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Editorial:

Los sindicatos ganan el partido

El presidente Aznar planteó la huelga general como un partido, advirtiendo que no se conformaría con el empate. Una victoria contra los sindicatos habría sido una corrección en toda regla del modelo de concertación social que, con diferencias de estilo más que de contenido, se ha mantenido en España desde los tiempos de UCD. Los resultados de la movilización de ayer puede que no sean una derrota por goleada al Gobierno, como lo fue la huelga de 1988, pero desde luego suponen una victoria de los sindicatos.

En España hay 40 millones de habitantes, de los que 12 millones pertenecen al universo de los asalariados. Son las personas potencialmente afectadas por la reforma del sistema de prestaciones por desempleo y a ellas iba dirigido el llamamiento sindical. Entre ese colectivo hubo ayer un amplio seguimiento de la huelga: casi total en las grandes empresas, polígonos industriales, construcción y transporte, donde se cumplieron rigurosamente los servicios mínimos; fue considerable en la pequeña y mediana empresa, y minoritario en el comercio, la banca y servicios en general.

Negar la dimensión de la huelga es cerrar los ojos a la realidad, hacer invisibles a los huelguistas, como hizo ayer el portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, al decretar a primera hora -y a primera vista- el fracaso de la convocatoria. Los sindicatos demostraron responsabilidad al hacer respetar los servicios mínimos, pero su cumplimiento no puede cobrarse en contra de los sindicatos. También se engañaría quien creyera que paró la casi totalidad de los trabajadores, como dijeron con algún exceso los líderes sindicales.

El Gobierno, convencido de que quien da primero da dos veces, tenía diseñado previamente un guión del fracaso de la huelga general y no estaba dispuesto a que la realidad se lo modificase. Así, el ministro de la propaganda ya sabía a las ocho de la mañana que no había huelga general. Era un mensaje para quienes a esa hora pudieran estar dudando, pero también para fijar de entrada una consigna que la televisión pública y el resto de la hinchada extenderían durante toda la jornada. El insólito argumento de Cabanillas fue que los transportes públicos estaban funcionando con normalidad, es decir, respetando los servicios mínimos. Si no los hubieran respetado, el Gobierno habría argumentado que los sindicatos eran incapaces de sacar adelante la huelga con limpieza; como los respetaron, se les dice que han fracasado en su intento de imponer la huelga a los trabajadores. A eso se le llama ventajismo.

En el guión se asignaba a Rato el papel de martillo del PSOE. Estuvo más preciso que Pío Cabanillas en la descripción de la situación, y casi conciliador con los sindicatos, pero se empeñó en la conclusión prefijada de que el 20-J suponía el mayor fracaso político de Rodríguez Zapatero, a quien el PSOE 'debería pedir explicaciones por su irresponsabilidad'. Que un partido socialista apoye una huelga contra recortes en los derechos de los parados entra dentro de lo que cabe considerar normal. Menos normal es que el líder de un partido de derechas justificara la anterior huelga general, en enero de 1994, argumentando que era el fruto de la 'irritación' ciudadana ante el 'engaño' de Felipe González.

La huelga tuvo un seguimiento amplio, superior al de 1994, aunque no alcanzó la dimensión ciudadana del 14-D de 1988. El dato del consumo de energía, más próximo al de un festivo que al de un día laborable cualquiera del mes de junio, indica que en muchas fábricas, principales consumidoras de electricidad, no se había trabajado. Ni Rato ni Arenas, que le seguía en el guión, pudieron refutar ese argumento, aunque la cifra del 84% de seguimiento adelantada por las centrales pueda resultar exagerada. Pero en todo caso menos que la inverosímil del 16% que con extraña simetría (84+16=100) propuso el Gobierno.

No fue una movilización como la del 14-D, en la que tan visible se hizo la identificación de sectores ciudadanos con lo que entonces representaba la protesta sindical, aunque las manifestaciones ciudadanas posteriores a la jornada de huelga fueron masivas en Barcelona, Madrid, Sevilla y Vigo, con una movilización que en conjunto supera el millón de personas.

Hubo un amplio seguimiento en la enseñanza pública, pero no tanto en la privada, y muchos pequeños comercios sólo cerraron bajo la presión de los piquetes, un residuo anacrónico excepto en situaciones excepcionales. El fundamento del piquete como coartada para el empleado que quiere hacer huelga pero teme la reacción del patrón tiene poco fundamento hoy. Y, por el contrario, puede convertirse, como en 1994, en un factor de desprestigio de los sindicatos. Es un error suponer que la protesta contra un recorte de derechos laborales necesita, para ser creíble, de la adhesión de los tenderos o de la paralización de los autobuses. Los sindicalistas que niegan la intimidación en los cierres de esos sectores se hacen trampas.

También es una trampa explicar el eco de la movilización sólo por ese factor. Nada más fácil que deslizar sarcasmos sobre los sindicalistas como políticos frustrados y retóricos. Pero, por una parte, son un freno imprescindible a la tendencia al abuso de todo poder y, por otra, se les añora cuando aparecen esos sindicatos corporativos con líderes narcisistas dispuestos a todo; también se les echa de menos ante el nacionalsindicalismo que ahora mismo florece en el País Vasco, y que el día 19 protagonizó una huelga por separado entre cuyos objetivos figuraba el de hacer frente al sindicalismo español.

Los sindicatos, es cierto, deben modernizarse, pero su comportamiento fue ayer, en general, responsable. Su capacidad negociadora habría aumentado, incluso con menos huelguistas, si hubiera habido menos piquetes y menos desafíos previos respecto al cumplimiento de los servicios mínimos, que luego respetaron casi con exactitud.

Después de la huelga

Los tres aspectos esenciales de la reforma que dio pie a la huelga son el endurecimiento del sistema de percepción de las prestaciones de desempleo, la eliminación de los salarios de tramitación en los despidos improcedentes, abaratándolos, y la extinción paulatina del Plan de Empleo Rural (PER). En conjunto se presentan como un intento de corregir los desajustes entre oferta y demanda de trabajo, liberando fondos para políticas activas de empleo. Son medidas que implican recortes en derechos laborales, que deberían ser negociadas. Así se hizo anteriormente con buenos resultados, según reconoce el Gobierno. Entonces, ¿por qué el empeño en poner a los sindicatos ante un proyecto que sabían de antemano que no podrían aceptar sin contrapartidas claras en el terreno precisamente de los derechos laborales?

También es cierto que las centrales se cerraron a la negociación, exigiendo la retirada sin más del proyecto para sentarse a la mesa. Y que tal vez vieron en la actitud del Gobierno de Aznar el pretexto que buscaban para lanzar, ocho años después del relativo fracaso de la última huelga general contra los socialistas, una gran movilización que diera verosimilitud a sus amenazas. Pero sería injusto no ver en los desplantes del Gobierno una voluntad simétrica de llevar a la práctica el pulso antisindical que venía proponiendo el sector más derechista del PP y sus seguidores en los medios, desde que logró la mayoría absoluta.

El hecho de que Rato intentase ayer desviar ese pulso hacia Zapatero podría indicar, sin embargo, que no está tan convencido de las ventajas de llevar hasta el final ese enfrentamiento como parecía estarlo Aznar.Una vez acreditada la capacidad de movilización de los sindicatos, por un lado, y comprobado, por otro, que no siempre es posible ganar sin a la vez perder algo, se abren las condiciones para recuperar el diálogo social.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 21 de junio de 2002