Inflexión

La convocatoria de huelga general auspiciada por las dos centrales sindicales mayoritarias en España merecerá, sin duda, mucha atención por su indudable trascendencia y por sus innegables consecuencias políticas en el futuro inmediato. Al margen de las obligadas declaraciones del Gobierno de Aznar restándole importancia, comparándola con la huelga de 1988 o procurando adjudicar el supuesto fracaso de la convocatoria al PSOE, estoy convencido de que desde el mismo día de la convocatoria analizan sus notables consecuencias políticas y electorales. Consecuencias que el propio PSOE sopesará sin duda igualmente y cuyo resultado, supongo, sabrá administrar con inteligencia.

Antes de exponer algunas consideraciones sobre el significado que, a mi juicio, esta convocatoria de huelga general merece, no me resisto a hacer un comentario previo en relación con el formidable esfuerzo mediático desplegado en los días previos para desactivar, en la medida de lo posible, el alcance de una medida tan excepcional como trascendente. El empeño en deslegitimar la huelga evidenciado por portavoces oficiales y sus numerosos piquetes informativos en los medios de comunicación controlados directa o indirectamente por el Gobierno, creo que ha sobrepasado, una vez más, los niveles que deberían considerarse aceptables en una democracia madura.

En el PP saben perfectamente que ya nada será igual desde el 20 de junio

Cualquier observador imparcial llegará a la conclusión de que el pasado 20 de junio en España no hubo una huelga general. Pero el mismo observador concluirá que en España se produjo una jornada de huelga que paralizó completamente la industria, la construcción, el campo en Andalucía y Extremadura, buena parte del transporte y además consiguió un grado muy notable de adhesión en la educación y menor en otros sectores. Es decir, fue un paro general protagonizado por la clase obrera tradicional a la que se incorporaron, de forma desigual, otros sectores profesionales y parcialmente, dato importante, los jóvenes. Una huelga de clase, con todo lo que ello significa, a la que se han adherido por solidaridad otros sectores que han querido manifestar también su malestar por medidas del Gobierno que entienden perjudiciales para sus intereses. La mayor parte de las manifestaciones celebradas ese día en las ciudades españolas, han sido las más multitudinarias movilizaciones de protesta desde la transición y negarlo únicamente contribuye a aumentar la irritación de quienes asistieron contra los portavoces oficiales que ofrecen increíbles cifras de asistentes.

En el PP saben perfectamente que ya nada será igual desde el 20 de junio. No les supongo tan torpes como para pensar que creen en los argumentos que esgrimen estos días. Por el contrario, han demostrado durante estos años sobrada solvencia en el análisis de la estructura social española y eficacia en su estrategia electoral como para ello. Naturalmente, los manuales de estrategia aconsejan que digan lo que dicen, pero nosotros tenemos la obligación de analizar los hechos y sacar nuestras propias conclusiones. En este punto, creo que han comprobado que la relevancia del movimiento sindical en España, pese a su escaso grado de afiliación, todavía es importante en sectores muy representativos de población asalariada. Si estaba en su ánimo aprovechar la confrontación y ganar el partido, deben olvidarse, por ahora, de cualquier intento de emulación de actuaciones pasadas de Thatcher contra el movimiento sindical y el laborismo británicos. Saben además que la pasada convocatoria de huelga general nada tiene que ver con la huelga general de 1988. Ni las condiciones, ni las motivaciones, ni los grupos de presión y sectores sociales que la apoyaron entonces pueden compararse. Saben también que de nada sirve intentar hacer recaer un supuesto fracaso de la convocatoria en el líder de la oposición. Es más, creo que en esta cuestión su táctica puede resultar equivocada si el PSOE sabe leer correctamente los resultados de la huelga. Si la dirección del PSOE no se deja llevar por quienes reclamen la necesidad de un discurso más supuestamente de izquierdas, podrá rentabilizar electoralmente este punto de inflexión. Su reto consiste ahora en mantener un difícil equilibrio entre la elaboración de propuestas claras de defensa de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar, con las reformas que hagan falta, como elemento básico de seguridad y garantía de mantenimiento de derechos de ciudadanía, y la elaboración de una alternativa de gobierno creíble para amplios sectores de centro-izquierda. En definitiva, convertirse en el referente útil para el electorado de izquierdas y, a la vez, ser percibido como alternativa real de gobierno para el electorado de centro. Acontecimientos como el del 20 de junio refuerzan el grado de cohesión de una parte importante del suelo electoral del PSOE, pero con ser condición necesaria no es suficiente para ganar elecciones.

