El nacionalismo constitucional de Coalición Canaria

Coalición Canaria acaba de celebrar su II Congreso Nacional en el que, además de elegir a los miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional que tengo el honor de presidir, ha perfilado el conjunto de ideas, estrategias y claves de lo que entendemos que debe ser el moderno nacionalismo canario o, lo que es lo mismo, nuestro proyecto político para los próximos diez años.

Pese a los inevitables tópicos, Canarias no sólo se conforma por unos territorios insulares y un mar común que nos rodea, sino también por una rica Historia, un acervo económico y fiscal propio y un modelo político-administrativo diferenciado del continental. Asimismo, los que habitamos estas ínsulas poseemos una personalidad cultural acentuada, unas costumbres y tradiciones diferenciadas, además de una modalidad lingüística singular.

Los que habitamos estas ínsulas poseemos una personalidad cultural acentuada

El moderno nacionalismo canario es democrático y universal

Todos esas señas identificadoras hacen que Canarias sea una Nación, Nacionalidad en terminología constitucional, debido fundamentalmente a tres factores distintos: uno de tipo geográfico, el hecho insular y archipelágico -nuestro más auténtico hecho diferencial-; un segundo factor, histórico-cultural, que se ha ido construyendo a partir del substrato popular aborigen y enriqueciendo por las aportaciones europeas (normandos, castellanos, portugueses, genoveses, etcétera) y americanas (paso obligado en la ruta de las Américas y por el retorno de colonizadores y emigrantes de EE UU, Cuba, Venezuela, Argentina, Uruguay, etcétera a lo largo de cinco siglos), lo que ha dado como resultado un mestizaje étnico-cultural único. Y, por último, un tercer factor, que es síntesis y derivación de los dos anteriores: la conciencia compartida de esa historia común, de nuestras peculiaridades culturales, económicas y geográficas. La conciencia de una identidad colectiva propia que podemos expresar como Canariedad.

Estos factores han motivado que los canarios hayamos querido asumir definitivamente nuestra condición de Pueblo y, consecuentemente, tengamos la firme voluntad de seguir ejerciendo y potenciando el autogobierno, ahondando en la búsqueda de mayores espacios de decisión. Ello ha venido reforzado por el hecho de que ese autogobierno, que en agosto cumplirá 20 años, nos ha permitido salir de la miseria y el atraso que secularmente nos azotaba, proporcionándonos una mejora considerable de las condiciones de vida, originando la aparición de las generaciones mejor formadas y más conscientes de su propia identidad de toda nuestra Historia, algo que, sin duda, nos aleja del peligro, pese a los problemas de crecimiento poblacional y deterioro medioambiental, de caer en la endogamia, la xenofobia o la intolerancia.

Este moderno nacionalismo canario es democrático y universal; tolerante e integrador; archipelágico y atlantista; progresista y conservacionista, constitucional pero reivindicativo, que quiere guardar un exquisito equilibrio entre el pragmatismo que da la asunción de responsabilidades de Gobierno y el logro de los objetivos políticos. Es constitucionalista porque se puede ser nacionalista canario dentro del Estado español y la Unión Europea, contribuyendo a su gobernabilidad, pero reivindicativo porque no renunciamos de antemano, en ejercicio de los Derechos del Pueblo canario y en defensa de sus legítimos intereses, a nuevas vías de relación entre Canarias y el Estado español y a mayores espacios de decisión propia que puedan abordarse, incluso, desde una eventual reforma de la Constitución o del Estatuto de Autonomía.

Con ese Estado Plurinacional que es el Estado español, Canarias se puede relacionar multilateral o bilateralmente. CC tiene vocación, así lo hemos venido demostrando en los últimos años, de participar en sus instituciones y en los grandes debates en torno a su modernización y reforma, contribuyendo desde la visión desapasionada que da la distancia a la resolución de los problemas de los que adolece, reivindicando la pronta adopción de decisiones acordes con un modelo políticamente descentralizado, con especial consideración a las especificidades derivadas de los hechos diferenciales de determinados territorios.

Los hechos diferenciales específicos de Canarias -insularidad, fragmentación y lejanía-, además de los comunes con otras nacionalidades -cultura y máximas cotas de autogobierno-, nos permiten mantener una posición ventajosa, pese a la resistencia de las formaciones estatales que, como ha sucedido a lo largo de los siglos, se resisten a asumir definitivamente la necesidad de atender esas especificidades canarias.

