Tras la tempestad debe venir la calma

No creo que sea muy fructífero gastar las energías en buscar culpables de la situación que se ha creado entre Gobierno y sindicatos con motivo de la reforma de las prestaciones de desempleo y del despido. La salsa, desde luego, ha sido la prisa, el desasosiego, pero los alimentos han resultado indigestos, porque no se han querido digerir, discutiendo lo necesario. Pero, como digo, el debate probablemente resultara estéril, y no estamos para perder el tiempo, sino para sacar conclusiones fructíferas.

La primera, por obvia, es: ¿ha merecido la pena la huelga general? La respuesta debe venir de quienes la han convocado, los sindicatos, y de quienes la han sufrido, Gobierno, empresas, trabajadores y ciudadanos. Respecto a los sindicatos, han arriesgado mucho y, de algún modo, han salido también tocados, pues aunque una batalla se gane, siempre hay heridos. No obstante, en una huelga general los efectos positivos, si los hay, siempre son a medio y largo plazo, y si el Gobierno, y las Cortes -no lo olvidemos-, no están por la labor de retirar la norma, la huelga habrá resultado un éxito de público, pero un fracaso de objetivos.

Y es que por más esfuerzos de olvido que se hagan, en esta huelga lo que está en juego es la derogación de una ley. Y eso añade matices muy importantes al contenido y carácter de la protesta. En cuanto a los que sufren la huelga: el primero, el Gobierno. ¿Ha salido malparado? Indudablemente que inmune no ha quedado, puesto que las acusaciones de prepotencia, intenciones economicistas y poco sociales, abaratamiento del despido, etcétera, sean o no rigurosamente ciertas, siempre producen un efecto de desgaste. Bien es cierto que si el mercado de trabajo mejora, el Gobierno habrá hecho buen uso de su primigenia potestad, como es la de gobernar.

En segundo lugar, los empresarios. En estas huelgas generales, su postura es de lo más incómodo e injusto. Nada pueden hacer para paralizar la huelga y la sufren en sus intereses con toda plenitud. Respecto a los trabajadores concretos, no a los trabajadores como clase, la huelga, de momento, sólo les trae hiel -descuento en nóminas- y una promesa futura de miel. Y, finalmente, los ciudadanos sufren, como los empresarios, -y aún más- todo el peso de la huelga, sin tocar palillo, lo cual exige muchas dotes de comprensión y paciencia.

Entonces, ¿quién gana con la huelga general y qué se gana? El 'quién' está un tanto en la nebulosa y, quizás, la contestación correcta sea que nadie, pues todos pierden algo, y algunos -como los empresarios y ciudadanos-, como 'invitados' forzosos, pierden todo. El 'qué' es más complejo. Desde luego, para que los sindicatos ganen, el Decreto-Ley debe derogarse y/o el Proyecto de Ley retirarse. Y eso ¿es bueno para los trabajadores?

En los tiempos que corren, va adquiriendo carta de naturaleza la tesis (el profesor Borrajo lo ha defendido brillantemente, entre nosotros) de que hay que superar la dicotomía pura empresario-trabajador y elevar el punto de mira a la empresa, como creadora de empleo. De modo que con la competitividad de la empresa y su prosperidad ganan los propios trabajadores. Más que neocorporativismo, es una realidad que no precisa de adjetivos.

Si esto es así, no creo que sea buena política, cara al futuro, el montar todos los derechos laborales en barricadas inamovibles, de manera que nunca una reforma laboral pueda tocar un derecho adquirido. Hay que tener una visión más global y equilibrada del do ut des. Y en esta reforma habrá que discutir eso. Qué tiene de positivo y qué de negativo, pero no desde trincheras rígidas.

Por ello, deben, Gobierno y sindicatos, hacer un nuevo esfuerzo de concertación social, de recomposición del diálogo -que eso sí que es bueno para todos- pero sin olvidar que, igual que los sindicatos deben defender los intereses de los trabajadores, el Gobierno debe gobernar para todos los ciudadanos, con la legitimidad de los votos. Y en ningún sitio está escrito que los temas laborales estén hurtados a la potestad legislativa.

d.

Juan Antonio Sagardoy es catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid