Viaje a Cali, capital del crimen

Los pasajeros del vuelo Bogotá- Cali celebran mucho la sorprendente presencia del vicepresidente electo Francisco Santos en la clase turista. Hay gestos de perplejidad y muestras de simpatía, gentes que se le acercan para decirle que han estado con él desde los tiempos de 'País libre', personas que quieren apretarle la mano, transmitirle sus angustias y esperanzas, desearle suerte. En la capital de la guerrilla y de la coca, de las mafias y de la salsa, pretendida cuna también de las mujeres más temperamentales de Colombia, la policía ha preparado un dispositivo de seguridad formado por dos tanquetas, una decena de motoristas y 60 hombres en vehículos blindados. La ruta desde el aeropuerto al centro de la ciudad, considerada actualmente el primer polvorín del país, está jalonada de soldados fusil en ristre. Toda precaución es poca aquí porque la guerrilla de las FARC ha dado aquí sus mejores golpes en el casco urbano y a plena luz del día. Así asaltó la Asamblea Regional y se llevó consigo a una docena de diputados y a ocho policías y militares que sobrevivieron a su ataque y secuestró al centenar y medio de feligreses que asistía a misa un domingo por la tarde.

'De los 1.000 secuestros que se producían al año en los noventa hemos pasado a 3.000'

'Hay gente que ha pagado tres o cuatro veces y sigue esperando la liberación de su hijo'

Todavía queda una llama que recuerda que no todos los secuestrados han vuelto

El vicepresidente electo Santos viaja a Cali para participar en el Primer Encuentro de Familias de Secuestrados de la región. Su presencia es doblemente obligada dada su condición de antiguo cautivo y su compromiso activo en la denuncia frontal de este flagelo que tiene a parte de la sociedad colombiana sumida en la angustia permanente. El recuerdo de aquella experiencia reabre, sin duda, en su interior una herida que jamás ha llegado enteramente a cerrarse, aunque Francisco Santos dice no sentirse tan traumatizado por aquella terrible experiencia, una impresión que sus amigos suscriben más o menos. 'Lo ha superado en gran medida luchando, precisamente, contra los secuestros. Esa ha sido su terapia y parece haber dado resultado porque, por ejemplo, él no reacciona con pánico en los sitios cerrados', indica Sonia, su secretaria personal. Con todo, el estallido cercano, accidental, de un simple globo en manos de una niña produce el efecto de paralizarle momentáneamente y volverle lívido el rostro. Obviamente, por mucho que se engañe al miedo, Colombia entera, y mucho más las gentes comprometidas, tiene los nervios a flor de piel.

Antigua compañera de batallas en el 'País libre' y 'No más', la secretaria personal de Santos dirigió un programa de radio que transmite a los secuestrados mensajes de sus familiares. 'Gracias a él, muchos secuestrados tienen noticias de sus seres queridos pero es impresionante ver la dependencia absoluta de las familias, cómo el secuestro les cambia enteramente la vida, los esfuerzos que hacen para poder establecer un contacto, abrir una negociación, pagar un rescate que casi siempre les hunde en la miseria. Para muchas de estas personas, enviar el mensaje semanal es la única tarea que da sentido a sus vidas. Hay gente', subraya, 'que ha pagado tres o cuatro veces y sigue esperando el milagro de la liberación de su hijo, su marido, su madre; personas que llevan cinco años trayendo a la radio un mensaje dirigido a un cautivo de ochenta y tantos años. ¿Cómo les vas a decir que no existe ninguna posibilidad de que un anciano de esa edad haya podido sobrevivir a un cautiverio tan prolongado?'.

El vicepresidente electo llega al salón donde se celebra el Primer Encuentro de Familiares de Secuestrados de Cali cuando el orador del momento reclama que los derechos humanos establecidos en el artículo 3 del Convenio de Ginebra sean respetados no sólo por los ejércitos, así en plural, sino también por las guerrillas. Dice que el pueblo de Colombia es la primera víctima de una guerra con la que no tiene nada que ver y pide pruebas de que los secuestrados están con vida. La sala está abarrotada de gente, mujeres en su mayoría, que llevan el distintivo del lazo verde y visten camisetas blancas con la exigencia 'No más secuestros'. En la tribuna de oradores, está el conocido 'zar antisecuestros' Juan Francisco Maso, el alto comisionado de la ONU, representantes de las embajadas de Suiza y Canadá, muy comprometidas en la ayuda a Colombia, responsables de Cruz Roja Internacional y de las más influyentes ONG, esas que dicen en privado que no hay un país en el mundo en donde se hable tanto de derechos y se respeten tan poco, como en Colombia.