Para ello, para que se atiendan nuestras singularidades, es imprescindible conservar, incluso aumentar, el poder político, el apoyo electoral, tanto en el ámbito canario como en el estatal (a través, respectivamente, de mantener el Gobierno de Canarias y los Grupos Parlamentarios en el Congreso y el Senado) que nos permita contribuir a la gobernabilidad de las distintas instituciones estatales a cambio del respeto a la canariedad y nuestras especificidades.

En suma, es perentorio seguir utilizando todos los medios posibles para trasladar a los centros de poder estatales la necesidad de evolucionar política y constitucionalmente el actual Estado de las Autonomías, haciéndoles comprender que nuestras especificidades políticas, culturales y económico-fiscales, junto con los problemas derivados de la fragmentación insular y la lejanía, como hechos auténticamente diferenciales, no sólo justifican, sino que requieren, un amplio nivel de autogobierno, propio y diferenciado.

Entre nuestras prioridades destacan, en el plano económico-social, la consecución del pleno empleo y la consolidación del Estado del Bienestar, mientras que en el autonómico por una eventual reforma que convierta al Senado en auténtica expresión del carácter plurinacional del Estado. Pero sobre todo pondremos nuestro empeño en conseguir que las instancias centrales (en especial los dos grandes partidos) asuman definitivamente una interpretación flexible del bloque constitucional -formado por la propia Constitución y por el Estatuto de Autonomía- como marco de las relaciones de Canarias con el Estado. La lectura sosegada del mismo llevaría a aceptar cuestiones de vital importancia para Canarias: el efecto vinculante del Informe del Parlamento de Canarias en las modificaciones del REF previsto constitucional y estatutariamente; la transferencia de todas aquellas competencias en las que tenga alguna incidencia el hecho insular -puertos y aeropuertos, transporte aéreo, comercio exterior, sanidad exterior, establecimiento de relaciones con países de nuestro entorno geográfico y cultural, etcétera-; la cesión del resto de impuestos que den como resultado la existencia de una auténtica Hacienda Pública canaria o la participación directa ante los órganos comunitarios como expresión del reconocimiento y consolidación del Estatuto Permanente de Canarias como Región Ultraperiférica de la Unión Europea.

Además de todo ello, este II Congreso de CC ha supuesto la adopción de un modelo organizativo unitario, avanzando desde una mera coalición electoral en 1993 hacia una federación de organizaciones insulares, lo que redundará en la cohesión interna e ideológica de nuestra formación a la hora de poner en práctica nuestro ambicioso proyecto político.

Aun así, dos son las cuestiones que copan la preocupación de todos los canarios y que han tenido una atención especial por parte de CC. Me refiero al fenómeno del crecimiento poblacional que ha experimentado Canarias en la última década (más de 300.000 personas) y, lo que es más preocupante, el desmesurado aumento registrado en el último año como consecuencia del gran desarrollo económico y turístico (65.000 personas). Esta llegada masiva de personas venidas de fuera no sólo agudiza el deterioro del medio ambiente (en un territorio reducido que cuenta con el 40% de su espacio protegido), sino que puede ocasionar problemas económicos, sociales y culturales (falta de infraestructuras viales, sanitarias y educativas, consumos insostenibles de agua y energía, etc.). En consecuencia, además de la moratoria turística actualmente en vigor, hemos lanzado el debate en nuestro recién celebrado cónclave sobre la necesidad del control del crecimiento mediante un proceso de desarrollo sostenible que incluya medidas normativas y administrativas que afecten a la residencia, el trabajo y la propiedad de foráneos en Canarias, en sintonía con lo dispuesto en el artículo 37.1 de nuestro Estatuto de Autonomía.

La otra gran cuestión es la seguridad ciudadana. Coalición Canaria va a apostar por la adopción de políticas propias en esta materia, a través de la creación de la Policía Autonómica como complemento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, dada la escasa capacidad de la Administración central tanto para cubrir todas las plazas vacantes existentes en Canarias, como para reducir los índices de criminalidad, especialmente en un territorio como el nuestro, que depende económicamente del Turismo, sector que exige para su estabilidad las máximas cotas de seguridad.

En definitiva, el moderno nacionalismo que encarna Coalición Canaria ha alcanzado la madurez en este Congreso, apostando por la consecución de un gran respaldo social que nos permita participar activamente en la gobernabilidad de las instituciones canarias y estatales como medio para atender adecuadamente las especificidades del hecho insular y profundizar en nuestro autogobierno.

Paulino Rivero Baute es presidente de Coalición Canaria.