defendieran los bajos sueldos de administradores y políticos desde la defensa del Estado mínimo y el fundamentalismo de mercado, ya que un discurso así en esa boca resulta funcional con los intereses privados. No entiendo que se critique desde posiciones o formaciones que se pretenden progresistas: un Estado con malos políticos y malos funcionarios es un mal Estado que hará mal el trabajo que le encomendemos. Y no parece que encomendar la corrección de los fallos del mercado a malos políticos y malos funcionarios sea una idea muy brillante. Desde el punto de vista del interés público, claro está.

Otra historia es la que plantea la baja apreciación de los políticos y, en general, de casi todos los actores públicos, pero esa es cuestión que requiere de más detenida meditación. En todo caso estoy dispuesto a aceptar lo obvio: que buenos sueldos no siempre tienen por consecuencia buenos candidatos, pero a cambio que se me acepte esto otro, también obvio a mi parecer: que sin buenos sueldos difícilmente tendremos candidatos suficientes y buenos. Por eso hay que subir los sueldos de los políticos.