De otra parte, en el PP saben que una huelga de clase para partidos de tipo cogelotodo, como es su caso, sin afectar el grado de fidelidad de los sectores sociales que constituyen su base electoral tradicional, puede significar una desafección notable de sectores populares que han votado PP en alguna ocasión en el pasado reciente y que tal vez no lo hagan en las próximas convocatorias electorales. La imagen de anteriores resultados electorales en grandes ciudades, con apoyo mayoritario al PP en casi todos los distritos, incluidos por supuesto los distritos con predominio de clase trabajadora, podría cambiar en el futuro. Aparte de consideraciones referidas a la pérdida de fidelidad electoral evidenciada en todos los sistemas democráticos, muchos de estos trabajadores cambiaron su opción a favor del PP por motivaciones relacionadas con los efectos de la profunda crisis de 1993-1995 y con los escándalos de la última etapa de los gobiernos socialistas, renovando su confianza en el PP, ya en plena fase de recuperación económica, porque tenían más seguridad de obtener un empleo o trabajo más estable. Algunas de las medidas en relación con la reducción de servicios públicos o con su deterioro por falta de financiación sufinciente, unido a la desatención a determinadas áreas urbanas y la medida encaminada a abaratar el despido y a introducir menor nivel de protección y seguridad en el empleo, motivo central de la huelga, irán consolidando lenta, pero gradualmente, la pérdida de confianza de amplias capas populares en la opción que representa el PP. Con este voto los conservadores no ganan las elecciones, pero puede ser el soporte electoral necesario para constituir mayorías absolutas y para conservar algunos gobiernos regionales y locales que se resuelven con un estrecho margen de votos.

Por otra parte, en determinados sectores de las clases medias ha ganado terreno la idea de que el Gobierno del PP exhibe en esta última etapa actitudes autoritarias e inflexibles, no exentas de talantes soberbios y displicentes, que han ofendido en demasiadas ocasiones a segmentos muy variados y diferentes de la sociedad española. Creo que en pocos meses han dilapidado en buena parte el capital político atesorado durante seis años de Gobierno dialogante y con vocación de centro, para reforzar su perfil de Gobierno atrincherado en sus mayorías parlamentarias, escorado a la derecha, sin capacidad de diálogo e incapaz de afrontar y resolver conflictos y problemas complejos en situaciones difíciles.

Soy de los que cree que desde hace un tiempo ha cambiado la dirección del viento para el partido conservador español. Ignoro si son ciertas las encuestas que me dice manejar una persona bien informada del PP en las que ese partido perdía terreno antes de la convocatoria de huelga, pero estoy convencido de que tras la huelga se ha reducido su apoyo electoral. La huelga ha hecho que la fuerza del viento en contra sea algo mayor. Y cuando cambia definitivamente la dirección del viento electoral ya no es suficiente con presentar buenos datos macroeconómicos o reservarse para el último año electoral la aprobación de nuevas medidas fiscales o de otro tipo. Es algo más profundo que todo eso y creo que algunos vínculos y complicidades tácitas pueden haberse roto definitivamente el pasado 20 de junio. Si yo fuera Mayor Oreja, muy probable candidato del PP en las próximas elecciones generales, tendría motivos para empezar a preocuparme. Todavía lo estaría más si fuese candidato conservador a alguna comunidad autónoma o a determinadas alcaldías, porque al celebrarse antes que las generales, con toda seguridad muchos ciudadanos votarán contra la política de Aznar en el rostro del candidato regional y local. De eso en España ya tenemos experiencias. Recuerden las elecciones autonómicas de 1995.

Joan Romero es profesor en la Universidad de Valencia.