El juez archiva el 'caso Zamora' tras cinco años de investigación

El instructor halla sólo irregularidades administrativas al adjudicar obras

Cinco años después de iniciarse la investigación y tras cuatro años de instrucción de diligencias, con unos 60.000 folios acumulados, el caso Zamora (supuesta financiación ilegal del PP mediante el cobro de comisiones a constructores por la adjudicación de obras de la Diputación zamorana) ha sido archivado porque los hechos no son constitutivos de delito, según el auto del magistrado Antonio Francisco Casado.

Así concluye la parte dispositiva de un auto inusualmente prolijo, con 264 páginas, y que la acusación particular ejercitada por el PSOE no va a recurrir, según anunció ayer el secretario general del PSCL-PSOE, Ángel Villalba, a pesar de que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Ese anuncio no ha caído bien en algunos círculos socialistas zamoranos, que habían recibido con perplejidad el auto de archivo.

En sus fundamentos, por momentos farragosos, el magistrado intenta justificar profusamente la falta de indicios para atribuir un delito penal de prevaricación, aunque admite la existencia de meras irregularidades administrativas en las adjudicaciones de obras públicas a constructores simpatizantes o afiliados del PP. Incluso refleja que la trama de esos mismos constructores para obtener el máximo de obras a concurso, mediante un subterfugio que burlaba el sistema de baremación, fue una acción de esos empresarios, pero sin participación de políticos ni funcionarios.

Sin indicio de delito

En esa misma línea descarta los indicios de delito de cohecho y usurpación de funciones, y rechaza el estado de corrupción denunciado en su momento por el denunciante del caso y en aquel momento presidente del PP de la Diputación de Zamora, Antolín Martín, que se refirió a la existencia de 'tráfico de influencias y trasiego de maletines' en las adjudicaciones de obras a cambio del cobro de comisiones.

Esa situación la corroboró la Fiscalía Anticorrupción, al referirse a 'una manera de hacer las cosas' consolidada en la gestión del gobierno de la entonces Alianza Popular (AP) y luego el PP en la Diputación zamorana, donde gobiernan desde 1983.

Para el magistrado tales denuncias no han sido más que 'afirmaciones carentes de una mínima base probatoria que permita tenerlas por ciertas (...) al no especificar quién o quiénes pagaban comisiones o entregaban maletines, ni qué contenían los mismos, ni la persona o personas que presuntamente recibían, ni qué beneficios, ventajas o trato de favor recibía la que efectuaba la entrega de los maletines en cuestión'.

En este alegato, el instructor no concede validez ni al testimonio de Antolín Martín (imputado en la causa) ni al contratista Eduardo Corrales que reveló cuánto, cómo, por qué y a quién pagó comisiones para recibir las obras. Fue este mismo constructor quien declaró que en 1987 y para la campaña electoral de José María Aznar a la presidencia de la Junta de Castilla y León, tres empresarios zamoranos le entregaron un millón de pesetas cada uno al hoy presidente.

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