Certificado de defunción

Si no resultara una valoración demasiado grandilocuente, podría asegurarse que la justicia ha triunfado, al menos por el momento, en el caso Enron-Andersen. Un jurado de Houston ha declarado culpable a la sociedad auditora Andersen por obstruir la labor de la justicia en sus informes sobre la situación de la empresa eléctrica Enron. Que el veredicto de culpabilidad se adoptase por la sustitución del término 'engañoso' referido a las cuentas de Enron por los más ambiguos de 'agresivo y único', en lugar de castigar la destrucción masiva de documentos, es irrelevante a efectos prácticos. El caso es que Andersen se ha adelantado a las consecuencias de la decisión de la justicia, ha reconocido el hecho inevitable de que las empresas estadounidenses ya no confían en sus servicios y ha comunicado a la SEC (Stock Exchange Commission, el órgano regulador del mercado de acciones en EE UU) que renuncia a auditar empresas que coticen en Bolsa a partir del próximo 31 de agosto. Es un certificado de defunción para una compañía con 90 años de historia y que no hace mucho era considerada como el modelo empresarial de auditoría en todo el mundo, la referencia obligada para todas las sociedades que se dedicaban a controlar las cuentas de otras empresas.

Un cataclismo empresarial como el de Andersen da pie a varias lecciones que en Europa deberían ser aprendidas con rapidez. La primera es que las empresas que cometieron errores graves -Enron y Andersen-, algunos de ellos de carácter delictivo, los han pagado muy caros. En el caso concreto de la auditora, el hecho de que la confianza sea la base de su negocio ha resultado ser el factor letal para su supervivencia. Las comparaciones con lo sucedido en España resultan obvias, además de odiosas. Basta recordar casos como los de Banesto, Torras, PSV o Gescartera para entender la impunidad de la que han disfrutado a veces las auditoras de empresas envueltas en escándalos financieros. Es verdad que en España no cometieron delitos como la destrucción de documentos, pero lo cierto es que miles de accionistas resultaron perjudicados por la conducta fraudulenta de los gestores y por la negligencia del auditor.

La lección más urgente es que resulta necesario unificar los nuevos y más rigurosos criterios de auditoría y control que empiezan a aplicarse en todo el mundo. Y uno de ellos tiene que ver con la separación de la actividad de auditoría de cualquier otro negocio que obstaculice la independencia, como el de consultoría o el de asesoría legal. Hoy por hoy, se ha convertido en una condición necesaria para recuperar la credibilidad de los auditores.