Antes de subir a la tribuna, Francisco Santos se abraza fuertemente con Yolanda Betancourt, la madre de la candidata a la presidencia Ingrid Bentancourt que lleva cinco meses en manos de las FARC. Hay un silencio expectante cuando el vicepresidente toma la palabra. 'Estoy aquí', dice, 'porque sé el momento por el que ustedes están pasando'. Santos explica que, gracias al dinero del narcotráfico, las guerrillas, responsables de la gran mayoría de los secuestros, 'la pesca milagrosa' que dice el jefe militar de la FARC, Mono Jojoy, han crecido enormemente hasta el punto de que cuentan con mucha gente desocupada que dedicar a estas rentables tareas. 'De los mil secuestros anuales que se producían en los años noventa, llegamos hace dos años a los 3.500 y el año pasado bajamos hasta los 3.000, pero a cambio ha aumentado mucho la extorsión'.

Añade que el Estado colombiano, 'aunque ha hecho cosas', carece de una verdadera política en este terreno y sólo dispone de 8.000 millones de pesos anuales para combatir la plaga 'cuando este negocio', subraya, 'les genera a los secuestradores unos ingresos anuales estimados entre los 100 y los 150 millones de dólares'. Anuncia que el Gobierno de Uribe va a tomarse muy en serio el asunto, que piensa aplicar una política 'agresiva' ofreciendo recompensas económicas y puestos de trabajo a aquellas personas que aporten informaciones valiosas para desbaratar los secuestros. Dice que pedirán a EE UU que les ayude a construir cárceles especiales para evitar que los secuestradores presos puedan seguir dirigiendo el negocio desde la cárcel y que son muy conscientes de que hay personas situadas en el corazón del Estado que participan de los secuestros. Una reciente inspección de una serie de cárceles del país ha permitido incautarse de centenares de teléfonos móviles y hasta de sistemas de transmisión por satélite.

Santos sostiene que la política de Estado debe estar respaldada por la movilización ciudadana y por la justicia internacional. 'Vamos a denunciar a las guerrillas ante la Corte Penal Internacional. Deben saber que los crímenes de guerra no prescriben para la comunidad internacional y que en Colombia se han acabado las amnistías para los secuestradores'. El vicepresidente hace una pausa ante el auditorio, que se revuelve incómodo. Por lo visto, no son ésas las palabras que a algunos de los presentes les gustaría escuchar. 'Les veo aquí', dice Francisco Santos, 'y me duele en el alma ver por lo que están pasando. Tienen que tener paciencia', indica. 'Paciencia' es, justamente, la palabra maldita. Enseguida surgen del público voces destempladas. '¿Más paciencia? ¿Hasta cuándo?'.

Un político local, compañero de los 12 diputados secuestrados de Cali, toma la palabra para proponerle al vicepresidente que en su calidad de ex secuestrado asuma el papel de interlocutor del colectivo de familiares. Santos comprende que es una trampa, sabe que la guerrilla pretende canjear a sus ilustres rehenes por sus presos y se da cuenta de que las familias de los cautivos quieren así involucrar al nuevo Gobierno en la negociación. 'Para este Gobierno no hay secuestrados de primera, de segunda, de tercera o de cuarta. El canje es potestad del presidente de la República pero hay una imposibilidad jurídica y política. De lo que se trata', enfatiza, 'es de humanizar el conflicto, buscar una solución pacífica, avanzar en acuerdos que impidan, por ejemplo, la leva de niños y la toma de rehenes. Es ahí donde se puede hablar con la diplomacia guerrillera. Si ellos creen que esto es una guerra y se consideran un ejército, que respeten las convenciones internacionales'. Santos se escabulle a continuación de una polémica en la que no tiene nada que ganar y los diputados y familiares de los secuestrados recogen velas y vuelven a reclamar a las FARC que les aporten pruebas de que los rehenes están vivos.

El auditorio no encuentra consuelo. La atmósfera de la sala está cargada de desesperanza y angustias que se liberan catárticamente al estallido estremecedor de un grito unánime repetido un, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces: 'Los queremos libres y en paz'. Cuando el público se incorpora, las lágrimas ya han arruinado los maquillajes y el rímel. El color de la piel, la planta y las vestimentas permiten distinguir sin demasiado margen de error a los familiares de los diputados, de los familiares de los policías y militares.

A la salida del hotel en el que se ha celebrado el acto, el asfalto reverbera bajo la capa de vapor sucio que asciende del suelo. El aire está impregnado de un olor dulzón, húmedo, muy intenso. Al servicio de seguridad del vicepresidente no le parece buena idea que el periodista español se patee la ciudad en solitario. 'Hay zonas peligrosas para usted, un extranjero representa un millón de dólares de rescate y si además es periodista, se lo rifan por la repercusión internacional'. Como el furgón policial tiene las ventanas cegadas y hace calor en este invierno de Cali, la visita turística se efectúa con las puertas laterales descorridas, lo que deja al trajeado invitado expuesto a la curiosidad, algo morbosa, quizá, de los transeúntes.

