El fiscal pide la imputación de Villalonga por las 'stock options'

El fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo anunció ayer su intención de solicitar la imputación del ex presidente de Telefónica Juan Villalonga y otros cinco ex directivos de la entidad en 1996, además del auditor Eduardo Sanz, por supuestos delitos de estafa, apropiación indebida y societarios. Entre los hechos investigados figuran las retribuciones conocidas como 'stock options' y el maquillaje de cuentas en el año 1998.

Los directivos cuya imputación se solicita, además de Villalonga, son: José María Concejo Álvarez, Luis Martín Bustamente, José María Mas Millet, José Javier Echenique Landiribar y Javier Revuelta del Peral, así como el auditor de la firma Arthur Andersen Eduardo Sanz Hernández.

Los hechos investigados son: el acuerdo de la junta general de accionistas de Telefónica del 21 de marzo de 1997 relativo a la emisión de obligaciones convertibles con exclusión del derecho preferente de suscripción de los socios; las retribuciones conocidas como stocks options, suscritas entre Telefónica y un centenar de directivos en 1997, y los beneficios ficticios y ocultación de pérdidas en el ejercicio de 1998 para que no resultara afectada la cotización de las acciones y no perjudicase las ganancias.

La solicitud del fiscal, sin embargo, ha sorprendido en medios jurídicos, toda vez, que hasta que la Sala de lo Penal ordenó la admisión de la denuncia, la Fiscalía sostuvo que la Audiencia Nacional no era competente para investigar los hechos.

En el auto por el que exigió una fianza de 150.000 euros a los querellantes para ejercer la acción popular, el juez señalaba: 'siendo posiblemente delictivos los hechos descritos en la querella y su ampliación, es preciso acordar la investigación de los mismos mediante la práctica de diligencias que lleven al esclarecimiento de los hechos denunciados'.

Por ello, el juez ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción las investigaciones que tenga en marcha en relación con los hechos que se investigan.

Además ha requerido a la Agencia Tributaria para que designe dos inspectores para que ejerzan de peritos en la causa y ha solicitado a Telefónica que suministre la relación de los miembros del Consejo de Administración entre 1997 y 2000, las actas de la junta general ordinaria de accionistas en las que se aprobaron las cuentas de 1998, así como la certificación completa de las actas del Consejo de Administración de Telefónica entre 1997 y 2000.

También ha requerido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que expida testimonio de la documentación presentada por Telefónica y su grupo consolidado, correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados desde junio de 1997 hasta 2000.