El gran desafío del siglo

El temor a la avalancha migratoria se abre paso en Europa. La UE, que afrontará este problema en su cumbre de los próximos días 21 y 22 en Sevilla, tiene ahora 18 millones de inmigrantes establecidos, y la ONU ha advertido a los europeos de que necesitarán otros 44 millones antes de 2050 para mantener un crecimiento estable y asegurar las pensiones. Pero en la Unión hay también al menos tres millones más de inmigrantes clandestinos y cada año la cifra aumenta en otros 500.000 cuando la mitad de los europeos, según un eurobarómetro del año pasado, sostiene que las minorías extranjeras en su entorno son 'una causa de inseguridad'. Por eso, la guerra contra los ilegales y el férreo control de las fronteras europeas, inspirados por José María Aznar y Tony Blair, entre otros, auguran un regreso a la impracticable tesis de la Europa fortaleza y distorsionan el debate sobre la imparable y necesaria llegada de extranjeros a Europa.

Al rebufo de los ataques del 11 de septiembre y del recelo al extranjero, especialmente musulmán, la UE parece hoy enfrascada en preparar una batalla contra los clandestinos. Lo que hasta el mes pasado era un problema sólo aireado por la ultraderecha es 'en estos momentos la cuestión más relevante de Europa' frente a la que 'no caben demagogias, frivolidades ni actitudes hipócritas', en boca de Aznar, presidente de turno de la UE.

Combate contra los 'sin papeles'

Han sido Aznar y Blair los que anunciaron el pasado 20 de mayo en Londres que el combate contra la inmigración ilegal será lo más importante que analicen los líderes de los Quince en Sevilla los próximos días 21 y 22. Durante su encuentro en Londres, cuenta la agencia Reuters, un asesor de Blair dijo: '¿No nos hemos puesto de acuerdo para luchar contra el terrorismo? ¿Por qué no también contra la inmigración ilegal?'. Probablemente ha sido el comentario político que con más obviedad ha relacionado el 11-S con esta aparente guerra contra el sin papeles. Desde la óptica opuesta, también lo hace el comisario europeo de Justicia e Interior, António Vitorino, cuando asegura que 'el refuerzo de la lucha contra el terrorismo no puede afectar al desarrollo de nuestras políticas de integración'.

Desde aquel 20 de mayo, han sido ya siete los Gobiernos europeos, incluido el español, los que han anunciado cambios para endurecer sus leyes de inmigración. Alemania (el 9% de sus habitantes son inmigrantes legales) incrementará los controles sobre ciudadanos de 22 países, Italia (2,2%) y Portugal (1,8%) expulsarán a todo inmigrante sin contrato, el Reino Unido (3,8%) facilitará las expulsiones, Dinamarca (4,8%) recortará el acceso a las ayudas sociales, Holanda (4,1%) reducirá sus cupos anuales y España (3%) prohibirá la regularización de ilegales.

Durante su gira por las capitales europeas previa a la cumbre de Sevilla, Aznar aseguró que cuenta con el respaldo mayoritario para poner en marcha en Sevilla un plan integral con decisiones concretas sobre el derecho de asilo y el estatuto del refugiado, un programa común contra la inmigración ilegal y un proyecto para reforzar las fronteras de la UE.

Es cierto que alguno le llamó la atención, como cuando el primer ministro sueco, Goran Persson, comentó ante él que hay que tener 'mucho cuidado' al relacionar delincuencia e inmigración, o cuando desde la Comisión Europea le precisaron que sí, que hay que luchar contra la inmigración ilegal, pero que también se debe gestionar bien la legal. Pero es también verdad que la mayoría se pronunció en público a favor del proyecto del presidente español. Y eso que en Roma, por ejemplo, llegó a tachar de 'hipócritas' a quienes creen que 'los países tienen una capacidad de acogida ilimitada', un mensaje que trajo a la memoria otros más radicales manejados desde la ultraderecha europea al hablar de la saturación de inmigrantes.

La advertencia de Persson no parece encajar con los sentimientos en la calle. No sólo uno de cada dos europeos cree que los núcleos de extranjeros son una fuente de inseguridad, sino que el porcentaje sube hasta el 80% en Grecia, roza o supera el 60% en Francia y Bélgica, y desciende al 37% en España y al 26% en Suecia.

