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La falta de liderazgo e infraestructuras frena el desarrollo económico de Cataluña

Un grupo de profesores y expertos plantean medidas para mejorar la competitividad

El futuro económico de Cataluña pasa por una apuesta por la investigación y fuertes inversiones en infraestructuras, pero también por la necesidad de impulsar un grupo dirigente de empresarios y agentes sociales, ya que 'nuestro empresariado ha renunciado a desempeñar este papel'. Éstas son algunas de las propuestas con las que un grupo de economistas y expertos irrumpen en el debate sobre los retos de la economía catalana. Coordinados por el catedrático de Hacienda Pública, Antoni Castells, el grupo enviará sus conclusiones a políticos, patronales y sindicatos.

En la síntesis del trabajo que los autores presentaron ayer en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona se proponen cuatro ámbitos de actuación para recuperar el liderazgo económico: inversión en investigación y desarrollo en innovación; inversión en capital humano; potenciación de las infraestructuras para salvar el déficit histórico, y consolidación de los centros de decisión económica en Cataluña.

El estudio, que ha querido huir tanto del victimismo como de la euforia según las coyunturas, subraya, sin embargo, que Cataluña está quedando rezagada en aspectos importantes como Investigación y Desarrollo. Los datos lo explican así: la inversión en I+D llega en Cataluña al 1,1% del PIB, mientras que en Madrid es del 1,67% y en el conjunto de España, del 1,19%. A pesar de tener una gran red de empresas de las que carece Madrid, 'los centros de investigación de una masa crítica importante se están localizando cada vez más en Madrid, tendencia agravada por el proceso de privatizaciones de las grandes empresas públicas'.

La falta de infraestructuras es otra deficiencia grave que destaca el informe. Calculan que Cataluña necesita 18.500 millones de euros de nuevas inversiones entre 2001 y 2005, de los que 14.400 deberían ser infraestructuras de transporte. Para alcanzar este volumen de inversiones el Estado debería hacer un esfuerzo equivalente al 1,76% del PIB catalán, frente al 0,60% de los últimos años. Y el Gobierno catalán debería elevar sus inversiones desde el 0,51% del PIB hasta el 1,1%.

Grupo dirigente

Uno de los puntos en los que pone énfasis el trabajo es en la necesidad 'de un grupo dirigente' que arrastre al país. 'En este grupo dirigente caben personas y grupos de diferentes planteamientos políticos e ideológicos. Hoy Cataluña no tiene este grupo que lidere las iniciativas que precisa. Nuestro empresariado hace tiempo que ha renunciado a desempeñar este papel. Y las instituciones políticas no han acabado de ser capaces de sustituirlo, al margen de momentos excepcionales como los Juegos Olímpicos', dice el informe.

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Glosadas en 14 puntos, las conclusiones parten de la base de que Cataluña sigue siendo 'el principal motor económico de España, ya que representa el 18,9% del PIB, el 16,7% de los empleos y el 23,6% de la inversión en maquinaria. Pero esta constatación va seguida de otra no tan halagüeña: en la segunda mitad de la década de 1990 tanto el PIB como la ocupación han crecido menos en Cataluña que en Madrid.

Pero las ventajas de partida para ganar el futuro económico no son pocas. Los autores del informe destacan que Cataluña dispone de una red empresarial entre las que destacan 400 sociedades que facturan cada una 72,1 millones de euros. 'Se trata de empresas que producen en sectores de alto valor tecnológico, muchas de ellas localizadas en la región metropolitana de Barcelona con una gran capacidad exportadora'.

Madrid no es el modelo

El informe plantea que Madrid no debe ser el modelo que debe seguir Barcelona. Entre otras razones porque el modelo de Madrid 'no es precisamente envidiable (...) ya que las cuatro o cinco grandes empresas en las que se basa y los grandes bancos (...) pueden ser fácilmente absorbidos por las grandes empresas norteamericanas o europeas, una vez superados los derechos preferentes que conserva el Estado como accionista [como la acción de oro que da al Estado derecho de veto sobre accionistas no deseados].

En el trabajo han participado Pedro Nueno, profesor de IESE; Martí Parellada, catedrático y director de estudios de Les Heures; Josep Ramoneda, director del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona; Antoni Serra Ramoneda, catedrático de Economía de la empresa; Miquel Barceló, diputado del PSC; Fernando Casado, director general del Instituto de la Empresa Familiar; Francesc Cabana, profesor de Historia Económica de la Universidad Internacional de Cataluña; Carles Sudrià, catedrático de Historia Económica de la Universidad de Barcelona; Joan Trullén, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Andreu Missé, subdirector de EL PAÍS.

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