La ciudad tiene un aire festivo y bullanguero porque la música salsera está omnipresente, pero no cabe engañarse demasiado: el desmantelamiento de los grandes carteles de la droga ha sumido a Cali en la depresión económica y ha dejado en las calles a un ejército de desheredados que no pueden aspirar a encontrar trabajo en las multinacionales farmacéuticas de la zona. A ellos se suman los desplazados de zonas rurales ocupadas por las guerrillas y un altísimo paro estructural. 'Ya nadie aguanta a las guerrillas', dice un agente.

Al igual que en el resto del país, aunque con mayor incidencia aquí, dados los antecedentes, los antiguos carteles -el de Cali fue siempre algo menos sanguinario, más especulativo que el de Medellín de Pablo Escobar- han dado paso a una atomización de las redes. Puede decirse que las grandes empresas han sido sustituidas por una multitud de pymes que se disputan el control del mercado y los puntos y vías de distribución en una batalla encarnizada. 'Los narcos se han hecho mucho más discretos, se han mimetizado en el paisaje. Puedes ver a un tipo que tiene no menos de 200 millones de dólares en los paraísos fiscales y en Suiza o en España conduciendo un R-5 o un Corsa y vistiendo sin alardes. Se han acabado las ostentaciones públicas de lujo y poder, el derroche del dinero y riquezas porque la gente ha dejado de considerar el narcotráfico como un asunto ilegal pero legítimo. Ese tipo', apunta un abogado que simpatizó en su día con la guerrilla, 'dispone generalmente de una avioneta y de un barco para sus operaciones y cuenta con una grupo de sicarios pero no ya de un ejército. Sí, son como los primitivos padrinos de la Mafia italiana, gentes pegadas a sus tierras, que siguen creyendo mucho en la educación porque mandan a sus hijos a las mejores universidades del mundo. El problema de la atomización', añade, 'es que como ya no hay jerarquía en ese mundo, las guerras de clanes se suceden continuamente. Es la lucha entre las mafias la que explica muchas de las muertes que se atribuyen a líos de faldas'. Narcotraficantes, guerrillas y paramilitares componen una espesa red que hace que Cali ostente cifras récord de criminalidad.

En la iglesia de San Antonio, situada en un cerro desde el que se divisa toda la ciudad, hay que poner al santo boca abajo si quieres que te salga un novio. Al contrario que otras iglesias custodiadas por una unidad especial de policía dedicada a la protección y guía de los turistas -agentes con estudios capacitados para explicar al visitante la historia y los méritos artísticos del edificio-, la de San Antonio está regida por monjas que atienden con la sonrisa puesta a las peregrinaciones de solteros. A un costado del cerro se alzan, imponentes, los farallones por los que desciende la guerrilla en sus periódicas incursiones. Las grandes torres de comunicaciones de la ciudad están instaladas precisamente en uno de esos altos, pero el oficial de policía que me acompaña dice que aunque, en efecto, resultan un objetivo muy tentador, se encuentran fuertemente defendidas por el ejército. El hombre vacila unos instantes antes de corregir mi léxico: 'Perdone, pero la guerrilla no opera, la guerrilla delinque; aquí, los únicos que operamos somos nosotros'.

La iglesia de La María asaltada a las cuatro de la tarde de un domingo de septiembre, está ubicada en un barrio residencial de la ciudad. Tras acabar con la débil resistencia opuesta por los guardaespaldas de un feligrés, los efectivos de las FARC cargaron en camiones al centenar y medio de asistentes a la misa vespertina y se los llevaron a la cordillera. Los más ancianos fueron abandonados en distintos puntos del camino pero dos feligreses murieron de infarto. 'No pudimos hacer nada', explica un policía, 'porque cuando salimos en su persecución, tuvimos que enfrentarnos a otras fuerzas guerrilleras que cubrían la retirada de sus compañeros'. A pesar del tiempo transcurrido, todavía quedan pancartas con el lema 'No más' que movilizó entonces a buena parte de la población de Cali y la llama que recuerda que no todos los secuestrados han vuelto.

Cuando el avión que me devuelve a Bogotá despega del aeropuerto, después de muchos controles y cacheos, recuerdo de repente las palabras de un hombre de empresa colombiano: 'Si va a Cali y se da una vuelta por las afueras de la ciudad, piense que muchas de las grandes plantaciones que encuentre, allá hasta donde le alcance la vista, son propiedad de narcotraficantes o de sus testaferros. En Cali, los carteles consiguieron que el sistema les blanqueara su dinero y sus propiedades'.