Ante los discursos de alerta frente al extranjero, primero de la ultraderecha y más tarde del centro-derecha, el ciudadano europeo puede creer que la avalancha migratoria se ha disparado ahora. No es cierto. Fue al comienzo de la pasada década cuando se registraron llegadas masivas de trabajadores extranjeros a Europa: hasta 1,3 millones por año. Posteriormente, las entradas en la UE se redujeron a menos de la mitad, sin duda por la crisis económica que comenzó en 1992, y han crecido después en 1999 (el saldo migratorio neto ese año fue de 711.000 personas), en 2000 (680.000) y en 2001 (un millón).

Durante toda la década pasada, el saldo migratorio medio anual en la UE (diferencia entre inmigración y emigración) ha sido del 2,2% de la población, una cifra muy alejada del 3% registrado en Estados Unidos o del 6% en Canadá. Gracias al saldo migratorio positivo en 2000 (1,8% en los Quince), Alemania, Italia, Grecia y Suecia no vieron disminuir su población ese año a pesar de la reducida tasa de natalidad que registran. En Alemania y Suecia se repitió el mismo fenómeno el año pasado, un dato que hay que poner en relación con las elevadas tasas de mayores de 65 años que registran todos los países de la UE (véase cuadro adjunto).

Equilibrar las procedencias

Al comienzo de este nuevo siglo, los extranjeros en la UE sólo suponen alrededor del 5% de una población total de 378 millones de personas. Los extremos van desde Grecia, con sólo un 1,6% de inmigrantes pese a registrar aparentemente el mayor rechazo a los mismos, y Luxemburgo, con un 33% de extranjeros, si bien muchos de ellos proceden de otros países de la UE, especialmente de Portugal. El problema radica en equilibrar las necesidades laborales de los países europeos y la llegada de inmigrantes. Por eso, Rainer Muenz, demógrafo de la Universidad Humboldt de Berlín, ha advertido que 'los Gobiernos europeos necesitan definir qué clase de inmigrantes quieren', pero que 'intentar cerrar las puertas será un fracaso y los políticos comprobarán que así no se resuelve el problema'.

Mientras la solución no llega, el fantasma de la inmigración ha sido manejado con rentabilidad electoral en los últimos años por dirigentes xenófobos o ultraderechistas en buena parte de Europa, sabedores de que cuentan con un campo de cultivo adecuado. En Austria (9,3% de inmigrantes), el Partido Liberal Austriaco (FPÖ) de Jörg Haider logró en 1999 el 27% de los votos y entró en el Gobierno al año siguiente. En Bélgica (8,3% de extranjeros), el Vlaams Blok de Frank Vanhecke se situó como la tercera fuerza en Flandes en las municipales de 2000. En mayo de ese año, en Italia (2,2% de extranjeros), el triunfo de Silvio Berlusconi llevó al Gobierno al xenófobo Umberto Bossi. En noviembre de 2000, el Partido Popular de Dinamarca (4,8% de inmigrantes) de Pia Kjaersgaard se convirtió en la tercera fuerza del país y entró en el Gobierno que presidirá la UE el próximo semestre. En Francia (5,5% de extranjeros), Jean-Marie Le Pen logró en la primera vuelta de las presidenciales más apoyo que el ex primer ministro socialista Lionel Jospin. En Holanda, el partido del asesinado Pym Fortuyn fue el segundo más votado en mayo.

El peligro de la pérdida de identidad cultural o religiosa, junto al miedo a la delincuencia, aderezado con un rechazo a la construcción europea por temor a una reducción de la soberanía nacional, han constituido la columna vertebral de los discursos de esos dirigentes ultraderechistas. 'Holanda está llena', lema de Fortuyn, o 'los extranjeros son el gran problema de Dinamarca', de Kjaersgaard, han hecho mella en unas ciudades europeas que ven año tras año cómo surgen barrios enteros, en ocasiones en los centros históricos, bajo control absoluto de los inmigrantes. En las calles de Alemania (9.000 neonazis fichados), Bélgica o Inglaterra, esos discursos se han traducido en demasiadas ocasiones en ataques mortales a inmigrantes o centros de refugiados.

