El fiscal cree que la simple ubicación de una cámara oculta en Eroski fue delito
El fiscal mantuvo ayer su petición de dos años de prisión para la gerente del Eroski de Vitoria que mandó instalar en octubre de 1999 una cámara oculta en una sala que usaban los trabajadores del hipermercado en sus horas libres. El ministerio público consideró en sus conclusiones que la vulneración del derecho a la intimidad de los empleados es independiente de que la camara llegase o no a grabar imágenes. La posibilidad de que la cámara no funcionase las 24 horas de cada día, hasta que fue descubierta por los empleados en diciembre de 1999, es irrelevante para el fiscal.
La acusación particular, que representa a los trabajadores del hipermercado, mantuvo su petición de tres años de cárcel para la inculpada, y descartó que la motivación de la dirección fuese descubrir robos en la empresa. La defensa de la gerente solicitó su absolución argumentando que 'no toda intromisión en la vida privada de las personas' constituye un delito.
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