La oposición de los vecinos de La Punta a la ocupación de la huerta se salda con 3 detenidos y 3 hospitalizados

A pesar de la oposición de los vecinos afectados, el avance imparable de los camiones y excavadoras que construyen el nuevo acceso ferroviario al puerto de Valencia sobre las huertas de La Punta prosiguió ayer gracias al apoyo de la policía nacional, que detuvo a tres personas que impedían con sus cuerpos el avance de los vehículos. Según la comisión promotora de la iniciativa legislativa popular (ILP) para aprobar una ley en defensa de la huerta, también hubo que hospitalizar a tres vecinos, todos mayores de edad. Uno de ellos sufrió un ataque cardíaco durante la madrugada 'al pensar que hoy [por ayer] probablemente le van a tirar la casa'.

Según la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, los tres detenidos permanecieron durante hora y media en la sede de la Jefatura Superior de Policía y luego fueron puestos en libertad. No pasaron a disposición judicial aunque los agentes enviaron al juzgado de guardia una denuncia por resistencia y por obstaculizar la actuación policial.

Mientras, los vecinos se quejaron de un proyecto que junto a la construcción de la Zona de Actividades Logísticas del puerto supondrá la 'deportación' de más de 100 familias. Además de dudar de su legalidad (aseguran que no ha sido expuesto a información pública y que aún no ha terminado el proceso de expropiación) denuncian que la policía está contribuyendo a una política de hechos consumados: 'Han destrozado acequias y otros sistemas de riego, han bloqueado con madera y hormigón uno de los sistemas de regadío más antiguos y representativos de nuestro patrimonio histórico y cultural; especies de árboles típicos de ribera y únicos en la huerta de Valencia como los olmos y los chopos han sido arrancados de golpe en breves instantes...'.

Para esta mañana han convocado una concentración en La Punta con intelectuales, profesores y portavoces políticos a favor de la huerta. El diputado Joan Francesc Peris, del Grupo Mixto, presentó ayer una propuesta parlamentaria para paralizar las obras hasta que se pronuncien los tribunales sobre los recursos de los vecinos.