Mientras ese tipo de líderes ha explotado en los últimos años los ocultos temores de la ciudadanía (para el 80% de los europeos, según Eurostat, la prioridad máxima de la UE debe ser la seguridad), los gobernantes y los líderes de los principales partidos en la oposición han mantenido un preocupante silencio. De un lado, eran conscientes de que cualquier mensaje sobre tan delicada cuestión podría restarles votos o incluso acarrearles acusaciones de xenofobia o irresponsabilidad. De otro, cada Gobierno ha visto la cuestión de forma radicalmente diferente, sobre todo entre quienes tienen fronteras migratorias exteriores a la UE (Alemania, Austria o España) y quienes no las tienen (Holanda, Irlanda o Finlandia). Y entre quienes, como Alemania y Austria, tienen fronteras con países candidatos a incorporarse a la UE, y los que, como España o Italia, constituyen la puerta de entrada para ciudadanos de países en desarrollo o subdesarrollados (Magreb, África subsahariana, Afganistán, Irak, Balcanes, China...).

Y es que, pese a que los Quince han reiterado hasta la saciedad que, en una Europa sin fronteras, el problema jamás podrá ser abordado con éxito si no es a través de una política común de inmigración, lo cierto es que llevan intentándolo sin éxito desde 1999. Ese año, la cumbre europea de Tampere consagró la necesidad de contar con normas comunes y la Comisión Europea se puso manos a la obra, pero sus iniciativas para gestionar en conjunto los flujos migratorios han sido boicoteadas sistemáticamente por Alemania, Austria, Holanda y Dinamarca, que rechazan que alguien les imponga unas leyes que no encajen con sus intereses nacionales. El pasado día 5 se lo recordó por carta el presidente de la Comisión, Romano Prodi, a Aznar ante la insistencia de éste de convertir ahora la inmigración en 'la cuestión más importante de Europa'.

Proyecto e informes

Ya es hora, decía Prodi en la carta, de 'impulsar la aprobación de medidas legales prácticas cuyos proyectos están ya sobre la mesa', a la vez que precisaba que no se trata 'sólo de enfrentarse a la inmigración ilegal, sino de regular a la vez la necesaria llegada de inmigrantes'. El comisario de Justicia e Interior, António Vitorino, ha presentado en los últimos tres años al menos cinco proyectos de directivas y dos informes sobre inmigración legal e ilegal.

Respecto a la inmigración legal, la Comisión ha presentado iniciativas sobre reagrupación familiar de inmigrantes (diciembre de 1999), concesión de estatuto de residente de larga duración a quienes lleven más de cinco años en situación legal (marzo de 2001) y gestión conjunta de flujos de inmigrantes, que incluiría permisos únicos de residencia y trabajo para inmigrantes temporales (julio de 2001).

En cuanto a la inmigración irregular, los ministros de Justicia e Interior pactaron el pasado 25 de abril castigar, por ejemplo al firmar o revisar acuerdos de cooperación económica, a los países de origen que no colaboran en evitar la salida de su territorio de inmigrantes sin papeles. Vitorino también ha propuesto este año crear una policía europea de fronteras exteriores para controlar la inmigración ilegal o la aplicación de normas comunes para expulsar a todos los extranjeros en situación ilegal.

Puesto por Aznar en primera línea del debate europeo el tema de la inmigración, en la sesión de la Convención sobre el Futuro de Europa del pasado día 6 la mayoría de las decenas de oradores se refirieron a la cuestión. Y ése fue el escenario en el que quedaron patentes las diferentes Europas en este campo. El alemán Erwin Teufel exigió que cada Estado pueda actuar en función de su mercado de trabajo y su capacidad de integración. El inglés Timothy Kirkhope dijo sí a la cooperación, pero no a unificar todo, como qué es o no delito. El luxemburgués Jacques Santer renegó del cierre de fronteras y reclamó a Europa como 'tierra de acogida', mientras la sueca Lena Hjelm-Wallen rechazó dar 'un paso atrás en las políticas generosas sobre el estatuto de refugiado'. El francés Alain Lamassoure denunció que 'no se puede soportar la hipocresía de un sistema' según el cual 'Francia ve pasar los clandestinos mientras Alemania y el Reino Unido están bajo presión'.

