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CIRCUITO CIENTÍFICO

¿Qué política de investigación para Europa?

Desde hace años ha sido un lugar común de la política europea de investigación llamar la atención sobre la 'paradoja europea', la relativa incapacidad para transformar el 'potencial científico-técnico' en innovación y crecimiento económico. Esta idea, asociada con la debilidad del esfuezo en I+D de la industria europea -en comparación con sus competidores americanos y japoneses- estuvo en el origen de la política comunitaria de investigación. El programa ESPRIT, que fue el estandarte de la Comisión Europea en el desarrollo de proyectos tecnológicos de las empresas, impulsó la innovación tecnológica en la informática europea -mientras EE UU apostaba por la investigación fundamental en ciencias de la computación-, pero sus resultados en términos de producción científica han sido limitados y hoy la brecha con Estados Unidos persiste. Europa hace menos esfuerzo en I+D, 1,86% del PIB frente a 2,65% Estados Unidos, y el gasto medio en I+D por habitante es de 418 dólares, frente a 896 de Estados Unidos y 750 de Japón.

La estrategia europea centrada en la política tecnológica se institucionalizó en el Tratado de la Comunidad Europea, que, en su artículo 163, subordina el apoyo a la investigación al fomento de la competitividad. Sin embargo, el sistema europeo de I+D muestra otro déficit a tener en cuenta a la hora de definir los objetivos de una política consistente con el Espacio Europeo de Investigación: la pobreza relativa de universidades y centros públicos de investigación respecto a sus colegas norteamericanos. El gasto bruto en I+D por investigador en Europa, en 1999, fue de 169.000 dólares frente a 191.000 de Estados Unidos, éstos en 1997, pero la distribución por sectores arroja luz sobre unos objetivos que cualquier política de investigación que mire al futuro no debe olvidar. El gasto en I+D europeo y español por investigador en el sector empresarial es mayor que en sus homólogos norteamericano y japonés. Sin embargo, el gasto medio por investigador del sector universitario es de 101.000 dólares, mientras que el gasto medio de las universidades americanas fue de 226.000 dólares. La diferencia es mayor en el sector de los laboratorios públicos, en el que el gasto por investigador fue de 351.000 dólares en EE UU frente a 175.000 dólares en Europa.

Los datos evidencian que, si bien la política europea debe perseguir el objetivo de aumentar el esfuerzo en I+D de las empresas, no se debe olvidar que los niveles de financiación por investigador, en universidades y centros públicos de investigación europeos, son mucho más bajos que los de sus competidores. ¿Cómo competir científicamente en estas condiciones?, ¿cómo crear las bases de conocimiento de los futuros desarrollos tecnológicos?

Afrontar este déficit de financiación puede y debe ser un objetivo de la futura política europea de investigación, que debería incluso plantear la reforma de los tratados de la UE para reconocer y dotar a esta nueva política de independencia respecto de la política de competitividad industrial. La política de I+D europea debe asumir también el papel de agencia de financiación competitiva de la investigación fundamental de universidades y del sector público europeo.

La elección de las líneas prioritarias para el VI Programa Marco de I+D aprobado puede ser un acierto, pero que el futuro de la política europea de I+D se concentre exclusivamente en el fomento de la investigación precompetitiva de la empresa supone olvidar que la auténtica fortaleza de Estados Unidos frente a Europa son sus universidades y centros públicos de investigación, semillero de las nuevas tecnologías y la innovación. Afrontar este reto exige incrementar el esfuerzo financiero y superar los estrechos límites de gasto de la política europea de I+D, que representa en torno al 4% del presupuesto de la Unión, especialmente si se pretende hacer una realidad el compromiso del Consejo de la Unión, reunido en Barcelona, de alcanzar el 3% del PIB dedicado a I+D en 2010.

Luis Sanz Menéndez es investigador del CSIC.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 26 de junio de 2002