Cómo medir a un discapacitado

La puesta en práctica del fallo del Tribunal Supremo de EE UU aboliendo las ejecuciones de discapacitados mentales le corresponde ahora a los Estados. Y todo parece indicar que al final del proceso las diferencias pueden ser notables. De momento se ha desencadenado una batalla por las definiciones de lo que es un discapacidad mental y de la edad límite en la que se debe diagnosticar el retraso para que sea un argumento legal válido. Las definiciones son cruciales tanto para amparar a quienes verdaderamente sufren de algún grado de discapacitación como para evitar los abusos de manipulación de los coeficientes mentales.

La hipótesis de la falsificación de los coeficientes la adujo en un apéndice del fallo uno de los tres magistrados que votaron en contra el jueves. Antonin Scalia, de ideas ultraconservadoras, decía que 'los síntomas se pueden fingir'. De sus palabras se hizo eco ayer, entre otros, el presidente de la Fundación Nacional de Justicia Criminal, Michael Rushford, advirtiendo de que 'todo lo que tiene que hacer un condenado a muerte cuando le hagan las pruebas de inteligencia es decir que ve un cuadrado donde hay un círculo'.

Las voces que aplauden el histórico fallo, que son mucho más numerosas que las de los detractores y reflejan a su vez el sentir general del pueblo norteamericano, señalan sin embargo que existen mecanismos suficientes para contrarrestar los potenciales abusos. Uno de ellos es que el diagnóstico de retraso se hubiera hecho en la niñez o adolescencia del condenado, requisito que ya usan muchos de los 18 Estados que ya han abolido la pena de muerte para discapacitados.

¿Pero cuál es la edad límite para ese diagnóstico, 16, 18 o 20 años?. ¿Y cuál es el coeficiente intelectual (CI) mínimo para calificar a alguien como discapacitado? Convencionalmente, las asociaciones de psiquiatría y psicología de EE UU han considerado el CI inferior a 70 como síntoma de retraso mental y 18 años la edad límite. Daryl Renard Atkins, el condenado del Estado de Virginia cuyo caso propició el dictamen del Supremo, tiene un coeficiente de 59.

A Atkins y a otros entre 200 y 300 condenados en EE UU les serán ahora conmutadas sus sentencias. Cientos más, según los juristas, podrían apelar sus condenas esgrimiendo discapacidad, aunque todo depende de cómo articulen los Estados la decisión del Supremo. El dictamen sin embargo llega tarde para los 35 ejecutados que sufrían algún grado de discapacidad. El último fue un hispano, Oliver Cruz, en agosto del 2000 en Tejas. Cruz tenía un coeficiente entre 65 y 78, y al igual que otros casos tenía dificultades de lenguaje, comunicación y sentido de la lógica. Según las organizaciones de derechos humanos, la mayoría tiene también dificultad para entender conceptos abstractos y morales. Human Righs Watch cita el ejemplo de Morris Mason, ejecutado en Virginia en 1985 por violación y asesinato. Mason, que tenía un CI de 62 a 66, le preguntó sonriente a su abogado que qué debía vestir el día de su ejecución.