El 25 de septiembre de 2000, policías belgas se deshicieron de noche de 48 inmigrantes kosovares y kurdos pasándoles en coches oficiales a Francia por viejos caminos de contrabandistas. El Gobierno británico ha protestado en varias ocasiones ante el francés porque el centro de acogida de Sangatte se ha convertido en un foco de atracción para decenas de miles de clandestinos que intentan pasar al Reino Unido a través del túnel del Canal de la Mancha. Creado en otoño de 1999, en Sangatte hay a diario unos 1.500 extranjeros.

Falta de voluntad política

Por esas diferencias y esas prácticas, ni una sola de las citadas medidas impulsadas por la Comisión ha sido aprobada aún. 'Constato una falta de voluntad política por parte de los Estados', comenta Vitorino, 'pero los inmigrantes siguen llamando a nuestras puertas porque ellos no esperan a que hagamos las leyes'. Su proyecto básico consiste en que cada Estado comunique a Bruselas cada año qué número de inmigrantes necesitará para el siguiente ejercicio y para qué sectores, de modo que la UE pueda prever cómo gestionar esos flujos entre los Quince y pactar una distribución sensata.

Pese a las promesas de Vitorino de que siempre se respetará la soberanía de los Estados a la hora de establecer los cupos anuales, Alemania y Austria no quieren abrir la puerta a la posibilidad de que sus socios puedan imponerles el número o el origen de sus inmigrantes. Los dos países, por ejemplo, han obligado a los demás a una moratoria de siete años para que los trabajadores de los 12 países candidatos puedan establecerse con libertad en la UE. Y Berlín ya ha advertido que no tolerará decisiones por mayoría en este terreno (hoy impera el recurso al veto en la política de inmigración) hasta que no haya reglas comunes pactadas.

Entretanto, cada cual intenta poner puertas al mar como puede, siempre demostrando una incapacidad para gestionar esos flujos, tanto legales como ilegales. La prueba más obvia es el periódico proceso de regularización de ilegales que practican los países de la Unión. Cada año, según los datos que maneja la Comisión Europea, entra en Europa medio millón de inmigrantes de forma clandestina, y la mayoría, tarde o temprano, acaban siendo legalizados.

Los siete puntos 'calientes'

Los siete puntos calientes, los pasos donde los inmigrantes se juegan a diario la vida, son el Estrecho de Gibraltar (cada año fallecen ahogados decenas de personas), el túnel del Canal de la Mancha (58 chinos murieron asfixiados en un camión en junio de 2000 y en 2001 fueron interceptadas más de 30.000 personas), Lituania (ruta usada por trabajadores del Este), Bosnia-Herzegovina (más de 50.000 orientales llegan al año como turistas para pasar a la UE), costa sur de Italia o Sicilia (zona de llegada de barcos atestados que cruzan el Mediterráneo o proceden de Albania), la costa griega (800 kurdos fueron abandonados en un barco en noviembre del año pasado) y la frontera greco-turca (unos 250.000 clandestinos de Oriente Próximo, Asia y África la utilizan cada año).

Algunos países, como España, han utilizado ayudas europeas para blindar sus pasos mediante vallas en Ceuta y Melilla o avanzados sistemas electrónicos para detectar las pateras, pero el número de personas que logran penetrar en el espacio europeo sigue en aumento, con el consiguiente beneficio para las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de inmigrantes. Endurecer las condiciones para el inmigrante legal supondrá más demanda para los traficantes de clandestinos. Sólo en febrero pasado, la policía impidió la entrada en territorio español a 93.000 personas.

Dado el escaso éxito policial a la hora de frenar la avalancha, los dirigentes europeos apuestan ahora por dos iniciativas. La primera consiste en crear esa policía europea de fronteras, para la que se prevé incluso una academia única de formación y el empleo de aviones o la futura red de satélites Galileo. Agentes de la policía asesorarán a sus homólogos de países fronterizos a la UE para taponar esos 'coladeros' de los que habla Aznar.

