A golpe de talón

No todo el dinero de Gescartera se esfumó a través del exterior. La investigación judicial ya ha acreditado que al menos 12,02 millones de euros (2.000 millones de pesetas) de los 100 millones de euros (16.600 millones de pesetas) desaparecidos fueron desviados mediante el cobro de talones nominativos en sucursales de La Caixa y de Bankinter en Madrid, bancos que trabajaban para la agencia de valores, y presuntamente acabaron en las manos de Antonio Camacho, propietario de la agencia de valores y principal imputado.

Los talones de la cuenta de Gescartera los cobraba José Sanz, El Barbas, el chófer de Camacho, y al no llevar la firma al dorso no quedaba constancia de quién se llevaba el dinero. Pero fuentes de la Fiscalía Anticorrupción destacan que la declaración de varios testigos apunta a que el dinero acababa siempre en el despacho de Camacho, en su caja fuerte o en sus manos. Él niega haberse apropiado de esas cantidades.

La juez Teresa Palacios, que instruye el caso, imputó a petición del fiscal Luis López Sanz a Miguel Prats y a José Antonio Castro, director y subdirector de la sucursal de La Caixa en Majadahonda (Madrid), por un presunto blanqueo de capitales utilizado para cometer una estafa o apropiación indebida. La Caixa negó el lavado de dinero y respaldó a sus empleados.

Además de los directivos de La Caixa, han declarado en calidad de imputados otras 13 personas, entre las que figura Enrique Giménez-Reyna, ex secretario de Estado de Hacienda y hermano de la ex presidenta de la agencia, Pilar Giménez-Reyna. Esta última salió de la cárcel en libertad provisional tras pagar una fianza.

La investigación policial, todavía en su fase inicial, ha determinado que Gescartera actuó desde sus inicios en 1989 con distintos parámetros: como chiringuito financiero, como agencia de valores y hasta como una vulgar oficina en la que se ofrecía a algunos clientes la tradicional y camuflada estafa piramidal.