La segunda iniciativa, para presionar más a quienes no controlan esos 'coladeros', consiste en castigar a los países fronterizos a la hora de suscribir o concretar los acuerdos de colaboración con la UE. Hay consenso entre los Quince para apoyar la idea del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, de incluir la de inmigración dentro de la Política Exterior y de Seguridad Común. Berlín, por ejemplo, tiene suscritos acuerdos con todos sus países limítrofes para devolverles a los ilegales que han entrado en Alemania. España también ha firmado textos similares con Marruecos, entre otros. Pero si los ilegales son sorprendidos dentro del territorio nacional y su nacionalidad es de un tercer país o simplemente se desconoce, el problema resulta irresoluble.

No mucha más capacidad tienen los Gobiernos a la hora de aplicar medidas para acoger e integrar a los inmigrantes. Los guetos que florecen en todas las grandes ciudades europeas dan lugar a incontables conflictos. En uno de esos guetos, en el barrio bruselense de Molenbeek, dominado por los musulmanes, se instaló con 25 años el tunecino Abdessattar Dahmane en 1987. Vestía vaqueros, llevaba el pelo corto y disfrutaba del reggae y la cerveza. Catorce años después, lucía una larga barba y viajaba a Afganistán para entrenarse. El 9 de septiembre de 2001, haciéndose pasar por periodista, mató al líder guerrillero opositor al régimen talibán Ahmed Masud.

Un informe de la Seguridad del Estado belga elaborado a finales del año pasado alerta al Gobierno sobre la 'amenaza del proyecto político del islamismo radical' en pleno corazón de Europa. 'Un plan que se opone a toda forma de integración de esas personas en nuestro sistema político y social'. El documento destaca que son los jóvenes de la segunda y tercera generación de inmigrantes los que fomentan esas tesis, dirigidos por movimientos como los Hermanos Musulmanes o los Milli Görüs, la variante turca del primero, que han creado el llamado Gobierno de los Musulmanes de Bélgica. El 10% de las 300 mezquitas de Bélgica son consideradas en ese informe como 'radicales'.

Vanhecke, el líder del flamenco Vlaams Blok, también deja claro cuál es su punto de vista sobre cómo debe integrarse un inmigrante: 'No estamos contra los inmigrantes, sino contra la inmigración ilegal. Y creemos que los extranjeros deben adaptarse a nuestras costumbres, leyes y lengua'. La referencia de Berlusconi a la 'supremacía' de la cultura occidental también mostró qué política de integración puede aplicar el actual Gobierno italiano.

El uso del velo, la enseñanza religiosa, el acceso a la sanidad o la convivencia cultural global son asuntos no resueltos. El comisario Vitorino apuesta por 'un contrato de valores' entre las sociedades europeas y las comunidades étnicas instaladas en el continente. 'Debemos acoger a los inmigrantes y respetar la diversidad de sus culturas, sus religiones y sus tradiciones'. 'Por el contrario', dice de los inmigrantes, 'deben respetar nuestros valores fundamentales: respeto a la democracia, la libertad, los derechos del hombre, la igualdad entre hombres y mujeres o la libertad religiosa'.

Mafias y mano de obra barata

Pero si la integración fuera la adecuada, se gestionaran los flujos correctamente y no hubiera inmigración ilegal, algunos saldrían perdiendo mucho. No ya, obviamente, las mafias que trafican con personas, sino también muchos empresarios y agricultores que hoy disponen de una mano de obra muy barata que no reclama derechos. Es en este terreno donde las acusaciones de hipocresía cobran su total significado.

El verano anterior, pasaron prácticamente inadvertidas unas escandalosas cifras sobre la economía sumergida en la UE que difundieron la Comisión Europea y la OCDE , un fenómeno relacionado directamente con la inmigración ilegal. Que el 22% del PIB español esté oculto y que en Italia o Grecia el porcentaje supere el 27% sólo es comprensible por la abusiva utilización del sin papeles. La construcción y la agricultura son los sectores donde más se registra esa práctica, según denunció Bruselas.

Así lo reconoce el comisario Vitorino: 'La inmigración es un hecho. La ilegal no será eliminada por el solo hecho de abrir canales para la legal, aunque la legal contribuirá de forma positiva al desarrollo de nuestra sociedad'.

O sea, que la batalla sólo acaba de comenzar.

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